En 2020, acababan de irse a vivir juntos y tenían los preparativos de su boda más que avanzados. El sábado 15 de febrero habían ido con sus padres a probar los menús y ella ya había elegido su vestido de novia. El martes, él salió de casa algo más apurado que de costumbre. Se había levantado tarde y tuvo problemas para arrancar el coche, aunque finalmente consiguió llegar a la finca de naranjos donde trabajaba. Sobre las 10.50 horas, Inma recibió una llamada. “En un segundo se fue todo a la mierda”.

Con 28 años, Adrián murió electrocutado mientras recogía naranjas en una finca con cables de alta tensión y sin ninguna medida de seguridad. Las líneas estaban más cerca del suelo de lo permitido, no tenía elementos de protección y la escalera de metal que utilizaban sirvió como conductor. Desde 2020, han fallecido trabajando o de camino al trabajo más de 3.320 personas.

Aquel mismo mes, apenas 30 días después de que asumiera la cartera de Trabajo, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, lamentaba en su cuenta de X la muerte de tres trabajadores en dos accidentes laborales. “La realidad no da tregua y por eso hablamos de emergencia social”, afirmaba, para mostrar su “firme voluntad de revertir este drama”. Aquel año fallecieron por trabajar dos personas al día, un número que se ha mantenido estable desde entonces, tanto en cifras brutas como en términos de incidencia. Como puede verse en la siguiente tabla, la emergencia continúa y la realidad sigue sin dar tregua.

En el primer semestre de 2024 han vuelto a morir casi dos trabajadores por cada 100.000 afiliados, según los cálculos de elDiario.es a partir del número de cotizantes y los fallecidos tanto in itinere —de camino o a la vuelta del centro de trabajo— como durante la jornada. En cualquier caso, la incidencia es menor porque abarca seis meses en lugar del año completo: si se mantuvieran estos registros en la segunda mitad del ejercicio, la tasa sería de 3,55, levemente inferior a la de 2023. Y la cuenta ha seguido creciendo en julio y agosto, unas cifras que se verán reflejadas en los próximos avances.

El miércoles, un trabajador moría tras precipitarse desde 20 metros en Pontevedra. El martes, un hombre falleció en Santiago al ceder el tejado de la nave en la que operaba y desplomarse de una altura de 10 metros. Una semana antes, un operario murió tras caerle encima un árbol mientras trabajaba en un monte de Lugo.

Este martes, otro trabajador falleció mientras trabajaba recogiendo sandías en Ciudad Real. La semana anterior, un hombre murió tras caérsele encima un cuadro eléctrico en las obras de un chalé en Berango. El 27 de julio, otro trabajador perdió la vida tras ser golpeado en la cabeza por un trozo de mineral en una empresa minera en Toledo. La lista es interminable.

Con estos datos, que se repiten semestre a semestre y año a año, la sociedad ha normalizado las muertes en el trabajo. “Lo que se percibe en la calle es que es algo personal. En muchas ocasiones incluso se le atribuye la culpa al trabajador, por negligencia, por imprudencia... como mucho es mala suerte”, indica el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, Miguel Cruz, que indica que “solo atendiendo al volumen de casos, no puede ser un problema individual, sino un problema estructural del mercado de trabajo”.

Los sucesivos ministerios de Trabajo han ido afinando los registros. Por ejemplo, en 2016 pasaron a incluirse las muertes que se hubieran producido a consecuencia de un accidente de trabajo en el plazo de un año desde la fecha del accidente y en 2019 se incluyó en la cuenta a los autónomos, el último gran cambio que ha servido como referencia para esta información.

“Lo primero que hay que ver son las características de los accidentes”, recomienda el secretario confederal de salud laboral de Comisiones Obreras, Mariano Sanz. Como puede verse en la siguiente gráfica, la mayoría responden a infartos, derrames y “otras causas naturales”, según la terminología que utiliza Trabajo. “Cuando intentamos abordarlo en la negociación con los empresarios, nos dicen que al ser naturales no tienen que ver con las condiciones de trabajo, pero detrás de eso están los riesgos psicosociales, muy relacionados con la organización del trabajo y que las empresas no evalúan”, desarrolla.

Más allá de esas causas, solo en los seis primeros meses de este año 49 personas han muerto tras quedar atrapadas, aplastadas o amputadas; otras 44 tras precipitarse; 41 en un accidente de tráfico mientras trabajaban; 17 tras recibir un impacto; y dos ahogadas. “Muchos de esos riesgos que han ocasionado el accidente mortal no estaban recogidos en las evaluaciones de riesgos preceptivas. No existían”, señala Sanz.

