Opacidad contable, un beneficio récord que se modifica un año después para convertirse en pérdidas y un misterioso préstamo de 955.000 euros de origen desconocido para comprar un ático de lujo.

De forma casi simultánea, se han depositado en el Registro Mercantil las cuentas de 2023 de Babia Capital, dueña de ese piso de lujo en el barrio madrileño de Chamberí, y de Maxwell Cremona, la sociedad con la que González Amador factura desde hace años sus trabajos de consultoría al gigante de la sanidad privada Quirón. 

Y esas cuentas confirman algunas sospechas y abren nuevos interrogantes sobre unos hechos que indaga una jueza de Madrid y que Ayuso calificó nada más estallar el escándalo de “una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme”.

En el caso de Babia Capital, la novedad más llamativa es un préstamo de 955.000 euros que esta sociedad recibió de alguien (un particular o una empresa) el año pasado. Fue en julio de 2023 cuando Babia escrituró la compra de ese ático, en el mismo edificio que el piso que compró un año antes la pareja de Ayuso, tras su fraude fiscal. 

El ático de Babia Capital se adquirió dos días después de que, con una significativa demora, se inscribiera en el Registro de la Propiedad de Madrid la compra del piso a nombre de la pareja de Ayuso: un año después de la adquisición de ese inmueble y tras las elecciones autonómicas de mayo.

El piso de González Amador se escrituró con una hipoteca de medio millón, pero el ático de Babia no tiene ninguna carga hipotecaria, según el Registro de la Propiedad. Las cuentas que ahora ha depositado confirman que la empresa tampoco pidió dinero a los bancos para adquirirlo: se pagó al contado, aunque con dinero de un tercero. 

Endeudarse con los bancos habría sido lo normal en una empresa tan pequeña, incapaz de hacer frente a una operación de esa envergadura. En lugar de eso, Babia consigna en sus cuentas 955.000 euros en “otras deudas a largo plazo”, pero no con entidades financieras, dado que esta deuda incluso se redujo en 2023. Ese importe corresponde al precio de adquisición del ático, si se atiende al aumento de la partida del “inmovilizado” de Babia, de cerca de un millón en 2023. 

Con estos nuevos datos en la mano, un experto fiscalista, que pide el anonimato, opina que “se debería poner en marcha una inspección” por parte de Hacienda, si no se ha hecho ya, ante la sospecha de que Babia Capital sea una mera sociedad instrumental. Además, Ayuso es una persona políticamente expuesta (PEP), con importantes responsabilidades públicas y más susceptible de participar en actos de soborno o corrupción.

La pregunta obvia es, una vez más, quién pagó ese ático, y a cambio de qué. El pasado viernes, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, se preguntaba en la red social X si “es este un caso de testaferro, comisionistas y pago en especie” por los contratos sanitarios adjudicados a Quirón por la Comunidad de Madrid.

Las cuentas de Babia no dan ninguna información sobre las condiciones de ese préstamo de 855.000 euros, como el tipo de interés, si existe o no periodo de carencia o el plazo de devolución. Tampoco sobre qué inmuebles tiene.

Sin empleados, las cifras de actividad de esta inmobiliaria son muy discretas. El año pasado su facturación se duplicó hasta algo más de 200.000 euros. Cuando este medio preguntó en marzo al equipo de la presidenta por el ático de lujo, su única respuesta fue que no paga alquiler por esa ni ninguna otra vivienda en la actualidad. Ayuso nunca ha dado explicaciones sobre el inmueble.

Muchos caminos en esta historia conducen hasta León. Babia Capital, bautizada como la comarca leonesa, tiene como administrador único al abogado leonés que asesoró a González Amador durante toda la Inspección de Hacienda, Javier Gómez. Como titular de la mayoría de sus acciones figura un hostelero de León, Jorge Carlos Pablos Alonso.

Y a esa ciudad está muy vinculado el directivo de Quirón Fernando Camino, clave en el ascenso profesional de González Amador, y la persona que propició el pelotazo de 2 millones que la pareja de Ayuso dio por intermediar en la venta de material sanitario para una empresa gallega, Mape, de la que Camino es consejero.

Babia Capital tiene desde hace dos años su sede en Madrid, pero su primer domicilio social (y el que vuelve a consignar en las cuentas de 2023 que ha remitido al Registro Mercantil) está en el número 19 de la Gran Vía de San Marcos de León. En la misma calle, a unos 500 metros, está una de las propiedades de la esposa de Fernando Camino, Gloria Carrasco, perteneciente a una conocida familia de farmacéuticos de León.

En Ponferrada está también la asesora Blanca López, que le llevaba a González Amador las cuentas de su empresa Maxwell Cremona cuando empezó a defraudar a Hacienda. Una tal “Blanca” figura como autora del documento que contiene las cuentas de Maxwell Cremona del año 2023. El teléfono de contacto que aparece es un número de León. 

