Rápidamente se encendieron las alarmas de la España neoliberal y de los ardientes defensores de la colaboración público-privada al vislumbrar la enésima intención intervencionista del Gobierno de coalición a través de la recuperación de un banco público, aunque no fuera así.

Hay que empezar aclarando que una entidad de dinero electrónico no es un banco. La principal diferencia es que una entidad de dinero electrónico solo puede ofrecer servicios básicos como la apertura de cuentas y gestión de pagos y recibos, pero no tiene permisos legales para remunerar depósitos ni vender hipotecas, que son los elementos fundamentales del negocio bancario.

También habría que recordar que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos ya tiene la potestad para emitir dinero electrónico como recoge la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico y el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. El Banco de España es el organismo que autoriza a este tipo de entidades que están bajo su supervisión y control.

Por otro lado, una entidad financiera bajo el paraguas de Correos no sería una novedad en España. Solo hay que hacer un poco de memoria con la Caja Postal, una caja de ahorros creada en 1909 y que tuvo vida independiente hasta 1991, cuando bajo el Gobierno de Felipe González se integró con otros bancos públicos españoles (Banco Exterior de España, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Banco de Crédito Industrial) en la conocida como Corporación Bancaria de España, que después devino en Argentaria. Las pulsiones privatizadoras de Felipe González, primero, y José María Aznar, posteriormente, llevaron a la privatización de Argentaria mediante la fusión con el entonces BBV en 1999. Aznar colocó a Francisco González al frente de Argentaria y de aquellos polvos, estos lodos, pero eso es otra historia.

Entonces, si Correos ya es una entidad de dinero electrónico, a qué viene tanta polémica. Primero, a que Pedro Saura llamó la atención a la banca por no cumplir la legislación que obliga a que “todo el mundo tiene derecho a tener una cuenta bancaria básica. No parece que eso en la práctica sea así. Correos garantiza que eso se cumpla, que la ley se cumple”, recalcó en la entrevista en Expansión. Segundo, porque recordó que “Correos ya tuvo una Caja Postal”, que funcionaba como una entidad financiera. Y tercero, porque sacó a la palestra el ejemplo de Francia, donde opera Groupe Le Poste, que incluye a la entidad financiera La Banque Postale, que funciona como un banco normal, con especial atención a los mayores.

La realidad es que si Correos funciona como entidad de dinero electrónico no ayudaría a solventar del todo el problema de exclusión financiera porque la peticiones de los que han sido excluidos de la banca tradicional no responden solo a tener una cuenta, sino también al acceso a otros servicios financieros como es el crédito o que se les trate como personas y por personas. Es necesario que Correos sea un banco público por cinco razones: evitar la exclusión financiera, luchar contra la España vaciada, generar más competencia en el sector financiero, ayudar a solventar el problema de acceso a la vivienda y equipararnos con otros países europeos que cuentan con banca pública.

Evitar la exclusión financiera

A principios de 2022, cuando las grande entidades financieras empezaron a dar ruedas de prensa para presentar sus resultados, una nueva pregunta se hizo omnipresente: ¿qué medidas iban a poner en marcha las entidades financieras para luchar contra la exclusión financiera? Protestas ciudadanas por parte de los más mayores, las críticas por parte del Gobierno de coalición y la llamada de atención del Banco de España hicieron que los bancos pasaran de sacudirse la responsabilidad de la exclusión financiera a dar tímidos pasos: un decálogo con buenas intenciones y acuerdos de las entidades con Correos para la presencia de cajeros en sus oficinas. Totalmente insuficiente. Esta es la situación: menos de dos oficinas por cada 1.000 personas mayores de 60 años en España. Entre otras cosas porque la exclusión financiera no se evita solo con cajeros que, por ejemplo, a las personas mayores les cuesta manejar. Además, no hay que olvidar que los bancos no han parado de desmantelar cajeros como se puede observar en este gráfico:

Exclusión financiera, según Funcas, se define como la incapacidad para acceder a los servicios financieros necesarios de una forma apropiada, ya sea por razones de precio, requisitos de acceso, escasez de oferta, discriminación social o autoexclusión. No es solo cuestión de cajeros o del servicio para facilitar ingresos y retiradas de dinero (Correos Cash) que las entidades acordaron con el servicio postal. Correos puede jugar en este sentido un papel relevante ofreciendo servicios financieros (desde microcréditos a hipotecas) atendido por su personal en los 8.267 puntos de atención que tiene: 2.388 oficinas y 5.879 de servicios rurales. Ya hay un ejemplo a seguir la francesa Banque Postale tiene un servicio específico para personas mayores.

Luchar contra la España vaciada

Una de las principales razones del abandono de los pueblos y la España interior es la falta de servicios, también de servicios financieros. Desde la crisis financiera de 2008 en España han desaparecido más de la mitad de las oficinas bancaria, lo que ha acelerado el proceso de exclusión en las zonas rurales y menos pobladas. Ha desaparecido casi 30.000 oficinas de las 46.000 que llegó a haber abiertas. La última gran oleada de cierres fue en 2022 cuando los grandes bancos cerraron echaron la persiana de cuatro sucursales al día. Un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), publicado en 2021, señalaba que en 2020 más de la mitad de los municipios españoles (4.287 de 8,131) no contaban con una sucursal bancaria. Hay municipios en determinadas provincias donde la sucursal más cercana se encuentra a 12 kilómetros. La situación es especialmente grave en Castilla y León, donde el 80% de los municipios no tienen acceso a una oficina de ninguna entidad.

