El Gobierno va a prohibir contratar la luz y el gas por teléfono, salvo que lo pida expresamente el consumidor, con el objetivo de frenar los abusos de las comercializadoras energéticas por vía telefónica, tal y como avanza Cinco Días.

La medida figura en la propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación, un borrador de Real Decreto a consulta pública hasta el próximo 13 de septiembre que tiene entre sus objetivos “ahondar en la protección al consumidor”, explica su promotor, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.

El borrador del texto recoge en su artículo 13 que “el comercializador no podrá realizar publicidad ni prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”. 

La propuesta recoge las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su último informe sobre los mercados minoristas de gas y electricidad, aprobado el pasado 25 de abril, este organismo ya advertía de que “en la CNMC se vienen registrando numerosas reclamaciones de consumidores que reciben llamadas telefónicas engañosas de diferentes comercializadores, sin que el consumidor haya dado su consentimiento a recibir estas llamadas, y que pueden ocasionar contrataciones del suministro con deficiencias o sin un consentimiento informado del consumidor”. 

Competencia recomendaba en ese informe que, “con el fin de evitar estas malas prácticas para la captación de clientes, y al igual que se hiciera con la contratación domiciliaria [la llamada puerta fría], se propone prohibir la contratación telefónica, excepto cuando la llamada es iniciada o solicitada por el propio consumidor”. 

El borrador de Transición Ecológica también recoge otra recomendación del organismo: en este tipo de llamadas, “el comercializador deberá grabar la totalidad” de la conversación, “independientemente de quién la origine, incluyendo toda la información facilitada al consumidor y, en su caso, la información precontractual con las características básicas de la oferta”.

La Ley General de Telecomunicaciones de junio de 2022 ya establecía el derecho del usuario final de “no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario” o “salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas”. 

Sin embargo, esta ley no prohibió la contratación telefónica de ningún tipo de servicio, por lo que las comercializadoras de gas y luz han aprovechado las lagunas de la norma y han seguido con la práctica de llamar para hacerse publicidad y contratar el suministro, y estas prácticas se han seguido produciendo. 

Un año después de la entrada en vigor de la norma, las encuestas de las organizaciones de consumidores muestran que más del 90% de la población sigue recibiendo llamadas no deseadas y las reclamaciones a Protección de Datos han batido récords.

Un ejemplo reciente de estas malas prácticas lo daba en su blog hace unas semanas Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), Vicerrector de Investigación e Internacionalización en la Universidad Pontificia Comillas, co-fundador y director del think tank Economics for Energy y uno de los mayores expertos en energía de España.

Linares, que fue miembro de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, exponía “las trampas de algunas energéticas” con la contratación telefónica.

“En este caso, la que me ha hecho trampas ha sido Iberdrola, que ha sido la que ha llamado a mi padre, un señor de 87 años con muy mal oído y una cabeza algo menos lúcida que la que siempre tuvo, y le ha convencido para dar de baja un estupendo contrato de electricidad que le había gestionado yo, y que ya no está disponible, a cambio de un ”20% de ahorro“ sobre esta tarifa de referencia carísima que todas fijan para luego venderte un descuento espectacular”. “Una vergüenza y una total falta de ética”.