El retraso de la edad de jubilación está vinculado a un aumento del riesgo de una mortalidad temprana. En esta idea insiste una actualización de un estudio de Fedea, que ya se hizo público en 2022, que incide en que demorar un año la salida del mercado laboral eleva “significativamente” el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, especialmente en los sectores y ocupaciones físicamente más exigentes y sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental.

La investigación de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) afirma que este riesgo de mortalidad temprana es “mucho menor” entre aquellos trabajadores que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.

El informe se sirve de un experimento generado por la reforma española de 1967, en la que se modificó la edad de jubilación anticipada en función de la fecha en la que los individuos comenzaron a cotizar al sistema de Seguridad Social, endureciendo así el acceso a esta figura para un subconjunto de cohortes de trabajadores. En concreto, dicha reforma establecía que aquellos que comenzaron a cotizar antes del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 años, mientras que el resto, con algunas excepciones, tenían que esperar hasta los 65 años.

Los autores del estudio investigan los efectos de la citada reforma sobre la edad de salida del mercado de trabajo y los de esta última sobre la mortalidad en edades cercanas a la de jubilación. Así, el estudio presta especial atención a cómo varían los efectos sobre la mortalidad dependiendo de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la jornada.

“Los resultados muestran que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta significativamente el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años. El riesgo se concentra especialmente en los sectores y, especialmente, las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un mayor nivel de estrés emocional y mental, y es mucho menor para los individuos que tienen acceso a mecanismos de jubilación parcial que les permiten reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad”, sostiene el informe.

En base a estos resultados, los autores del estudio calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción de la jubilación anticipada y muestran que “el impacto adverso sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales”.

“Los ahorros fiscales derivados del retraso en la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”, concluye el estudio.

Para Fedea, los resultados de este informe apuntan a la necesidad de diseñar “con cuidado” los detalles de las políticas de jubilación, atendiendo a sus posibles efectos sobre la salud de los trabajadores. Asimismo, aboga por introducir, con carácter general, mecanismos flexibles de jubilación anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera laboral.