En esas cuentas de 2023, Maxwell Cremona ha corregido los resultados de 2022: de un beneficio de casi 1,9 millones, ha pasado a declarar pérdidas de 100.000 euros. El documento, muy parco en información, no detalla las contingencias fiscales que tiene abiertas la sociedad, denunciada por la Fiscalía este año por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.

Tampoco explican las cuentas el motivo de esa modificación retroactiva del resultado de 2022. Ese cambio llega después de que el 24 de julio de 2023, tres días después de que Babia escriturase la compra de ese piso, Alberto González Amador intentase una regularización fiscal totalmente fuera de plazo en el Impuesto de Sociedades de 2022.

Pretendía anular las facturas falsas emitidas por dos empresas pantalla de México y Costa de Marfil. Pero para entonces Hacienda ya tenía su inspección muy avanzada y era legalmente imposible esa regularización: no era espontánea y había una investigación en curso. Esa maniobra, que explicaría por qué Ayuso llegó a decir que a su pareja Hacienda le debe 600.000 euros cuando estalló el escándalo, fue inútil.

Como reprochó a González Amador la Agencia Tributaria en su informe, “una vez iniciado el procedimiento inspector y al comprobar que la Inspección no admitía las explicaciones y justificaciones dadas por el contribuyente, ha tratado de exculparse comunicando a la Inspección que procedía a la anulación de la mayor parte de las facturas que se reputan falsas o falseadas -no todas- y a su contabilización y declaración como mayores ingresos en el ejercicio 2022”.

“Es evidente que esta forma de proceder ni resulta tributariamente correcta ni, desde luego, supone una regularización de la situación tributaria de Maxwell Cremona”, según determinó Hacienda. “No es una regularización voluntaria”, confirmaría meses después su abogado al reconocer el fraude por escrito.

González Amador multiplicó por cuatro el dinero que recibía de Quirón tras iniciar su relación con Ayuso. En 2023 las ventas de su empresa Maxwell Cremona se dispararon un 79%, hasta 1,89 millones. Un parte muy importante de ese dinero, si no todo, vino de Quirón, su principal y casi único cliente.

En marzo de 2023, el grupo sanitario explicó a la Agencia Tributaria, a requerimiento de la Inspección, que colaboradores de Maxwell Cremona (la empresa no tiene empleados, según sus cuentas) todavía estaban realizando en ese ejercicio parte de los trabajos que había acordado con el empresario en un contrato de 600.000 euros firmado a finales de 2021.

En concreto, servicios de consultoría para “la expansión del Grupo Quirón SL en Latinoamérica” y para la implantación de un sello de calidad del sector, la JCI (Joint Commission International), en la Fundación Jiménez Díaz, el hospital estrella de Quirón en Madrid muy cerca del ático y el piso. 

Para reducir artificialmente su factura al fisco, González Amador desvió en 2021 parte de esos trabajos a través de una firma de cosmética sin apenas actividad, Círculo Belleza SL, que estaba a nombre de la esposa de Fernando Camino. Por ella la pareja de Ayuso pagó medio millón en diciembre de 2020, tras dar ese pelotazo con las mascarillas. La rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL. Y se la vendió a sí mismo un año después por apenas 3.300 euros.

Como destacó la Agencia Tributaria en su informe, en 2021 “a través de la sociedad interpuesta Círculo Belleza/Masterman SL comienza a prestar servicios a Quirón Prevención SL consistentes en el proyecto para la Expansión del Grupo Quirón SL en Latinoamérica”. Quirón nunca ha explicado en qué consistieron esos trabajos de González Amador a miles de kilómetros de Madrid. 

En la Argentina de Javier Milei, recientemente condecorado por Ayuso en su última y polémica visita a Madrid, Fernando Camino es consejero desde hace años de una mutua local de la que Quirón tiene un 7,15%, Asociart. En ella fue nombrado consejero “suplente” en 2019 junto al empresario español Manuel Piñera Gil-Delgado, yerno del fundador del whisky DYC y perteneciente al círculo íntimo de amigos de Juan Carlos I. 

En el paraíso fiscal de Panamá, Camino creó antes de recalar en Quirón (en 2013) una sociedad, Insumos Médicos del Pacífico, que González Amador administró durante todo su fraude fiscal y hasta 2022. El encargado de clausurarla fue un colaborador de su consultora, César Nieto. Con él la pareja de Ayuso montó una empresa de alojamientos turísticos en Usera en 2022 y una sociedad aparentemente dedicada a negocios inmobiliarios en Florida (Estados Unidos) en octubre de ese año.

Unos meses después, el 4 de septiembre de 2023, las funcionarias de la Agencia Tributaria dictaron una Propuesta de Liquidación Vinculada a Delito contra González Amador y varias de las personas que utilizó como testaferros mediante facturas falsas y empresas pantalla para defraudar más de 350.000 euros en los ejercicios 2020 y 2021. Así lo confesó por escrito él mismo a través de su abogado antes de que el caso saliera a la luz. Pero, según Ayuso, su pareja “no está en ninguna trama”.