La empresa Babia Capital, propietaria del ático en el barrio madrileño de Chamberí del que disfrutan Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, compró ese piso de lujo en julio de 2023 al contado y con dinero prestado de un tercero.

Ese inmueble en Chamberí a nombre de Babia, con 186 metros cuadrados de superficie, está en el mismo edificio que el piso de 176 metros que González Amador compró en julio de 2022, tras su fraude fiscal, y en el que vive junto con la presidenta de la Comunidad de Madrid tras realizar obras ilegales.

Ese piso de González Amador tiene una hipoteca de medio millón y se compró días después de que Ayuso se mostrase en una entrevista en El Mundo “harta” de vivir de alquiler y con “ilusión” por comprarse una vivienda, pese a que los precios en la capital, dijo, están “por las nubes”.

Sobre el ático que compró Babia Capital no pesa ninguna hipoteca, según el Registro de la Propiedad. Las cuentas de 2013 que la empresa acaba de remitir al Registro Mercantil confirman también que Babia tampoco pidió dinero a los bancos para adquirirlo.

La inmobiliaria, sin ningún empleado y con una actividad muy discreta (en 2023 declaró una facturación de algo más de 200.000 euros), compró ese ático sin vender patrimonio, ni recurrir a dinero de sus socios, ni de empresas vinculadas. Según las cuentas ahora presentadas, tampoco recurrió a financiación bancaria, que habría sido lo normal tratándose de una empresa de una dimensión tan pequeña, incapaz de afrontar una operación de ese importe con sus propios recursos.

En lugar de eso, Babia recibió dinero de un tercero: 955.000 euros que en sus cuentas figuran en la partida de “Otras deudas a largo plazo” del pasivo no corriente. Esa partida, que en 2022 ascendía a cero euros, corresponde a un préstamo que alguien, un particular o empresa, otorgó en 2023 a Babia para acometer la compra del ático. Las cuentas no dan ninguna información sobre las condiciones de esa deuda a largo plazo, como el tipo de interés, si existe o no periodo de carencia o el plazo de devolución.

Tampoco detallan las cuentas cuáles son los inmuebles que tiene Babia. Pero sí reflejan que la partida de “Deudas con entidades de crédito”, donde las empresas se apuntan la deuda con los bancos, se mantuvo en 2023 prácticamente igual. Incluso se redujo, hasta los 523.263 euros, frente a 563.029 euros un año antes.

Este importe correspondería a dinero prestado por una entidad financiera para acometer la compra del único activo que Babia tenía hasta 2023: un inmueble en Alzira (Valencia) que adquirió en octubre de 2019 en una subasta organizada por la Agencia Tributaria. El local figura inscrito en el Registro de la Propiedad como un cine, que cerró hace ya muchos años. Desde hace más de una década el local alberga un establecimiento de una conocida cadena de supermercados.

El año pasado, el activo de Babia Capital creció en 2023 en un millón, hasta 1.662.571,65 euros. Dentro del activo, la partida de “inmovilizado material” (ahí se contabilizan por ejemplo los inmuebles) alcanzó 1.579.971,93 euros, tras sumar 942.410 euros el pasado ejercicio.

Esa diferencia correspondería al importe de adquisición del ático. El pasado ejercicio, Babia Capital duplicó su cifra de negocios, que pasó de 97.107,38 euros a 200.812,07 euros. El beneficio declarado fue de apenas 44.340 euros, frente a los 13.642 euros de un año antes.

Ayuso nunca ha dado explicaciones sobre este inmueble, que tiene una amplia terraza y que la pareja destina a recibir visitas, cenas y otros encuentros. También han dedicado una parte a habilitarlo para la práctica de deporte. Se compró dos días después de que, con una significativa demora, se inscribiera en el Registro de la Propiedad la compra del piso a nombre de la pareja de Ayuso. González Amador registró la operación un año después de la adquisición del inmueble, tras las elecciones autonómicas de mayo.

Babia Capital se constituyó en León en 2019. Su administrador único es Javier Gómez Fidalgo, fiscalista muy conocido en esa ciudad que es el abogado que representó a González Amador en la inspección de la Agencia Tributaria que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra él. Como dueño de la mayoría de las acciones de Babia figura Jorge Carlos Pablos Alonso, un hostelero de la capital leonesa. 

