En un momento de debilidad parlamentaria, con múltiples frentes abiertos pendientes de negociación, hay un ministro del Ejecutivo de Pedro Sánchez que puede sacar la cabeza donde quiera sin despeinarse.

Ahora bien, pese a los buenos datos económicos, Carlos Cuerpo trata de mantener los pies en el suelo y pone de relieve los retos a los que se enfrenta el país. “La buena evolución macroeconómica es compatible con ser conscientes de que el trabajo no ha terminado. No hemos llegado donde queremos estar al final de esta legislatura. Hay hogares que todavía tienen dificultades en su día a día. Hay un ejemplo claro que es el del desempleo juvenil, que se ha reducido en más de siete puntos desde el año 2018, pero estamos todavía en un 25%. Además, el tema de los precios es otro ejemplo claro donde las familias han tenido que afrontar una subida de la cesta de la compra”, resalta.

Además, Cuerpo subraya los retos de la economía en asuntos como “la inversión”, que admite es “el componente más retardado en la recuperación”, y que espera que vuelva a cifras normales gracias al Plan de Recuperación. Por otro lado, la vivienda, “el principal problema de los españoles” y para el que señala que no hay una fácil o rápida solución al ser una competencia compartida con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El ministro tiene plena confianza en que el consumo interno y el sector exterior afiancen la velocidad de crucero de la economía española y espera que nuestros socios europeos se recuperen de su alicaída situación. “Cuanto mejor le vaya a Alemania, mejor para nuestras exportaciones. Por eso es importante señalar la actuación del Banco Central Europeo (BCE) en los próximos meses, teniendo en cuenta el buen comportamiento de los precios y la necesidad de darle un empujón a la economía real en la eurozona”, añade. Solo hay un momento en la entrevista en la que el ministro frunce el ceño, más por incomprensión que por otra cosa, cuando se le pregunta su opinión sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las inversiones de empresas españolas en Venezuela: “Es muy irresponsable”.

Este viernes, hemos conocido datos muy positivos de crecimiento económico y de moderación de la inflación al 1,5%, un mínimo de hace tres años y medio. Y, esta misma semana, el Gobierno mejoró su previsión de avance del PIB para 2024 y para los próximos años. Las proyecciones son un 2,7% en este ejercicio, y un ritmo superior al 2% en los siguientes. Un escenario que comparten todas las instituciones y casas de análisis. ¿Cuáles son los factores que explican esta mejora?

La progresiva moderación de los precios es muy importante para los hogares, puesto que mejora su poder adquisitivo. Cuanto menor sea la inflación, más rápido van recuperando capacidad de compra, con lo cual es muy buena noticia. Además, hay que citar la fortaleza del mercado de trabajo, con niveles récord de ocupación, con un empleo más estable, con una contratación de mayor calidad y con una recuperación progresiva de los salarios. Esto hace que el consumo privado también se vaya a recuperando a un buen ritmo y que sea uno de los motores de este crecimiento. Otro factor determinante es el sector exterior, la competitividad a nivel internacional de nuestras empresas. Y el turismo, pero no solo, creo que es importante resaltarlo. Los servicios no turísticos, que son servicios a empresas de mayor valor añadido, ahora mismo aportan más en términos de exportaciones que el propio turismo: 100.000 millones frente a 90.000 millones. Todo esto configura un modelo de crecimiento más sostenible.

Vista la tendencia de los últimos años, en los que la economía de nuestro país ha ido sorprendiendo al alza una y otra vez, ¿acabaremos viendo un crecimiento del 3% este 2024 o un ritmo mayor en los próximos años? ¿qué determinantes podrían volver a acelerar el crecimiento?

Hay dos elementos fundamentales y que tienen que ver con la demanda interna: el consumo privado y la inversión. Esta última es el componente más retardado en la recuperación y es el gran reto que tenemos. Nuestra previsión es que estos dos factores tiren de nuestro crecimiento. La inversión sobre la base del Plan de Recuperación, pero también sobre un incremento de la aportación del sector de la construcción. Es fundamental también para resolver el problema de la escasez de vivienda asequible en alquiler. Mientras, esperamos que se mantenga una aportación positiva del sector exterior, con unas exportaciones que están siendo muy resilientes pese al contexto de ligera desaceleración de nuestros principales socios y a la incertidumbre en el contexto internacional.

