El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un acuerdo con sindicatos y patronal en materia de pensiones y seguridad social. “Es un acuerdo muy positivo, que refuerza nuestro sistema público y lo hace más justo para millones de trabajadores y pensionistas”, ha indicado durante su balance del curso político.

El objetivo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al frente de este asunto, y los agentes del diálogo social, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, era cerrar esta negociación, que se alarga desde el pasado mes de diciembre, a lo largo de julio. Tanto las organizaciones sindicales como la patronal se afanaron a lo largo del día de ayer para cumplir esa meta.

En concreto, el acuerdo abarca cambios en jubilación anticipada, establece un reglamento para reconocer los coeficientes reductores para la edad de jubilación en aquellas actividades penosas o peligrosas y marca los parámetros de colaboración con las mutuas para las bajas traumatológicas.

“Mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y, con ellos, garantizamos el tránsito hacia una jubilación flexible y adaptada a cada una de las personas”, ha indicado Sánchez. El pacto alcanzado, según el presidente del Gobierno, permitirá también “aprovechar mejor los recursos de las mutuas” y “regular el acceso a la jubilación de profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgo”.

Los agentes sociales y el Ejecutivo llevan meses abordando las cuestiones que habían quedado pendientes en la última reforma de las pensiones, que se había comprometido para antes del 30 de junio de 2023, pero que quedó pendiente con el adelanto electoral, y con lo que los sindicatos pretendían corregir algunos aspectos lesivos de los cambios normativos que el Partido Popular impuso en 2013. “El acuerdo alcanzado hoy es de máxima relevancia para los pensionistas de hoy y del futuro y para los desafíos de nuestro mercado de trabajo, ya que acaba con la dicotomía entre trabajadores y pensionista y se adapta a las necesidades de cada persona”, ha indicado la ministra Elma Saiz.

Entre las novedades que incorpora el acuerdo, está la ampliación de 2 a 3 años el anticipo para solicitar la jubilación parcial con contrato relevo, con los requisitos de 33 años cotizados y 6 de antigüedad en la empresa. En el caso de la industria manufacturera, se mantiene la normativa actual hasta final de 2029. Además, se mejoran las condiciones del relevista, una reivindicación de los sindicatos. Con la nueva normativa, su contratación tendrá que ser indefinida, a tiempo completo y en un puesto no amortizable.

En cuanto a la jubilación demorada, quien se acoja a esta fórmula recibirá un incremento adicional de un 2% en su futura pensión cada seis meses y no una del 4% cada año, como ocurre ahora, y se permite su compatibilidad con la jubilación activa, para la que se elimina el requisito de contar con una carrera completa de cotización. Además, el pacto incorpora medidas como la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para mejorar los periodos de cotización de las personas con contrato fijo-discontinuo.

“Este acuerdo permite mantener la jubilación parcial, el contrato relevo, tanto para los trabajadores del sector manufacturero, que ya lo tenían, como para el resto, que verán un año reducido el tiempo para poder acceder”, ha celebrado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha destacado los cambios en materia de coeficientes reductores de jubilación, que “permiten avanzar para que personas que están en dificultades puedan acceder a ese coeficiente que les permita adelantar la edad de jubilación”.

“Mejora todas las formulas de compatibilidad entre pensión y empleo, tanto en edades previas a la jubilación ordinaria, como en las posteriores”, ha señalado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y negociador del sindicato, Carlos Bravo, que ha indicado que “se profundiza en el modelo de jubilación gradual y flexible” y se corrige “el ultimo elemento que quedaba pendiente de la reforma de 2013 del Partido Popular, que se basaba en el recorte de derechos”.

La patronal, por su parte, ha señalado que el acuerdo “moderniza el marco de jubilación en España” y “ratifica el valor del diálogo social como instrumento clave para lograr acuerdos estables, amplios y duraderos en el tiempo, en beneficios del conjunto de los ciudadanos”.