A León está muy vinculado Fernando Camino, cliente de Javier Gómez, primer ejecutivo de Quirón Prevención, y clave en el ascenso profesional de la pareja de Ayuso, que multiplicó por cuatro los pagos recibidos de Quirón tras iniciarse su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde hace años González Amador tiene como principal y casi único cliente al gigante de la sanidad privada Quirón, del grupo alemán Fresenius.

Aunque actualmente tiene su sede en la calle Bravo Murillo de Madrid, el primer domicilio social de Babia Capital (y el que vuelve a consignar en las cuentas de 2023 que ha remitido al Registro Mercantil) está en el número 19 de la Gran Vía de San Marcos de León.

En la misma calle está una de las propiedades de la esposa de Fernando Camino, Gloria Carrasco. Esta farmacéutica, muy conocida en León, figuraba como propietaria de la empresa de cosmética sin empleados ni apenas actividad que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid compró por medio millón a finales de 2020.

González Amador compró esa sociedad poco después de dar un pelotazo de 2 millones por intermediar en la venta de material sanitario para una empresa gallega, Mape, de la que es consejero Fernando Camino, marido de esa farmacéutica.

2020 fue el primer año del fraude fiscal de más de 350.000 euros que cometió González Amador mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Entre ellas, esa firma que le compró a la esposa de Camino, calificada por la Agencia Tributaria de “una mera sociedad interpuesta sin medios humanos ni materiales”, que González Amador recibió para desviar parte de los nuevos encargos que le hacía Quirón y reducir ilegalmente su factura fiscal. El empresario ha reconocido dos delitos fiscales y otro de falsedad documental por estos hechos, que investiga una jueza de Madrid.

En Ponferrada (León) está también la asesora Blanca López, que le llevaba a González Amador las cuentas de su principal empresa, Maxwell Cremona, cuando empezó a defraudar a Hacienda. Una tal “Blanca” figura como la autora del documento que contiene las cuentas de Maxwell Cremona del año 2023 que esta firma también acaba de depositar en el Registro Mercantil. El teléfono de contacto que aparece es un número de León. 

En esas cuentas, la pareja de Ayuso ha modificado el resultado de 2022, tras su intento fallido de regularizar su fraude fiscal en julio de 2023. Y lo que antes era un beneficio récord de casi 1,9 millones en 2022 se ha convertido en esas nuevas cuentas en unas pérdidas de más de 100.000 euros.

En 2023, la facturación de Maxwell se disparó un 78,9%, hasta 1,88 millones. Y presumiblemente una parte muy importante procedió de Quirón. En marzo de 2023, el grupo sanitario explicó a la Agencia Tributaria, a requerimiento de la Inspección, que colaboradores de Maxwell Cremona (la empresa no tiene empleados) todavía estaban realizando parte de los trabajos que habían acordado el empresario y el grupo sanitario en un contrato de 600.000 euros firmado a finales de 2021.

Esos trabajos consistirían en la prestación de servicios de consultoría para “la expansión del Grupo Quirón SL en Latinoamérica” y para el “desarrollo e implantación de la JCI (Joint Commission International) en la Fundación Jiménez Díaz”, el hospital estrella de Quirón en Madrid. 

Quirón Prevención explicó a la Agencia Tributaria que parte de esos trabajos para obtener la JCI (un sello de calidad para el sector) se iban a prolongar hasta la mitad del pasado ejercicio: “La previsión de finalización es en junio de 2023”, indicó entonces el grupo sanitario.

Quirón identificó entonces entre los colaboradores de Maxwell Cremona a César Nieto, la persona con la que la pareja de Ayuso montó en 2022, en pleno fraude a Hacienda, un negocio de alquiler de apartamentos turísticos en el barrio madrileño de Usera.

González Amador y César Nieto también crearon a finales de 2023 una empresa en Florida (Estados Unidos) aparentemente relacionada con negocios inmobiliarios. Y ambos administraron una sociedad en Panamá que estuvo activa hasta 2022. La creó el máximo responsable de Quirón Prevención, Fernando Camino. Y también la administró el empresario Juan Carlos González, contratista del PP y uno de los pocos clientes ajenos al grupo sanitario de la pareja de Ayuso.