Precisamente, el titular fácil o más llamativo es: “España lidera a las economías de la eurozona y multiplica por cuatro la proyección de crecimiento en 2024 de nuestros socios”. Pero, ¿y si se da la vuelta a esta afirmación? ¿Es la debilidad de Alemania o de Francia una amenaza para las perspectivas de nuestro país?

Bueno, más que un titular es una realidad: España está liderando el crecimiento de las grandes economías, es el motor ahora mismo de la eurozona. Esto es reconocido por los analistas e inversores a nivel internacional. Efectivamente, la evolución de la economía europea para nosotros es fundamental. Cuanto mejor le vaya a Alemania, mejor para nuestras exportaciones. Por eso es importante señalar la actuación del Banco Central Europeo (BCE) en los próximos meses, teniendo en cuenta el buen comportamiento de los precios y la necesidad de darle un empujón a la economía real en la eurozona. Más que un riesgo, si se va recuperando poco a poco la economía alemana puede ser un viento de cola para nosotros.

¿No va demasiado lento el BCE en el proceso de bajadas de los tipos de interés?

Sobre la base de una moderación progresiva de la inflación, todos los analistas esperan que continúen los recortes de tipos. El BCE ha empezado incluso antes que la propia Reserva Federal y hay que seguir avanzando teniendo en cuenta nuestra actividad económica y que Alemania y Francia necesitan ese impulso.

El turismo ha sido uno de los grandes motores del avance del PIB y de la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, se han visto dos grandes amenazas. La primera, que su crecimiento haya tocado techo ya. La segunda, que se ha empeorado la vida de las familias que residen en los principales destinos. ¿Le preocupa la situación del sector y su impacto?

Primero, hay que señalar el impacto positivo que está teniendo la buena evolución de España como destino turístico. Es una oportunidad y tenemos que aprovecharla pero teniendo en cuenta las posibles limitaciones o externalidades negativas. El propio ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, es consciente y está poniendo medidas sobre la mesa: primero, aumentar la calidad del servicio, de tal forma que aumente el valor añadido y los ingresos sin producir tensión adicional. Además, promover la diversificación, no solo a nivel temporal, donde ya el turismo no es tan estacional en los meses de verano. También acompañarlo de una diversificación geográfica. No solo turismo de sol y playa, sino turismo interior, rural y gastronómico, que además se reparte de manera más homogénea por todo el territorio.

Relacionado directamente con el turismo, los alquileres vacacionales han disparado los precios en el mercado de la vivienda. La nueva Ley no está funcionando. El acceso a la compra o al alquiler resulta asfixiante para muchas familias. ¿Cómo cree que el Gobierno debería afrontar este problema, que ya ha admitido que es una prioridad? ¿El Gobierno puede obligar a las Comunidades Autónomas a activar la regulación de precios que prevé la Ley de Vivienda?

En el Gobierno somos conscientes de que la vivienda ahora mismo es el principal problema de los ciudadanos y, por lo tanto, nuestra principal preocupación. Tenemos que poner sobre la mesa que es un problema que no tiene una solución con una medida única. No hay una bala de plata para resolverlo y menos de manera inmediata. Esta situación tiene consecuencias a nivel social. Por ejemplo, para la emancipación de nuestros jóvenes, la formación de su vida, de una familia... Pero tiene también consecuencias económicas. Tener cuellos de botella en materia de vivienda puede tener consecuencias para la movilidad laboral. Por eso, estamos actuando de manera decidida para aliviar esta situación. Dicho esto, una de las dificultades prácticas es, por supuesto, el elemento de competencia compartida. Aquí hay niveles competenciales diferentes: estatal, autonómicos y municipales. Entonces, requiere de una cooperación institucional para avanzar y conseguir paliar este efecto del alquiler en zonas particularmente tensionadas. Desde el Gobierno, en lo que tiene que ver con alquileres turísticos, hemos capacitado a los vecinos para limitar los pisos turísticos en su bloque a través de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. También hemos fomentado la utilización de los poderes adicionales que permite la Ley de Vivienda pero es necesario que se defina una zona tensionada. Es necesario la colaboración, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, donde hay ayuntamientos que están pidiendo la declaración de zona tensionada, que permitan poner en marcha estas medidas.

Pero, ¿tiene el Gobierno capacidad para obligar a que las Comunidades Autónomas cumplan esa parte de la Ley de Vivienda y declaren las zonas tensionadas y se puedan poner límites a los precios?

El Gobierno, cuando una zona se declara tensionada, tiene mucha mayor capacidad de actuación, de financiación y de inversión. Este es un incentivo positivo, hay muchas zonas donde claramente la situación de la vivienda está muy tensionada. Hay que evitar una discusión tan politizada, pero necesitamos una actuación inicial por parte de las Comunidades Autónomas para entrar y ayudar.

Los anuncios de inversiones y ayudas públicas para la construcción de viviendas asequibles son la solución? ¿Cuándo llegarán al mercado estas viviendas?

Hay un problema de infrainversión que viene de muchos años atrás. Se trata de reconstruir un parque de viviendas de alquiler asequible. Hemos dedicado 4.000 millones d euros de inversión por parte de ICO, con fondos del Plan de Recuperación, más 2.000 millones de avales. Hay un ejemplo claro de cómo están llegando ya: la Operación Campamento, a través de una inversión de 900 millones de euros del Gobierno, se van a conseguir 10.700 viviendas para alquiler asequible en una zona de Madrid particularmente relevante. Se espera que se inicie el año que viene y que a finales de 2027 estas viviendas ya estén disponibles.

¿El desarrollo de una banca pública que concediera hipotecas asequibles podría ser otra solución? ¿Qué le parece la propuesta de convertir a Correos en una entidad financiera?

Correos tiene la capacidad de servir como entidad de pagos, es un paso importante. Está siendo un vector en todo el esfuerzo que estamos haciendo en materia de inclusión financiera. Es la única entidad en España que está en todos los pueblos, en más de 8.000 municipios. El objetivo es avanzar para que, a través de los carteros, la gente pueda acceder a servicios financieros básicos.

¿Acabará siendo un banco público?

No estamos todavía en esa discusión. Es un paso previo. Correos tiene que servir para que la gente, a través de los carteros, pueda pagar sus gastos, impuestos o cotizaciones.

Otro gran problema de nuestra economía es la desigualdad, tanto de riqueza como de renta. Esta desigualdad hace que las familias trabajadoras que dependen solo de sus salarios hayan sufrido especialmente la inflación y las subidas de los tipos de interés. ¿Qué políticas del Gobierno atienden a estos hogares? Una de ellas se ha demostrado que es el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ¿el Gobierno va a volver a subirlo?

La buena evolución macroeconómica es compatible con ser conscientes de que el trabajo no ha terminado. No hemos llegado donde queremos estar al final de esta legislatura. Hay hogares que todavía tienen dificultades en su día a día. Hay un ejemplo claro que es el del desempleo juvenil, que se ha reducido en más de siete puntos desde el año 2018, pero estamos todavía en un 25%. Además, el tema de los precios es otro ejemplo claro donde las familias han tenido que afrontar una subida de la cesta de la compra. El Gobierno ha actuado con el escudo social que financiamos a través de los impuestos a las energéticas y al sector financiero, que ha sido compatible con los mejores resultados de su historia.

Más allá, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es una de las medidas que más ha ayudado a las familias con menos ingresos. De hecho, cuando vemos la reducción de desigualdad en los últimos años, en gran parte viene precisamente por esta mejora de los segmentos de menor renta. El compromiso del Gobierno es seguir aumentando el SMI para mantenerlo en línea con el 60% del salario medio. Va a ser la evolución que tendremos en los próximos años, con una actualización anual, haciéndola compatible con una evolución positiva de la productividad. De hecho, pese a unos análisis iniciales que apuntaban a que habría un enorme impacto en empleo, finalmente ha sido inapreciable.

Efectivamente, se ha caído el mito de que subir el Salario Mínimo era perjudicial para el empleo. Ahora se está peleando con otro mantra que es el de la baja productividad. La CEOE y economistas neoliberales utilizan el argumento de la baja productividad como excusa para frenar las subidas del SMI o contra la reducción de la jornada laboral. Pero, ¿cómo le dices a un médico que estuvo trabajando en la pandemia 14 ó16 horas al día que es menos productivo? ¿O cómo le dices a un camarero, que hace horas extra y no se las pagan, que es menos productivo? Siempre se mira la productividad del trabajo, nunca la del capital. ¿Qué posición tiene el ministro de Economía en este debate?

