El Gobierno de coalición ha recuperado este martes el límite de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad que una mayoría del Congreso de los Diputados rechazó en el último pleno de julio, antes de las vacaciones de verano, y que son necesarios para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a presentar una senda de déficit del 2,5% en 2025 y del 2,1% en 2026.

El Ejecutivo no tiene ninguna garantía de que esta vez pueda alcanzar el apoyo parlamentario suficiente. En julio, Junts rompió la mayoría de la investidura de Sánchez y se unió al Partido Popular (PP) y a Vox para rechazar estas sendas de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y las gastos respecto al PIB) y evidenciar la debilidad del Gobierno de coalición.

Si esto vuelve a ocurrir, Montero ha explicado que presentará igualmente los Presupuestos, “con los objetivos de estabilidad” anteriores, que supondrían “un ajuste presupuestario de 11.500 millones de euros en los dos próximos años”. Concretamente, de “6.600 millones de euros menos en 2025 y 2026 en las Comunidades Autónomas” y de 4.950 millones en los Ayuntamientos, “que podríamos destinar para sanidad, educación o servicios sociales”, ha incidido la vicepresidenta.

Los objetivos de estabilidad anteriores son más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios (siempre respecto al PIB). Con las nuevas sendas, en el caso de las entidades locales, “el objetivo es de equilibrio presupuestario para todo el periodo 2025-2027, lo que supone una décima más de margen [para gastar e invertir] en 2025 y dos décimas más de margen en 2026”, explicó Hacienda en julio. En el caso de las Comunidades Autónomas, la senda de estabilidad que rechazó el Congreso contemplaba un objetivo de déficit del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027.

Montero afirma que los objetivos de estabilidad contra los que votaron PP, Vox y Junts facilitaban que las Comunidades no tuvieran que hacer ningún esfuerzo en la bajada de déficit de los próximos años.

En 2024, ya han tenido que ser prorrogados los PGE de 2023 porque el Gobierno no tenía garantizados los votos ni de ERC ni de Junts en el Congreso, sobre todo tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Catalunya. Pero el Ministerio de Hacienda insiste en que puede sacar adelante los Presupuestos de 2025 sin que el Congreso apruebe los objetivos de estabilidad.

De hecho, fuentes del equipo de la vicepresidenta María Jesús Montero afirman a elDiario.es que “este tema ya se debatió a comienzos de año con los PGE de 2024, y ya dijimos que la Abogacía del Estado dejaba claro que se volvía a la senda anterior”.

En marzo, elDiario.es tuvo acceso a un informe de esta institución que concluía que el Gobierno tiene que cumplir con dos obligaciones: elaborar los presupuestos y que cumplan con las reglas fiscales de la UE, que han vuelto a activarse precisamente este año tras ser suspendidas durante la pandemia. De esta manera, ante el rechazo parlamentario, la Abogacía del Estado señaló que “conforme a la legislación interna, de una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad”, que la Comisión Europea valoró positivamente.

Partiendo de este planteamiento, el Gobierno pretende demostrar que los partidos independentistas y el PP “se estarán pegando un tiro en el pie” si impiden la aprobación en el Parlamento de los objetivos de estabilidad que el Consejo de Ministros ha vuelto a presentar este martes. Porque se quedarán “en vigor los de la senda anterior, que son más exigentes para Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Pero los Presupuestos Generales se pueden presentar”, inciden desde Hacienda.

El techo de gasto aprobado este martes es también el mismo que el aprobado en julio —este “límite” no necesita el respaldo del Congreso—. 

La previsión para 2024 es dejar el déficit en el 3% (siempre respecto al PIB), lo que permitió a España evitar el proceso de déficit excesivo previsto por las nuevas reglas de la UE. Este “proceso” supondría una intervención de la Comisión Europea en los Presupuestos nacionales para garantizar “la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

El crecimiento económico permitirá reducir la deuda pública respecto al PIB hasta dejarlo por debajo del 100% en 2027, según la misma estimación, “recuperando todo el espacio fiscal” durante la pandemia, en el que el Gobierno tuvo que hacer un esfuerzo histórico de gasto público para mitigar los daños del shock de la COVID.

“Se puede reducir el déficit sin recortes”, ha resaltado insistentemente la vicepresidenta primera. Este mes de septiembre, el Ejecutivo tiene que enviar un plan fiscal a medio plazo a Bruselas (aquí se analizan las recomendaciones de la AIReF), que estará marcado por la senda de déficit y por un horizonte de crecimiento del PIB por encima del 2% en los próximos años y de creación de puestos de trabajo, que es lo que permite mantener el gasto y reducir el déficit. “Estamos interaccionando con la Comisión para determinar la propuesta definitiva sobre el gasto primario neto, que es la variable más importante de las nuevas reglas fiscales comunitarias”, viene advirtiendo la ministra de Hacienda.