La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prometió la semana pasada, durante el debate del Estado de la Región, mejoras en la práctica totalidad de infraestructuras y servicios de la región al mismo tiempo que anunció que seguirá bajando impuestos.

La madrileña es, por tanto, la segunda comunidad que más lo hizo, solo por detrás de Andalucía (un 13,4%), y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) aprecia este 2024 “riesgo de incumplimiento” de las nuevos límites de la Unión Europea (UE), que se han reactivado este año tras permanecer suspendidas desde 2020 para favorecer la recuperación del shock de la pandemia.

En el nuevo marco fiscal comunitario el gasto ha pasado a ser la clave para medir la sostenibilidad de la deuda y la autoridad fiscal advierte de que “el gasto computable en 2024 en la comunidad podría crecer por encima del 5%”, superando el límite individual del 2,6% vigente para este año.

Según los datos de Hacienda, el crecimiento del gasto en Madrid durante el pasado ejercicio estuvo impulsado por el incremento del coste de la deuda, que se elevó un 50%. Fueron casi 400 millones más respecto a 2022, hasta alcanzar los 1.200 millones de euros que se pagaron a los acreedores, en un contexto de subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) que ha golpeado a todas las Administraciones, a las empresas y a las familias.

En este 2024 todavía se desconoce qué partidas están aumentando más. Pero los expertos avisan de un incremento generalizado como estrategia para elevar el nivel de gasto de cara a 2025, el ejercicio a partir del que definitivamente la Comisión Europea vigilará el incumplimiento de las reglas fiscales y tendrá establecida una nueva regla de gasto.

Esta 'alegría' del Ejecutivo de Ayuso en el gasto rechina con sus posiciones en el debate sobre la financiación autonómica y con la competencia fiscal a la baja que ha liderado en los últimos años. Por ejemplo, bonificando por completo o rebajando los impuestos que las comunidades del régimen común tienen cedidos (Patrimonio y Sucesiones son los más importantes, y también el tramo autonómico del IRPF). Esta 'guerra' llevó al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez a diseñar el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en 2022 para tapar el agujero de ingresos que estaban sufriendo las arcas del Estado central. En 2023, Madrid recuperó Patrimonio, pese a lo que la regla de gasto siguió disparada.

Mientras tanto, Ayuso ha seguido eliminando impuestos por valor de 6.010 millones de euros, según denuncia Más Madrid. El pasado jueves, en el debate del Estado de la Región, la presidenta regional anunció una nueva batería de rebajas fiscales, como la ampliación al 50% de la bonificación del Impuesto de Sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos, y la extensión de 35 a 40 años la edad máxima para acogerse a la deducción en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual.

Según detalló, en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se elevará desde este próximo año al 50 % la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, que actualmente se encuentra en el 25 %. De esta manera, la Comunidad de Madrid será la primera región que introduce esta medida en ambas modalidades del impuesto para este grado de parentesco.

Además, se establecerá una bonificación del 100 % en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros, y se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes.

Según las estimaciones del Gobierno regional, estas nuevas rebajas fiscales beneficiarán a alrededor de 13.000 madrileños y supondrán un ahorro de casi 130 millones de euros anuales. Es decir, mucho ahorro en impuestos pero excesivo gasto.

Por otro lado, hay que recordar que Madrid es la única comunidad autónoma del régimen común que se financia al 100% al margen del Estado. Según los datos de un informe del servicio de estudios del BBVA, esa decisión de acudir al mercado por libre que tomó en 2012 Esperanza Aguirre y que han mantenido todos los presidentes que la han sucedido supuso que la región pagara más intereses que ningún otro territorio por su deuda.

Solo en el último año del que existen datos, en 2022, la Comunidad de Madrid abonó 612 millones de euros en intereses de la deuda. Más de la mitad, 314 millones, se los podía haber ahorrado si se hubiera financiado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), puesto en marcha en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, del PP, Cristóbal Montoro, para rescatar a las comunidades de la crisis económica. 

Ayuso se ha revuelto ahora contra la nueva fórmula “singular” de financiación para Catalunya que el Gobierno no ha concretado aún. Sin embargo, a finales de 2023, cuando ya se conocía el acuerdo de gobierno con los partidos socios de la investidura para condonar parte de la deuda a esta comunidad, la dirigente regional madrileña, pese a no estar de acuerdo con ello, sí se mostró partidaria de “ayudar” a la Generalitat Valenciana en la quita de su deuda.

La excusa que puso entonces es que había sido “heredada” del anterior gobierno socialista y era “inasumible”. En un acto público compartido en aquella ocasión con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón –recién elegido en el cargo– incluso abogó por “inhabilitar” a los políticos que dejen endeudadas a sus comunidades después de haberlas gobernado. “Lo que no veo bien es que los dirigentes políticos arruinen a las regiones y que después nadie se haga responsable de ello”, sentenció. 

Ahora, a lo largo de estos días, durante el debate suscitado sobre la financiación autonómica, Ayuso no ha parado de mostrarse muy beligerante con los deseos del presidente del Gobierno de llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas. El pasado lunes afirmó en un acto patrocinado por el Foro ABC que la región “no necesita ningún tipo de singularidad, como dicen otros, ni tampoco conciertos” y se mostró convencida de que “vienen tiempos de ataques” contra Madrid, a la que siempre lamenta que el Gobierno central “maltrata” y “ningunea”.

Según dijo, Madrid “ejerce con lealtad y con rigor su autonomía financiera consagrada en la Constitución”. Y añadió que lo hace “sin descuidar ninguna obligación con nuestros ciudadanos ni la solidaridad con el resto de España”. La presidenta regional madrileña –que, en un principio, llamó a la rebelión a los barones del PP para que no acudieran a la llamada de Sánchez para abordar bilateralmente el tema porque sospecha que con esa estrategia lo único que quiere es “dividirles”– cambió días después de opinión y reconoció que ella “no era nadie” para decirles a sus compañeros “lo que tenían que hacer”. Sin embargo, ha dejado claro que cuando vaya a Moncloa no piensa llegar a ningún acuerdo de forma individual sobre “financiación autonómica”.

Paralelamente, desde Génova –sede estatal del PP– no quieren ni oír hablar de que el presidente del Gobierno plantee a sus presidentes autonómicos “una quita total o parcial de sus deudas” .

Precisamente este jueves, en medio de todo este debate, Más Madrid ha forzado la comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid, de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Ayuso, Rocío Albert. El encargado de pedirle explicaciones sobre “la financiación de la deuda de la Comunidad de Madrid” es el diputado de este grupo, Alberto Oliver.