Araceli Alcalá trabajaba en la empresa de limpieza de Córdoba. El 13 de septiembre de 2022, un camión de 25 toneladas de la misma compañía le pasó por encima. Cuatro días después, falleció en el hospital. Tenía 60 años. “Era una mujer vitalista, feminista, comprometida con los derechos sociales y laborales”, recuerda su marido, Alfonso, que se emociona al recordar que detrás de las estadísticas hay una historia personal y familiar: “Cada número nos habla de un proyecto de vida truncado antes de tiempo. Detrás de cada número están Alba y Nora, que ahora me envían a mí las fotos de los zapatos que se van a poner para que les aconseje, cuando la experta en eso era ella, pero ya no la tienen, ni pueden celebrar el día de la madre... Detrás de cada número pienso en Araceli y en la desprotección en la que queda una persona que una mañana sale a ganarse la vida y no vuelve nunca más”.

“La seguridad material ha fracasado”

María José Díaz es portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo. “Soy inspectora desde antes de que existiera la prevención”, aclara. La experta pide distinguir la seguridad formal de la material. Y esa línea es la brecha en la que ahondan todas las voces consultadas para este reportaje. “La formal es que las empresas conciertan la prevención, evalúan riesgos, hacen planes... pero en la práctica no existe la conciencia de ponerlos en práctica y adoptar las medidas de seguridad material que evitan los accidentes”, explica. “La seguridad material ha fracasado”, lamenta.

“Quien tiene la responsabilidad de garantizar la prevención son las empresas, que en la mayoría de los casos la externalizan y lo dan por cubierto”, coincide el coordinador de la secretaría de salud laboral de UGT, José de las Morenas. “Cuando una empresa externa hace un plan, normalmente es un copia y pega de otro que nada tiene que ver con tu centro de trabajo. Evita que si viene una inspección te multen, pero queda en papel mojado, porque el objetivo profundo de que esa prevención vaya integrándose en el proceso productivo no se cumple”, añade Cruz. “La lucha contra la siniestralidad sigue sin ser una prioridad para nuestras administraciones públicas”, lamenta.

La ley española de prevención de riesgos laborales data de 1995 y supuso una adaptación a las normativas europeas. En aquellos años, comenzó a haber un mayor interés en reducir la siniestralidad y que el país lograse los estándares de calidad de los países del entorno. “Hay una bajada progresiva de 1998 al año 2012. Cuando llegó la crisis, la reforma laboral (de Mariano Rajoy) supuso una flexibilización de las normativas y la retirada de muchos requisitos a los servicios de prevención, como que no tuvieran que tener instalaciones en las comunidades donde tenían clientes. Desde el punto de vista estratégico, también hubo un menor interés en controlar las condiciones de trabajo a través de la Inspección”, desarrolla el portavoz de CCOO. Su relato coincide con la curva que dibuja el siguiente gráfico: a partir de 2012, los accidentes mortales vuelven a aumentar.

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En España hay en torno a 1.000 inspectores de trabajo y otros tantos subinspectores. Ambas categorías tienen competencias inspectoras, pero solo el primer grupo puede investigar accidentes de trabajo. “Y no es que tengamos solo las competencias en prevención. ¿Cómo quieres que controlemos las condiciones de seguridad de 21 millones de trabajadores, que estén dadas de alta en la Seguridad Social todas las horas que trabajan, que estén legalizados si son extranjeros, que se respeten las vacaciones, que no haya discriminación, ni acoso...? A veces llegas a plantearte si quieren que se cumplan las normas porque, con los que somos, llegamos a lo que llegamos”, reconoce María José Díaz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señalaba en una entrevista con elDiario.es que antes de las elecciones de julio de 2023, se había “reforzado la Inspección en más efectivos que en el acumulado de la democracia, más de 600 personas” con un “incremento del presupuesto por encima del 40%”. Pero a veces es un quiero y no puedo. “En los últimos cinco años se han incrementado muchísimo las plazas”, reconoce la inspectora, “pero sobre el papel, porque muy pocos aprueban la oposición y no se cubren las plazas”.

Las soluciones para abordar esta lacra laboral se articulan a través de varios ejes. El principal al que señalan los expertos es la internalización de la prevención en las empresas. “Del mismo modo que hay trabajadores vigilando que no falten ladrillos, debería haber otros con formación vigilando los riesgos. Si falta el ladrillo, la obra no avanza, pero si falta la prevención, te falta el trabajador”, indica la inspectora. Pero hay otras figuras, como la del delegado territorial, “clave para asistir e informar de los riesgos que se pueden dar, sobre todo en las pymes y las micropymes”, añade De las Morenas. Sanz plantea un enfoque más transversal: “Ni en las carreras de ingeniería, ni de arquitectura, ni para quienes serán los próximos empresarios se da formación en prevención”.

Una negociación en marcha

A principios de este año, el Ministerio de Trabajo convocó a sindicatos y patronal a una mesa de diálogo social para abordar la actualización de la Ley de prevención de riesgos laborales. El objetivo es integrar en la norma cuestiones que el Ejecutivo, no obstante, ha ido intentando incorporar transversalmente en otras políticas. Con la ley rider se reguló el trabajo en plataformas de reparto de comida a domicilio; el año pasado, el Ejecutivo aprobó un real decreto para reforzar la protección laboral frente a las temperaturas extremas; y Díaz ha introducido en la negociación para la reducción de la jornada laboral el derecho a la desconexión digital.

