El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este viernes en el Senado el cese de dos altos cargos de su departamento imputados en el denominado 'caso Koldo' y ha avanzado que la auditoría que anunció en febrero ha detectado irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a empresas de la trama del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.

“He trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda al cese del director general de Personas de esa entidad. Dada la situación procesal, no hago valoraciones de esa decisión, los hechos que se extraen en la auditoría conllevan una pérdida de confianza”, ha justificado Puente, que no ha nombrado a esos dos altos cargos por sus nombres.

Se trata del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y del director general de Gestión de Personas del gestor ferroviario, Michaux Miranda, ya imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

Puente ha hecho este anuncio en la segunda comparecencia del día en la Cámara Alta. La primera, para hablar de los problemas en el sistema ferroviario que vive toda España este verano. Y, la siguiente, para explicar los resultados de la auditoría que encargó su Ministerio sobre los posibles casos de corrupción. Es decir, sobre la trama de Koldo García y la compra de mascarillas durante la pandemia. Una auditoría que se salda con el cese de estos dos altos y el reconocimiento de que hubo irregularidades.

Puente anunció en febrero una “amplísima” auditoría “específica” sobre la compra de mascarillas FFP2 encargadas en lo peor de la pandemia por dos entidades de su departamento, Puertos del Estado, a la trama de Koldo García. Una auditoría que, según ha señalado Puente, concluyó el pasado martes, 20 de agosto.

“Pretendía analizar el procedimiento de adquisición y distribución de mascarillas”, para ver si se hizo conforme a derecho, ha explicado. Y ha admitido que la auditoría señala irregularidades. “Parece evidente que los requisitos exigibles no se cumplieron. Incluso si se hubieran cumplido no se podrían haber evitado los efectos ya conocidos”, ha admitido. “Hubo falta de justificación de las unidades a adquirir. No se aprecia rigor en la documentación. Incluso si se hubieran cumplido lo mínimos exigibles, específicamente respecto a la tramitación de emergencia, hubiera habido lagunas en relación con el riesgo de fraude que explica la existencia de conflicto de intereses”, ha concluido.

Sobre la primera compra de mascarillas. “El encargo por parte del Ministerio sufrió una variación al alza en apenas 38 minutos”, ha incidido Puente, porque pasó de cuatro a ocho millones de mascarillas. “No se ajusta a los criterios exigibles. No parece justificable que en 38 minutos se duplique la estimación”, ha señalado el ministro, citando la auditoría. “Los ocho millones de mascarillas vienen a coincidir con la oferta” de la empresa de “Soluciones de Gestión”. 

El segundo aspecto de esa primera compra es el precio. Se comprueba, ha explicado que el precio fue de 2,5 euros por unidad, en un momento donde el precio era difícil de ajustar ese coste. “Pasado el tiempo” y con la información del Tribunal de Cuentas sobre los contratos de la COVID “este precio se sitúa por debajo del precio medio pagado”, 3,65 euros en abril de 2020, ha desglosado el responsable de Transportes.

Y el tercer aspecto de la auditoría de ese contrato es la fecha, el 20 de marzo, “resulta comprensible” que dada la excepcionalidad de la situación hubiera pocos actores, pero debía justificarse la búsqueda de ofertas alternativas y la justificación de la compra al adjudicatario, lo mismo que señala respecto a la empresa encargada de la logística. “No sé entregaron las mercancías en las 48 horas siguientes, sino en cinco fechas distintas”. La última, en mayo.

Puente ha citado, sobre este contrato, que “no hay constancia de entrega de las mascarillas al Ministerio”, ni a empresas de transporte, y no consta acta de entrega a la dirección de Transporte Terrestre, a las empresas ferroviarias o a las comunidades autónomas. 

Y sobre la segunda compra de mascarillas, ha indicado que se realizó cuando aún no habían aterrizado las primeras y que no se realizó una nueva detección de necesidades para acotar cuántas comprar. En ella, sí hubo más empresas ofertantes, algunas con propuestas de precios más bajas, ha asegurado. Por ello, la auditoría no considera justificada la adjudicación a Soluciones de Gestión.

De cara al futuro, el informe de auditoría ve esencial identificar a las personas que participen en los procedimientos de compra. Puente ha señado que, entre las medidas preventivas que propone el informe, es que no intervengan personas que no tengan relación con la administración en este tipo de procedimientos de compra “Se está aludiendo de forma directa o indirecta al señor Aldama”, ha señalado en referencia al empresario y presidente del Zamora CF que ejerció como mediador. 

Tras la comparecencia, fuentes del PP señalan que Óscar Puente ha asumido la corrupción dentro del Ministerio y ha cesado a dos cargos que defendió públicamente. “En realidad, cesa a estos dos altos cargos un mes después de ser imputados por el juez y apenas unas semanas antes de su citación judicial”, apuntan. “El anuncio se ha producido mientras la UCO registra la vivienda y el despacho de Carlos Barrabés, el socio de Begoña Gómez que reconoció ante el juez reuniones privadas en Moncloa con Sánchez antes de llevarse 10 millones de contratos públicos. El intento de Puente de tapar con esta decisión toda la corrupción que acorrala al Gobierno y al entorno más próximo al presidente no cuela”, afirma el PP. Cabe recordar que Puente ha comparecido en el Senado, tanto para hablar de la auditoría como de la situación del sistema ferroviario, a instancias del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta.