Hacienda ha aflorado 1.000 millones en alquileres de viviendas, locales o garajes gracias a los cientos de miles de notificaciones que envía cada año, desde 2016, a los propietarios con ingresos por arrendar sus propiedades.

El esfuerzo “preventivo” para conseguir que los alquileres se declaren en el IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas) comenzó hace ocho años, justo cuando el mercado empezó a crecer y crecer y los precios a escalar —alrededor de un 30% en todo el país en este mismo periodo, como se explica aquí—. Hoy, el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema económico de nuestro país, sobre todo para los más jóvenes y en las grandes capitales y en los principales destinos turísticos, donde se concentran la mayor parte de los puestos de trabajo y la oferta de pisos o casas turísticas.

Inicialmente, la Agencia Tributaria echó mano de herramientas de 'big data' para encontrar a los arrendadores en los portales de Internet (desde Idealista, hasta Airbnb o Booking). Con la información de los anuncios de estas “fuentes abiertas” —según la jerga tributaria—, los funcionarios de Hacienda enviaban los avisos a los propietarios para que pagaran los impuestos correspondientes.

En una segunda etapa, “entra a funcionar la declaración informativa de las plataformas de vivienda que intermedian en los alquileres [de nuevo, portales inmobiliarios, y también de ofertas turísticas]”, según explican desde la Agencia Tributaria a elDiario.es. Cuando esta información “se considera suficientemente madura [fiable]”, los datos se incorporan automáticamente en la casilla correspondiente de los borradores de las declaraciones del IRPF de los propietarios, sin necesidad de lanzar notificaciones.

En los últimos ejercicios, la mayoría de avisos de la Agencia Tributaria se envían con la información de las fianzas de los inquilinos que los propios arrendadores depositan en las comunidades autónomas. En resumen, en los primeros seis años, gracias a las notificaciones, la recaudación de Hacienda aumentó en 878 millones de euros, después de aplicar las reducciones previstas para los ingresos por alquileres. En 2022 y 2023, la Agencia Tributaria ha aflorado otros 147 millones, hasta superar los 1.000 millones en total.

Este sistema o campaña de avisos a los caseros es “una medida de afloramiento” previa a las inspecciones y controles, que Hacienda realiza cuando constata que los impuestos no se están pagando y sobre los que no existen datos específicos que tengan que ver con los alquileres de viviendas.

Actualmente, algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en España, con datos hasta 2022, los últimos consolidados. La cifra es algo inferior a la del total de autónomos que trabajan. La comparación sirve para medir la dimensión política y económica de los 'pequeños' (y no tan pequeños) rentistas. De su actividad, Hacienda recauda unos 2.000 millones cada año, según la estadística de 2022 y la estimación de 2023.

Estos datos registrados por la Agencia Tributaria son cruciales para diseñar y evaluar las políticas que busquen aliviar la asfixia de muchas familias. Concretamente, de las que sus rentas (salarios, pensiones...) han crecido muy por debajo del aumento de los precios de los alquileres, y de la rentabilidad que obtienen los propietarios.

Las campañas de Hacienda, llamando a las puertas de los caseros cada año, han revelado un mercado del alquiler que ha crecido todos las ejercicios desde el 2000, con la única excepción de 2020. La renta total bruta obtenida por los arrendadores de viviendas de nuestro país se ha incrementado desde los 2.500 millones de principios del milenio, hasta los casi 22.300 millones de 2023, según los datos de la Agencia Tributaria.

El crecimiento se intensificó tras los peores años de la gran crisis financiera. Desde 2014, la renta de los caseros se ha duplicado, desde los 10.000 millones, hasta los 22.300 millones. En este mismo periodo, las rentas salariales se han elevado un 53% y las de los pensiones un 46,7%, la mitad aproximadamente.

Al igual que en el crecimiento de los ingresos de los alquileres se incluye el aumento de los arrendadores —de dos millones a tres millones en la última década—, en el incremento de los salarios se tiene en cuenta la creación de puestos de trabajo.

Las mismas estadísticas de la Agencia Tributarias ofrece una radiografía de los declarantes con ingresos por arrendar viviendas, locales o plazas de garaje. Por ejemplo, muestra que una de cada cinco familias con una renta entre 30.000 y 60.000 euros brutos al año tiene unos ingresos medios de casi 800 euros al mes por alquilar propiedades inmobiliarias. Exactamente, son 923.512 rentistas en este tramo.

Estas cifras se disparan según aumenta lo que se gana, y eso que no incluyen los vehículos de inversión en vivienda (sociedades, fondos, socimis...) de los más ricos o grandes tenedores, que no tributan IRPF. Según distintos expertos, estos últimos representan el 8% del mercado del alquiler.

En el tramo de renta entre 60.000 euros y 150.000 euros, son tres de cada diez declarantes (315.186 en total) los que tienen rentas por alquilar sus propiedades. Unos ingresos que ascienden a casi 1.300 euros al mes (siempre en promedio). De esta cifra se desprende que tienen arrendadas viviendas más grandes o más de una propiedad.

Los números crecen en los siguientes tramos de renta. Entre 150.000 y 601.000 euros, un 40% de estas familias ricas declaran ingresos por alquilar (60.681 declarantes con 2.000 euros brutos al mes). En el tramo de los ultra ricos, por encima de 601.000 euros de renta, son cerca de la mitad (7.109 declarantes con 2.600 euros). Pero hay que tener en cuenta que son más los que entre estas grandes fortunas invierten en vivienda para obtener rentabilidad a través de empresas (que pagan el impuesto de Sociedades), de socimis o de fondos colectivos, y que, por tanto, no están recogidos por esta estadística del IRPF.

Por debajo de 30.000 euros brutos al año, también aparecen rentistas en la estadística de los declarantes del impuesto de la Renta. Medio millón, un 12% del total, entre 21.000 y 30.000 euros. Otro medio millón, entre 12.000 euros y 21.000 euros (un 10% del total). Ambos, con ingresos que rondan los 600 euros al mes. Los porcentajes de uno de cada diez se mantienen incluso entre los más pobres.