“Tenemos que incorporar nuevos marcos, como los riesgos psicosociales”, derivados de las nuevas formas de organización del trabajo con las nuevas tecnologías, “y el factor de género”, defiende José de las Morenas. Por ejemplo, las mujeres suelen salir más favorecidas en las estadísticas sobre siniestralidad, pero las cuentas aquí tienen un enfoque perverso. “Cuando un trabajador, generalmente un hombre, se cae de un andamio está muy claro que es un accidente laboral, pero hay otras lesiones que no son súbitas, que tienen que ver con los riesgos psicosociales o las lesiones musculoesqueléticas, que sufren muchas mujeres y que no se reconocen”, indica la portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.

Desde los sindicatos insisten también en reforzar la prevención de riesgos laborales vinculada a los nuevos escenarios que plantea la crisis climática, con fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y nuevos escenarios, como la aparición de determinadas enfermedades transmitidas por insectos o la exposición a los rayos ultravioleta o determinados gases. Según los datos de UGT, en 2023 se declararon 199 accidentes con baja laboral durante la jornada debidos al calor o la insolación, un 27% más que el año anterior.

Fallecidos por sectores

Por sectores de actividad, el mayor número de fallecidos trabajando o de camino al trabajo o a casa se registra en el de servicios, con 154 muertes en el primer semestre del año. Sin embargo, como muestra el siguiente gráfico, donde se registra una mayor incidencia es en la construcción, con 5 fallecidos por cada 100.000 trabajadores en los primeros seis meses del año. De nuevo, la incidencia que se muestra en 2024 no puede compararse con la de los años previos, que abarcan los 12 meses completos.

El día después de la muerte

Tras la muerte de un ser querido en el trabajo las familias se enfrentan a menudo a un proceso judicial que suele alargarse, de media, unos cinco años. En el caso de Inma, sus seres queridos tardaron en recibir la indemnización dos años y medio. “Imagínate cada vez que nos pedían un papel, nos citaban o tenías que ir a juicio... Cuanto antes te quites esas cosas, mucho mejor”, recuerda la mujer.

“Justo cuando tu cuerpo y tu mente están centrados en superar un duelo que no esperas, tienes que lidiar con una serie de cuestiones muy áridas, judiciales, de seguros, papeleo... y en función de cómo las resuelvas tu situación económica puede ser digna o de auténtica miseria”, añade Miguel Cruz, que califica la “lentitud exasperante” como “una injusticia sobre la injusticia”. “Muchas veces se llegan a acuerdos extrajudiciales, en los que la empresa paga menos dinero de lo que tendría que pagar si la justicia funcionara, porque los familiares tienen que vivir económicamente, pero también psicológicamente. Mientras todo esto sigue su curso, seguimos en el duelo”, lamenta.

En 2022, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los ministerios de Trabajo, Justicia e Interior firmaron un convenio que establecía “mecanismos de cooperación” y “canales de comunicación” entre las partes para garantizar una investigación más rápida de los accidentes laborales. El entonces fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, apuntaba ya a una “falta de conciencia social” y consideraba una “barbaridad” los plazos que las familias deben esperar para conseguir una reparación.

El fiscal apuntaba también a otro factor, con el que coinciden los expertos consultados: “Lo fundamental para que estos accidentes no sean inevitables es que haya formación y seguridad. Pero cuando el trabajo es precario, cuando no existe estabilidad, la formación no se da o no se da adecuadamente. Que exista trabajo digno y con derechos es fundamental”, indicaba en esta entrevista en elDiario.es. “Las razones son obvias, solo hay que ver cómo funciona una relación laboral cuando los papeles no están en regla o cuando hay un peligro inminente de que no te renueven un contrato”, indica Cruz.

Pero la sensación de abandono no se traslada solo a los juzgados. La familia de Araceli lleva 23 meses sin una resolución, ni respuestas, ni explicaciones. Y tuvieron que esperar más de un año para la primera visita con el psicólogo. “El denominador común es el desamparo”, lamenta Alfonso, que ha solicitado al ayuntamiento de Córdoba que bautice una pequeña plaza con el nombre de su esposa, para que no se olviden las consecuencias de la siniestralidad laboral.

Hasta que llegue ese día, tras los números fríos y estáticos, se encuentra el infinito que él conoció tras la muerte, en el trabajo, de su compañera de vida: “Infinitas fueron las lágrimas que Alba y Nora derramaron por su madre, el dolor que sentí a mi alrededor y el vacío que Araceli dejó tras de sí, las ilusiones destrozadas y las palabras no dichas, pero también son infinitos los recuerdos felices que nos dejó. Ella tenía un compromiso con la sociedad, que esperemos que no se olvide nunca. Quedamos rotos, pero pensando en quienes se han marchado sacamos fuerzas para seguir denunciando que la siniestralidad laboral existe”.