Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha modificado las cuentas de 2022 de su principal empresa, Maxwell Cremona, tras su intento fallido de regularización fiscal de julio de 2023, totalmente fuera de plazo y cuando la inspección de Hacienda por sus delitos fiscales se acercaba ya a su fase final.

La empresa de González Amador, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, acaba de depositar en el Registro Mercantil sus cuentas de 2023, que recogen un fuerte incremento de la facturación el pasado ejercicio, del 78,9%, en comparación con 2022.

Pese al aumento de ventas, el beneficio declarado en 2023 fue de 765.176 euros, un 60% inferior a las ganancias récord de 1.899.762,4 euros que figuraban en las cuentas del ejercicio 2022 presentadas hace un año.

Sin embargo, lo que hace doce meses eran beneficios récord se ha convertido ahora en números rojos. En las nuevas cuentas, en lugar de ganar esos 1,9 millones, Maxwell Cremona dice ahora haber perdido 101.489 euros en 2022. Se trata del ejercicio inmediatamente posterior a los dos en los que González Amador cometió los delitos fiscales que investiga una jueza de Madrid, y en los que su empresa declaró beneficios de poco más de 36.000 euros pese a que su facturación se multiplicó hasta cifras millonarias.

Las cuentas de 2023, accesibles a través de Insight View, son muy parcas en información y no explican por qué esos beneficios récord de 2022 se han convertido en pérdidas. En ellas, Maxwell Cremona indica un año más que su actividad principal es desarrollar proyectos de “eficiencia energética”, aunque González Amador, presentado como “técnico sanitario” cuando en 2021 trascendió su relación con la presidenta madrileña, se dedica a la consultoría y auditoría en prevención laboral y certificación de calidad sanitaria, con el gigante de la sanidad privada Quirón como principal y casi único cliente.

Las cuentas tampoco mencionan la investigación que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) todavía tenía abierta el pasado ejercicio sobre Maxwell Cremona y su propietario y administrador único, pese a que la normativa contable obliga a las empresas a informar en sus cuentas de las “contingencias de carácter fiscal” que tengan abiertas.

Esa inspección, como es sabido, derivó en la denuncia de la Fiscalía en marzo de este año contra la pareja de Ayuso y su empresa por defraudar 350.951 euros mediante una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, delitos que el abogado de Ayuso reconoció por escrito el pasado 2 de febrero, semanas antes de estallar el escándalo.

El descenso del resultado de Maxwell Cremona respecto a lo declarado en 2022 y la corrección del beneficio de ese ejercicio llega después de que el verano pasado, y para sorpresa de la Inspección, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid intentase retirar dos facturas falsas emitidas supuestamente por una empresa de Costa de Marfil y otra de México. Lo hizo el 24 de julio de 2023, al presentar su declaración del Impuesto de Sociedades de 2022.

Fue un intento de regularizar su situación, cuando la AEAT llevaba más de un año investigándole, tenía sus pesquisas ya muy avanzadas e iba desmontando las sucesivas explicaciones de González Amador, que las funcionarias de Hacienda llegaron a calificar de “mucha palabrería”.

Esa “supuesta regularización”, como la calificó la Agencia Tributaria, se intentó cuando el empresario ya tenía una inspección abierta, algo que la Ley Tributaria impide a los contribuyentes. Hacienda le recordó que pagó porque ya se habían iniciado “actuaciones de comprobación” y no lo hizo de forma espontánea, requisito legal para que pagos como estos sirvan para exonerar a un supuesto defraudador fiscal. 

“No es una regularización voluntaria”, como reconoció su letrado a la Fiscalía en febrero pasado, en un escrito en el que pidió al Ministerio Público que diera “traslado” a la AEAT para que se pronunciase sobre si las cuotas “defraudadas por el Impuesto sobre Sociedades 2020 y 2021” por su cliente y recogidas en esa liquidación vinculada a delito ya habían sido pagadas en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2022.

Eso explicaría que, nada más estallar el escándalo, Díaz Ayuso llegase a asegurar que a su pareja Hacienda en realidad le debía 600.000 euros. 

Las cuentas de Maxwell Cremona del año 2023 reflejan que la facturación de la empresa se disparó el pasado ejercicio hasta 1.886.391,94 euros, un 78,9% más respecto a los 1.054.335,95 euros de 2022. En este caso, la cifra de ventas sí coincide con la que figuraba en las cuentas presentadas hace un año.