Con los 8.267 puntos de atención de Correos repartidos por todo el territorio español no solo se garantiza el acceso al servicio público, también se contribuye con su capilaridad a la cohesión territorial y facilita el desarrollo económico de las zonas rurales. Si una buena parte de esos puntos de atención, especialmente las oficinas en las zonas rurales, se dedican a ofrecer servicios financieros como un banco se podría reducir la exclusión financiera del campo y se fortalecería la lucha contra el vaciamiento de la España interior y el abandono de los pueblos.

Más competencia en el sector financiero

Desde la crisis financiera de 2008 han desaparecido decenas de bancos y cajas: se pasó de tener cerca de 40 entidades a menos de una decena. La concentración bancaria en España es un hecho que se puede agravar si se consuma la fusión del BBVA con Banco Sabadell. Si sale adelante la operación, el banco resultante más Santander y Caixabank concentrarán dos de cada tres depósitos mientras que por activos sumarían más del 60% del sector, según la firma de calificación Moody's con datos de febrero de 2024. Hay un problema de falta de competencia en el sistema financiero español que es patente si se tiene en cuenta que ninguno de los grandes bancos ha remunerado en condiciones los depósitos con la subida de los tipos de interés y han enchanchado sus márgenes de una manera abismal con las hipotecas y el crédito empresaria. En 2023, los seis grandes bancos ganaron 26.000 millones de euros.

La llegada del banco público de Correos podría aumentar la competitividad en el sector financiero con una oferta de servicios más pensada para el ciudadano, con depósitos remunerados siguiendo la estela de los tipos de interés, una oferta de hipotecas menos especulativa o la concesión de microcréditos a empresas y autónomos, siempre teniendo en cuenta criterios de riesgo. No tendría que ofrecer servicios de banca de inversión, que para eso ya está, aunque de manera muy tímida, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero podría entrar en el accionariado de empresas cotizadas que generen un dividendo para fortalecer su solvencia. Para evitar malinterpretaciones: la entidad financiera de Correos tiene que ganar dinero, es un banco, entre otras cosas para acabar con las pérdidas (120,3 millones de euros en 2023) de un grupo empresarial que tiene que dar el servicio postal universal.

Poner en marcha este servicio financiero no va a ser fácil. Aunque el discurso empresarial está lleno de alusiones a la importancia de la competencia y la necesidad de un sector competitivo para las compañías, la realidad es muy diferente. A principio del verano de 2024, la patronal CEOE envió una carta al anterior comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, en la que acusaba al Gobierno de “distorsionar, restringir y socavar la libre competencia y la contratación pública en general” por los contratos que adjudicaba a las empresas publicas de construcción y servicio, Tragsa, y de ingeniería, Ineco. Ya saben: nos gusta la competencia pero poquito. Eso sí, cuando la intervención del Gobierno es mediante subvenciones o ayudas públicas no hay tanta queja.

Ayuda a solventar el problema de acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad en España. Siete de cada diez jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres. La edad media para dejar el hogar familiar supera los 30 años, cuatro más que la media europea, según el último informe del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Más de la mitad de los jóvenes viven de alquiler y casi el 35% de quienes tienen menos de 44 años porque no tienen capacidad de ahorro para contratar una hipoteca porque los precios del alquiler se han disparado. El bucle es no poder salir del alquiler porque no tienen ahorros para dar la entrada de un inmueble; al mismo tiempo que no pueden ahorrar, porque el alquiler se come el sueldo y, además, sigue subiendo.

La banca pública de Correos podría acabar con esta pescadilla que se muerde la cola con una oferta de hipotecas competitiva a tipo fijo (sin los abusos de la banca tradicional) para evitar incertidumbre ni sobresaltos con los vaivenes de los tipos de interés y apoyarse en la línea de avales que ha puesto en marcha el Gobierno, a través del ICO, para la compra de vivienda para anular el efecto entrada y facilitar la compra de vivienda.

Equipararnos con otros países europeos

Aunque parezca mentira, España es una excepción entre los grandes países europeos al no tener banca pública. Por un lado están las oficinas postales de Estados que cuentan con bancos entre sus servicios: el francés Groupe Le Poste (ganó 514 millones de euros en 2023), que incluye a la entidad financiera La Banque Postale; en Italia, Poste Italiane (beneficios de 1.933 millones de euros en 2023) ofrece servicios financieros de todo tipo a través de Banca Posta; mientras que en el país bancario por excelencia, Suiza, el servicio postal también tiene un banco, Post Finance, que ganó el año pasado 164 millones de francos suizos (174 millones de euros).

Pero además, hay más entidades públicas financieras en el resto de Europa. Desde la holandesa NWB Bank, una entidad que está controlada mayoritariamente por las autoridades regionales del agua y participan el Estado y las provincias, a la Caixa Geral de Depositos, propiedad del Estado portugués; Belfius, cuyo propietario es el Estado belga; o el alemán NRW.Bank, propiedad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, entre muchos otros. Aquí tienes un listado de la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB). 

Hay motivos suficientes para que Correos recupere a la antigua Caja Postal y empiece a dar servicios financieros. España necesita un banco público.