Tenemos argumentos: el primero es que queda claro en la literatura económica la evidencia de que las empresas más productivas son empresas más grandes, que pagan mayores salarios, que atraen más el talento. Hay un círculo virtuoso entre unas mejores condiciones laborales que supone beneficios y ventajas para que los trabajadores sean más productivos. La tendencia que vemos en las últimas décadas es una reducción progresiva de la jornada laboral. Está pasando en España y en el resto de países europeos. Con la colaboración de los agentes sociales hay que seguir adelante en este proceso que en los últimos años se había quedado estancado. Es una demanda social, hay un acuerdo bastante amplio en la sociedad española de que es conveniente tener un mejor equilibrio en nuestra vida personal y profesional.

Tenemos que conseguir un acuerdo con todos los agentes involucrados. Para ello hay poner sobre la mesa elementos de flexibilidad que ayuden a las empresas también a avanzar por este camino sin que sea un elemento de penalización. Ahora mismo el número de horas promedio laborales a la semana es 38,3, con lo que ya estaríamos por debajo del primer objetivo de 38 horas y media semanales y no tan lejos de las 37 horas y media. ¿Qué es lo que pasa? Que esta situación varía mucho dependiendo del sector y del tipo de empresa. Así que debemos utilizar elementos de flexibilidad, que ya la vicepresidenta segunda ha puesto sobre la mesa, como incentivos positivos o con la entrada progresiva para cierto tipo de empresas.

Otro punto importante es el trabajo que estamos haciendo de ayudar a las empresas a través de una mayor inversión para que sean más productivas. Aquí suelo citar el ejemplo de una empresa extremeña, Tany, una empresa hortofrutícola líder, dentro de un sector particularmente intensivo en mano de obra como el sector agrario, capaces de poner la fruta en dos días desde el huerto hasta un restaurante de lujo en Hong Kong. Lo hacen invirtiendo en tecnología para eliminar el turno de noche sin afectar ni al empleo ni a los salarios. Con una mayor inversión en productividad, consiguen liberar horas que mejoren la calidad de vida de sus trabajadores.

La inversión es teóricamente la garantía del crecimiento y de la productividad futura. El Ministerio de Economía siempre ha defendido que el Plan de Recuperación era la palanca que va a mover esa inversión. Sin embargo, es el factor más aletargado del crecimiento. ¿Están llegando los fondos europeos a la economía real?

Rotundamente sí. Contamos con una plataforma pública, la plataforma Elisa, donde se ven los datos granulares de todos los proyectos que se han financiado con el Plan de Recuperación. De los 79.000 millones en transferencias de la primera fase del plan que teníamos asignadas más de 70.000 millones ya se han convocado, es decir, más del 90%. De todas estas convocatorias se han adjudicado más de 42.000 millones, estamos hablando de más del 60%. No solo se han adjudicado para grandes proyectos transformadores en sectores clave, sino que el 40% está llegando a pymes y microempresas. Hay ejemplos claros de empresas que han visto cómo su negocio alcanza una dimensión adicional gracias al plan de recuperación. Por ejemplo, la empresa Multiverse, líder a nivel internacional que combina inteligencia artificial con física cuántica para que los modelos de inteligencia artificial consuman menos y sea más eficientes, nos decían que su etapa inicial de crecimiento ha sido posible gracias a los fondos del Plan de Recuperación.

El plazo para el despliegue total del Plan de Recuperación va llegando: agosto de 2026. Y quedan miles de millones en préstamos que necesitan demanda, así como un parte importante de las transferencias por ejecutar.

Respecto a las transferencias, el ritmo de adjudicación está entre unos 1.000 ó 1.500 millones al mes. Es decir, es elevado y se mantiene a una buena velocidad de crucero con expectativas de llegar a tiempo. Respecto a la segunda fase del plan, tenemos más de 70.000 millones de adicionales de préstamos, que tienen que servirnos como una garantía para que todos los proyectos que ya hemos iniciado puedan continuarse. Es una red de seguridad adicional que permite a las empresas acceder a la financiación.

Hablando de inversión, el líder del principal partido de la oposición, del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a las empresas españolas que no inviertan en Venezuela. ¿Qué opina de estas declaraciones?

Creo que tenemos que ser todos muy responsables en las declaraciones que hacemos con respecto a la presencia comercial y las inversiones de nuestras empresas en otros países, ya sea Venezuela o el país que sea. Me empeño siempre en dar un punto de tranquilidad a nuestras empresas, en cuanto a que estamos pendientes, vigilantes de que se cumplan todas las normas internacionales para asegurar el buen trato en sus relaciones, sea con quien sea. A partir de aquí, de nuevo apelar o llamar a la responsabilidad. Este tipo de declaraciones lo único que genera es una incertidumbre innecesaria, es muy irresponsable. No sé cuál es el objetivo que persigue el señor Feijóo con su declaraciones sobre Venezuela, pero no ayuda a nuestros empresarios.