Presumiblemente, una parte muy importante de esas ventas procedió de Quirón. En el ejercicio 2023, el grupo sanitario a la Agencia Tributaria, a requerimiento de la Inspección, explicó que colaboradores de Maxwell Cremona (la empresa de González Amador no tiene empleados) todavía estaban realizando parte de los trabajos que habían acordado el empresario y el grupo sanitario en un contrato de 600.000 euros firmado a finales de 2021.

Esos trabajos consistirían en la prestación de servicios de consultoría para “la expansión del Grupo Quirón SL en Latinoamérica” y para el “desarrollo e implantación de la JCI (Joint Commission International) en la Fundación Jiménez Díaz”, el hospital estrella de Quirón en Madrid. 

Quirón Prevención explicó a la Agencia Tributaria en marzo de 2023 que parte de esos trabajos para obtener la JCI (un sello de calidad para el sector) se iban a prolongar hasta la mitad del pasado ejercicio: “La previsión de finalización es en junio de 2023”, indicó el grupo sanitario.

Quirón identificó entonces entre los colaboradores de Alberto González Amador que le prestaron esos servicios a César Moreno Nieto, la persona con la que la pareja de Ayuso montó en 2022, en pleno fraude a Hacienda, un negocio de alquiler de apartamentos turísticos en el barrio madrileño de Usera.

González Amador y César Nieto también crearon a finales de 2023 una empresa en Florida (Estados Unidos) aparentemente relacionada con negocios inmobiliarios. Y ambos administraron una empresa en Panamá que estuvo activa hasta 2022 y que creó el máximo responsable de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Constituida en 2017, antes de la pandemia Maxwell Cremona facturó en su mejor ejercicio, como mucho, 360.000 euros. Los pagos de Quirón a esta empresa se multiplicaron por cuatro tras iniciarse la relación de González Amador con la presidenta madrileña. El año pasado, logró la segunda cifra de ventas más alta de su historia, solo superada por los 2,3 millones de ventas que obtuvo en 2020.

En ese ejercicio, la facturación de Maxwell Cremona se multiplicó por más de seis respecto a 2019 después de que, en lo peor de la pandemia, González Amador diera un pelotazo de 2 millones de euros ajeno a Quirón, con las comisiones que recibió por intermediar en una compraventa de mascarillas para la gallega Mape. En esta empresa, proveedora de varias Administraciones públicas, había sido nombrado meses antes consejero Fernando Camino, principal directivo de Quirón Prevención.

Poco después de ese pelotazo, a finales de 2020, la pareja de Ayuso pagó al directivo de Quirón medio millón de euros por una empresa dedicada a tratamientos de cosmética y belleza que no facturaba ni 30.000 euros y no tenía empleados. González Amador, que vendió un año después esa empresa a Maxwell Cremona por apenas 3.300 euros, utilizó esa sociedad desviar parte de los ingresos que recibía de Quirón y defraudar al Fisco canalizando parte de los nuevos encargos que le hacía el grupo sanitario, apuntándose gastos ficticios para reducir artificialmente sus beneficios.

Cuando González Amador compró esa empresa, estaba formalmente a nombre de la esposa del directivo de Quirón, una farmacéutica de León. En la capital leonesa tiene su despacho el abogado que asesoró a González Amador cuando Hacienda le abrió la inspección, Javier Gómez, administrador de la empresa propietaria del ático de lujo del que disfrutan la presidenta de la Comunidad de Madrid y su pareja.

Este inmueble es adicional al que González Amador compró en ese mismo edificio en julio de 2022, tras dar ese pelotazo con las mascarillas, y en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ese ático, del que Díaz Ayuso nunca ha dado explicaciones, lo compró en julio de 2023 por Babia Capital SL, administrada por el abogado de González Amador. Sobre la finca no pesa ninguna hipoteca. Como principal propietario de Babia Capital figura Jorge Carlos Pablos Alonso, empresario hostelero de León.

En Ponferrada (León) está también la asesora que le llevaba a González Amador las cuentas de Maxwell Cremona cuando empezó a defraudar a Hacienda, Blanca López. Una tal “Blanca” figura como la autora del documento que contiene las cuentas de Maxwell Cremona del año 2023 disponibles en el Registro Mercantil. El teléfono de contacto que aparece es un número de León.