La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo “condicionará la financiación” que el Estado deriva a las comunidades autónomas para estas políticas a que estas apliquen la ley.

Rodríguez ha señalado que el conjunto de las comunidades autónomos reciben del Estado “en torno al 70-75%” de la financiación que destinan a sus políticas de Vivienda. Un presupuesto que en próximo Plan Estatal de Vivienda que prepara el Ejecutivo se verá condicionado a la aplicación de la normativa estatal, que los Gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular, que son la mayoría, ya han dicho que no aplicarán. Ese programa que prepara el Ministerio será “otra cosa de lo que hemos conocido hasta ahora, porque la situación no es la misma”, ha reconocido la ministra.

Con esta fórmula, el Gobierno busca forzar a las comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda, aprobada en 2023, pero que todavía no ha dado los efectos esperados, en parte porque dejaba las competencias en manos de ayuntamientos y autonomías. “Yo no puedo extralimitarme de lo que la ley mandata y del marco constitucional”, ha reconocido Rodríguez, que ha señalado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Es uno de los lugares donde acceder a la vivienda es más complicado y ha decidido que no la quiere aplicar. Con eso está impidiendo que Madrid tenga índices de referencia que estén amortiguando los precios, que quienes tienen una vivienda y la ponen en alquiler puedan tener unas bonificaciones que también bajen esos precios y que los madrileños y madrileñas puedan beneficiarse de acciones extraordinarias”.

Pese a esta advertencia, la ministra se ha comprometido también ha “ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos y con respuestas extraordinarias para esta situación”. Según sus números, esta comunidad ha recibido 2.000 millones de euros desde 2018 en diferentes paquetes. “Lo que quiero es que se oriente bien y en cumplimiento a la ley”, ha reclamado Rodríguez, que ha interpelado directamente a Ayuso: “Esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez”.

Ayuso ha insistido este mismo jueves que no limitará el precio de la vivienda. “No funciona, miren los datos”, ha escrito en su cuenta de X, sin referenciar ningún dato, donde ha catalogado la medida de “un atentado contra la propiedad”. La presidenta madrileña ha rechazado “gobernar con políticas de izquierda trasnochada aunque el Gobierno nos amenace” y se ha preguntado si la ministra “será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta ley de vivienda” o “le dejarán de regalar millones al independentismo en Catalunya, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales”.

Precisamente, Catalunya es la primera comunidad que ha acatado la ley de vivienda. De hecho, Rodríguez ha agradecido a la Generalitat de Catalunya la petición para declarar las zonas tensionadas y la aplicación de esa ley estatal que aún está “en periodo de pruebas”. “Está dando ese paso de ponerla adelante”, ha dicho a la vez que se ha mostrado “optimista”: “Con estabilidad y tiempo, va a ir dando solución, pero necesitamos la acción y la determinación de las administraciones públicas en su extensión”.

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado que limitar los fondos para vivienda que el Estado deriva a las comunidades autónomas si estas no cumplen la ley es “el camino por el que los derechos avanzan en España”. “Las propuestas siempre son, primero, extremas e irrealizables; después se pueden discutir; después son más o menos favorables; y después se acaban aplicando. Siempre es igual”, indicó el diputado.

Además, la ministra ha avanzado que el PSOE impulsará en los parlamentos autonómicos iniciativas para “garantizar que el suelo público cumple siempre una finalidad pública y que nunca más, como ha ocurrido de manera más sangrante en la Comunidad de Madrid, el esfuerzo público termine en manos de especuladores y de fondos buitre”. En una entrevista en elDiario.es, Rodríguez ya estimó que estas prácticas de desamortización supusieron la pérdida de más de 2,5 millones de viviendas públicas.

En esa línea, Rodríguez ha insistido en la promesa que el presidente del Gobierno hizo en mayo de 2023 de ampliar el parque público en 183.000 viviendas, para “influir en el mantenimiento y la amortiguación, incluso en la bajada del precio de la vivienda”. “Venimos de donde veníamos. En los últimos 10 años se había abandonado toda política pública de promoción de vivienda, no se construía vivienda pública y se dejó de urbanizar suelo. El comienzo de unas obras para una vivienda protegida hoy lleva un previo que es la urbanización de esos suelos”, ha recordado.