La ley pensada para dar a conocer aquellos operadores que no cumplen con las reglas pactadas entre agricultores y ganaderos, fabricantes y cadenas de híper y supermercados empieza a derivar en sanciones de cierto calado.

Se trata de la cifra más alta decidida por este organismo, que cuelga del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La AICA solo apunta el motivo de esa sanción, no los datos de contexto. Es decir, no se sabe a qué actuación se refiere, ni qué hizo exactamente la empresa de supermercados.

Al margen de esa falta de concreción por parte de la AICA, la empresa controlada por LetterOne, la firma de distribución fundada por el empresario ruso Mikhail Fridman, se convierte en la más sancionada desde que se publican los nombres de quienes se saltan la Ley de la Cadena, porque acumula cinco multas desde el primer trimestre de 2023. Tiene otras cuatro que, en conjunto, superan los 12.000 euros: tres, por incumplir los plazos de pago y una por no formalizar los contratos por escrito. 

De esta forma y por la falta de concreción en los detalles, la AICA no desglosa si la última decisión corresponde a una infracción grave, que conlleva entre 3.001 euros y 100.000 euros; o si se trata de una reincidencia. Dia no ha aclarado a elDiario.es los motivos de esta sanción. 

La ley sí apunta qué ha podido ocurrir en este caso, al menos los escenarios que conllevan estos tirones de oreja. En concreto, explica que se refiere a actuaciones donde el infractor “haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones” administrativas para comprobar las posibles irregularidades. 

Y detalla cinco supuestos. Por un lado, “no facilitar el examen de documentos, informes o antecedentes” como asientos de contabilidad o archivos informáticos, enumera, “así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección”. Por otro, “no atender a algún requerimiento debidamente notificado, la incomparecencia salvo por causa justificada”. También, “negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios” o “el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con esta ley”, así como “coacciones” a los trabajadores del sector público. 

Esa actuación, la de obstruir la acción de la Administración o poner algún tipo de resistencia, tampoco ha sido muy habitual a lo largo de estos dos años, según la información sobre las multas de la AICA por saltarse la Ley de la Cadena. Solo ha habido otras dos actuaciones por este motivo. Una de ellas, a otra gran cadena de distribución, Alcampo, que conllevó 39.600 euros; y a Central Lechera de Lugo, por algo más de 18.000 euros. 

La mayoría de las sanciones se han debido a dos motivos. Uno, a saltarse los plazos de pago, que conllevan 30 días en el caso de los alimentos frescos y 60 días en el resto de productos. Otro, a no formalizar los contratos por escrito.

En el siguiente cuadro se pueden comprobar las multas impuestas a lo largo de casi dos años. 

La Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria vio la luz en diciembre de 2021 con el objetivo de establecer una relación comercial más justa entre el sector primario (agricultores y ganaderos) y los siguientes eslabones, la industria y la distribución.

Se trata de una ley cargada de buenas intenciones y celebrada por los productores, pero que no ha sido suficiente para lograr la meta que buscaba. De hecho, su refuerzo fue uno de los motivos detrás de las protestas del campo de principios de año, hasta el punto de que el presidente del Gobierno se comprometió a fortalecer la legislación. 

De momento, los cambios están por concretarse pero pasan, sobre todo, por dar más peso y más poderes a la AICA. Lo que busca el Ministerio de Agricultura es convertirla en una agencia estatal. Eso, según el ministro Luis Planas, se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones” para “reforzar significativamente su capacidad inspectora”. Un compromiso que forma parte de los acuerdos que selló con parte de las organizaciones agrarias para poner punto y final –al menos, de momento– a las protestas.

A la espera de ese paso y reforzar la AICA, esta agencia ha impuesto más de 260 sanciones en casi dos años, por un importe total que supera ligeramente el millón de euros. En el último trimestre, el tercero de este ejercicio, ha habido menos pero de más calado, en parte porque esa sanción de 100.000 euros a Dia pesa más que las impuestas en trimestres anteriores.

Hay un matiz, porque estas cifras publicadas por la AICA no corresponden a todos los procesos e inspecciones que están en marcha. Esta agencia solo publica las sumas exigidas en el momento en el que la sanción haya devenido firme, ya sea por vía administrativa o judicial. 

Este proceso conlleva retrasos. Por ejemplo, este trimestre se ha publicado una multa a la cadena de bajo coste Dealz. En total, 39.600 euros por la “destrucción de valor en la cadena alimentaria”, según señala la AICA. Un motivo que conllevaría la venta por debajo de coste, porque la Ley de la Cadena recoge que “con el fin de evitar la destrucción del valor en la cadena alimentaria, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador”.

Sin embargo, Dealtz, como tal, ya no opera en España. La enseña formaba parte del grupo Steinhoff y se basaba en vender productos de alimentación, bebidas y droguería, en su mayoría, a un precio de 1,50 euros. En los últimos años, esa cadena ha pasado a formar parte de otra enseña del grupo, Pepco, enfocada al textil a precios bajos.