Justo antes de la actualización de las proyecciones del Gobierno, el INE realizó su tercera gran corrección de la Contabilidad Nacional desde la pandemia. Estadística ha añadido ya varios puntos porcentuales al crecimiento de PIB, lo que ha cambiado el relato de la recuperación. Por ejemplo, España nunca fue a la cola de la UE como ha defendido insistentemente la derecha, sino que completó la reconstrucción a principios de 2022. Y también sabemos que la productividad creció más de lo que se creía. ¿Cuáles son las consecuencias más graves de los errores del INE al estimar el crecimiento económico? 

Yo empezaría por un mensaje que es importante: el respeto institucional. El INE ha realizado una gran labor en un periodo particularmente complejo, como ha sido la post pandemia y las dificultades que ha habido al calcular cómo estábamos recuperándonos con la herramientas tradicionales de la Contabilidad Nacional. El INE se ciñe a la normativa que le impone Eurostat y tiene una mayor rigidez a la hora de hacer cambios rápidos en sus estadísticas. También por un motivo esencial, que es no provocar saltos. En esta situación, hemos visto una divergencia entre dos fuentes de estadísticas. Aquellas que eran registrales, como los datos de la Agencia Tributaria o los datos de afiliación a la Seguridad Social y estas estadísticas, muchas más estimativas o de menor frecuencia que daban lugar a la estimación de PIB. Esto lo señalaron muchos analistas y nosotros, por supuesto, también en el Ministerio. Lo que hemos visto es que la convergencia se ha producido, si no en su totalidad, en su gran mayoría. Hacia atrás, es difícil hacer una revisión de todos estos titulares y de todos estos mensajes apocalípticos que no tenían que ver con la realidad de lo que estaba pasando en España. Yo prefiero mirar hacia adelante y tenemos que seguir apostando por ayudar y reforzar nuestras instituciones.

Ha dicho que sigue habiendo discrepancias entre los datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria con la Contabilidad Nacional de INE. ¿Vamos a ver más correcciones al alza del PIB en el futuro?

No lo quiero anticipar, depende del Instituto Nacional de Estadística. Ellos tienen un proceso anual de revisión de la Contabilidad Nacional, en el cual tienen que ir repasando el conjunto de estadísticas e ir añadiendo información de estadísticas estructurales de más largo plazo. Lo que esperamos es que este proceso se siga produciendo de manera normalizada.

¿Cómo van las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado para 2025?

Las negociaciones de los Presupuestos son difíciles. Tenemos que ser optimistas en cuanto a que hay que encararlas con voluntad y con capacidad de negociación y de diálogo con todo el arco parlamentario. Es en lo que en lo que estamos, con unas perspectivas, esperemos, de acuerdo para los presupuestos del año 2025.

¿Puede aguantar este Gobierno en caso de que no haya nuevos presupuestos?

Vamos a por los nuevos presupuestos. Se van a presentar, se van a negociar y espero que lleguemos a un acuerdo. Vamos a poner toda la carne en el asador para conseguirlo. A partir de aquí, en la práctica, en 2024, estamos conviviendo en una situación de prórroga presupuestaria, que no está siendo un factor limitativo para que podamos llevar a cabo las inversiones que teníamos previstas o que estemos avanzando en nuestra agenda de reformas en el marco del Plan de Recuperación. Es otro mensaje también tranquilizador para los ciudadanos de que el Gobierno sigue avanzando incluso en el escenario actual.

El Gobierno ha anunciado que va a subir el límite de gasto para alcanzar un acuerdo con Junts, ERC y otras formaciones políticas de cara a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Si a esto le sumamos un nuevo sistema de financiación autonómica, que puede haber un traspaso de deuda de unas Comunidades Autónomas al Estado, un incremento del gasto... ¿Está preocupado el ministro de Economía por no cumplir el déficit ante las exigencias de Bruselas?

Los objetivos de déficit que se plantearon son del 3% para 2024, el 2,5% en 2025 y el 1,8% en el año 2027. El objetivo del 3% este año es importantísimo para nosotros. Es el límite entre estar entre los países malos alumnos y los buenos alumnos. Vamos a cumplir, tenemos que cumplir. Efectivamente, ese objetivo hay que aterrizarlo y repartirlo con corresponsabilidad entre las distintas administraciones territoriales: Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y Seguridad Social. Este primer paso de reparto de objetivos es en el que estamos ahora discutiendo, pero sin poner en peligro ese 3% que es nuestro gran objetivo de conjunto para este año.

