Ya hay reacción a la decisión de la UE de imponer definitivamente aranceles a los vehículos eléctricos que se fabrican en China: Pekín gravará la importación del brandy europeo. Es la primera medida adoptada por el Gobierno chino después de que el pasado viernes los 27 dieran vía libre a la Comisión Europea para aumentar hasta en un 36% las tasas sobre los coches eléctricos que se producen en el gigante asiático tras una investigación que concluyó que los subsidios estaban provocando una sobreproducción en ese país que perjudica al mercado europeo con prácticas de competencia desleal.

La imposición de medidas 'antidumping' provisionales se quedó en standby en verano después de que China lanzara una investigación a la importación de ese tipo de licores, al igual que hizo con productos lácteos y porcinos (este último sector afectaría especialmente a España, que es uno de los principales exportadores). Ahora los importadores del licor deberán entregar depósitos de seguridad a las aduanas chinas a partir del 11 de octubre.

A partir del miércoles, China aplicará márgenes de entre el 30,6% al 39% a una serie de marcas europeas de brandy, entre ellas las españolas Bodegas Osborne y Miguel Torres, a las que aplicará un 34,8%, según informa Europa Press.

En ese mismo sentido, China está “estudiando” la imposición de aranceles a vehículos de combustible de gran cilindrada que importa de la UE para “salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos de sus industrias y empresas”, según ha anunciado el Ministerio de Comercio. Un portavoz de la cartera indicó en un comunicado que Pekín está llevando a cabo investigaciones para proteger “plenamente los derechos de todas las partes interesadas”, informa la Agencia EFE. Esas investigaciones incluyen los productos lácteos y la carne: “Emitiremos un fallo objetivo y justo basado en los resultados de las investigaciones sobre la carne de cerdo y los productos lácteos de la Unión Europea”.

La Comisión Europea denunciará esa decisión del gobierno chino ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Creemos que son medidas que carecen de fundamento y estamos determinados a defender a la industria europea frente al abuso de instrumentos de defensa comercial”, ha apuntado el portavoz de comercio del gobierno comunitario, Olof Gill.

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha defendido los aranceles que la UE aplicará al vehículo eléctrico como una “decisión muy proporcionada”. “No hay razón para reaccionar a esta decisión con represalias”, ha señalado en una rueda de prensa posterior a la reunión con los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin).

Con una gran división, la UE dio vía libre a la imposición de nuevos aranceles a los coches eléctricos que se fabrican en China, que a lo largo del proceso se han ido revisando a la baja a lo largo de todo el proceso. Serán de hasta el 35,3% (SAIC y las compañías que no colaboraron con la investigación). Otros fabricantes que reciben subvenciones, como Geely o BYD tendrán recargos del 18,8% y el 17%, respectivamente. Los aranceles también afectan a las importaciones de los fabricantes occidentales que producen en China, como Telsa (7,8%), Dacio o BMW. Las empresas que colaboraron con la investigación serán gravadas con un 20,7%.

Diez países se posicionaron a favor del incremento de los aranceles, cinco los rechazaron, pero la mayoría (doce) se abstuvieron. Para tumbar los aranceles se requería una mayoría cualificada (al menos 15 países que representen al 65% de la población europea). España fue uno de los países que votó en blanco bajo la premisa de evitar una guerra comercial. Este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado la necesidad de evitar una “escalada” en este tipo de medidas, ha defendido la necesidad de seguir negociando y ha pedido a China “esa misma predisposición”.

El gobierno comunitario siempre ha sostenido que estaba abierto a negociar con el gobierno chino y que incluso la decisión sobre los aranceles, que en principio estarán vigentes durante cinco años, se puede revertir en cualquier momento en caso de que haya un acuerdo. Lo que buscaba Bruselas acelerando la votación (para la que tenía de margen hasta el 30 de octubre) es precisamente presionar a China, que hasta ahora no ha hecho ofertas asumibles para la parte europea.