¿Por qué el Gobierno no ha explicado todavía en qué consiste la “financiación singular” de Catalunya? Se está creando mucho ruido alrededor de un acuerdo que afecta a toda España y no se dan detalles.

Creo que deberíamos dar un mensaje de tranquilidad y sosiego en este tema. En primer lugar, el elemento de la equidad en la provisión de los servicios públicos en cualquier lugar del territorio español es un elemento sine qua non para cualquier reforma del sistema. Que los servicios públicos de sanidad, educación y otros que le correspondan a las comunidades autónomas se provean con la misma calidad y el mismo grado de atención vivas donde vivas en España. El Estado, con sus aportaciones, va a ser el gran elemento nivelador de solidaridad entre comunidades autónomas. Equidad y solidaridad están en el acuerdo, a partir de aquí hay que aterrizarlo a la vez que avanzamos en la reforma del sistema de financiación para el conjunto de las comunidades autónomas. Hay un marco de negociación que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están presentes todas las comunidades autónomas. Entiendo que todos queramos saber cuál va a ser el punto de llegada, pero seamos conscientes de que el punto de partida tiene suficientes elementos de confianza para entender que no va a ser perjudicial para nadie.

Francia y el Reino Unido han anunciado planes que podrían elevar la presión fiscal a las grandes fortunas para empezar a consolidar sus cuentas y abordar nuevos gastos sociales. ¿Qué va a hacer el Gobierno en ese sentido?

Es importante que actualicemos la situación actual de la economía española, de la evolución de los ingresos y del déficit, porque teniendo una visión actualizada podremos ver el grado de esfuerzo necesario para ir cumpliendo con las reglas europeas. Hay que recordar que el Plan de Recuperación está redactado en 2021, la imagen con respecto a las necesidades y al crecimiento de la economía española ha cambiado mucho. Estamos mucho mejor de lo que se preveía en 2021 y hay que tenerlo en cuenta como punto de saque ante un mayor esfuerzo fiscal. El Presidente ya anunció claramente en su discurso de inicio de curso que hay que abogar por seguir aumentando la progresividad de nuestro en nuestro sistema fiscal. En cuanto a la medida específica del impuesto a las grandes fortunas, simplemente señalar que a nivel internacional es una discusión que está avanzando. En el marco del G20, Brasil puso sobre la mesa un impuesto a los superricos. El caso español ya está sirviendo como un ejemplo, tanto en cuanto a la configuración del impuesto como en los grandes avances que hicimos en España para tener información sobre los activos, la riqueza de los de los ciudadanos, no solo la renta, porque para estos impuestos es muy importante tener en cuenta el nivel de riqueza de activos. Por lo tanto, ahí somos referencia, somos líderes y como decía, es una discusión que no es solo doméstica, sino que se está avanzando a nivel internacional.

¿Va a cumplir el Gobierno con el compromiso de convertir en impuestos permanentes los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas?

El compromiso del acuerdo de Gobierno era darle continuidad a estos impuestos que se originaron con un carácter temporal o excepcional como necesidad de financiar el escudo social que ayudará a los ciudadanos a superar la crisis de inflación. Ahora estamos en un entorno distinto y hay que pensar en un contexto de medio o largo plazo. En el caso de las energéticas, uno de los grandes objetivos de política económica es seguir invirtiendo grandes cantidades para avanzar en la descarbonización de la economía y en la penetración de renovables. En cuanto a la la banca, hay que tener en cuenta los ciclos de tipos de interés, que formen parte de la discusión.

¿Van a mantener su posición a la fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell?

No tenemos ningún elemento nuevo de información en los últimos meses que nos haga cambiar nuestra posición. Tenemos una enorme preocupación con respecto al impacto en materia de competencia. Esta operación podría suponer una excesiva concentración en el sector con solo tres grandes jugadores y supondría un elemento perjudicial para los clientes en materia de inclusión financiera además de un impacto en materia de cohesión territorial en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde Sabadell concentra su actividad, o en el sector de las pymes. Estamos a la espera del procedimiento de la OPA y del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ahora mismo no hay ninguna novedad adicional, con lo que mantenemos nuestra posición.