Un juzgado de Madrid investiga por lo penal el suicidio de un empleado de la empresa pública Mercasa que se quitó la vida en 2020 después de años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo.

La viuda del trabajador encontró el cuerpo sin vida de su pareja en el baño de su casa en la madrugada del 2 de marzo de 2020. Para entonces, Jorge S.C. llevaba casi dos décadas trabajando en el área Financiera de esta empresa pública del sector de la distribución alimentaria, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Agricultura. Jorge ejercía como jefe de planificación y consejero de varias filiales. Su trabajo se centraba en elaborar el Plan Operativo Anual (POA) –los presupuestos anuales– y reportar la contabilidad de la empresa a la SEPI. Pero en 2017 una operación contra la corrupción de la Audiencia Nacional aumentó su carga de trabajo. 

El fallecido y uno de sus compañeros se convirtieron en el enlace de la empresa con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargados por tanto de suministrar información al juez. Una causa penal que arrancó con el registro de las oficinas en Madrid y la imputación de una veintena de directivos y que, a día de hoy, está a la espera de juicio con Anticorrupción pidiendo condenas de hasta ocho años de cárcel por una supuesta trama de mordidas y comisiones millonarias en Angola. 

Esa operación contra la corrupción se llevó por delante a buena parte de la cúpula de la empresa pública, con Jorge y uno de sus compañeros asumiendo su carga de trabajo. Según la investigación judicial de su suicidio, en ese momento empezaron los “encontronazos” con algunos de sus superiores y el “mal clima” en el departamento financiero fue “en aumento”. 

El juzgado número 29 de Madrid archivó la causa penal poco después de comprobar que su muerte había sido un suicidio, pero terminó reabriendo las diligencias obligado por la Audiencia Provincial. Un informe de la división especializada de la Policía Municipal cimentó la imputación de tres personas: García-Cabo, hasta hace unos días responsable de Planificación y Estrategia de Mercasa y ahora máximo responsable del área Financiera, junto con Marta Olalquiaga, que era directora Financiera bajo su dependencia y la jefa directa del fallecido desde septiembre de 2017. La tercera persona investigada es Maite Valls, responsable de Recursos Humanos y Riesgos Laborales en aquel momento. Por ahora solo el primero ha declarado.

Ese informe policial, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge el “hostigamiento” de Olalquiaga a sus subordinados, situación que “era conocida por todos”, entre ellos los otros dos imputados. Según la Policía, que interrogó a más de una decena de testigos, en sus últimos días Jorge se había convertido en “una persona desaliñada, excesivamente nerviosa, con pérdida de peso, sin cambiarse de ropa en días, incluso con manchas en las prendas, llevando su actividad laboral a horas nocturnas”. El documento también relata que Mercasa fue sancionada por la Inspección de Trabajo en 2021 por falta de medidas para prevenir riesgos psicosociales, acreditando “la falta de control horario de los trabajadores, no contabilizando las horas extras” y “menos aún” las realizadas en remoto en el momento del fallecimiento de Jorge. 

Durante esa inspección, se analizó el ordenador del fallecido con “conexiones durante todos los días de la semana” a la VPN de Mercasa, muchas de madrugada. En la madrugada de un sábado nueve días antes del suicidio, Jorge recibe “hasta seis e-mails por parte de Marta Olalquiaga” con el asunto “ME LO MANDAS?” y “sin contenido”, relata el informe.

En su comparecencia ante la jueza, García-Cabo ensalzó al fallecido aunque destacó su carácter “anárquico” a la hora de trabajar y negó que la empresa hubiera desoído cualquier denuncia de acoso en torno a él y Marta Olalquiaga. “No es preciso trabajar 14 horas diarias en Mercasa, se trabaja el horario establecido, ni una hora más”. Afirmó no saber nada de ninguna situación conflictiva: “No lo hubiese consentido”, dijo para defender que la empresa tenía canales internos para solventar estas situaciones. La jueza llegó a llamar la atención a la abogada del Estado que defiende a García-Cabo por cómo conducía el interrogatorio.

Su declaración contrasta con lo afirmado por otros testigos a la Policía. Un compañero directo del fallecido relató cómo Olalquiaga estaba “siempre detrás de la mesa de Jorge, pidiendo y recriminando todo el día con una actitud altiva”. En persona y por correo electrónico “de lunes a domingo a cualquier hora, incluso de madrugada”. Otro testigo relató que Olalquiaga “apartaba a Jorge de las decisiones” y le criticaba “en público”, acusándolo de “desordenado”. 

Olalquiaga, que abandonó Mercasa diez días después del suicidio de Jorge, aunque anunció su dimisión antes, no ha querido atender a este medio. Ante la Policía reconoció “confrontaciones” con el fallecido y otro empleado, al entender que asumían demasiada carga de trabajo sin delegar en subordinados competentes. Olalquiaga y García-Cabo incidieron en el argumento esgrimido por la empresa sin éxito ante los tribunales por la vía laboral: que el verdadero origen de la situación del fallecido era su propia desorganización y no el acoso y la sobrecarga de trabajo. 

Quienes conocieron a Jorge lo definen como una persona extraordinariamente educada, de trato afable, introvertido, muy entregado a su trabajo en Mercasa, y que a diferencia de otros compañeros de departamento, nunca entró en confrontación directa con su superior inmediata. El fallecido no denunció estos hechos en la empresa. Unos minutos antes de quitarse la vida a los 49 años envió cartas de despedida a su pareja, su hijo de muy corta edad, compañeros de trabajo y su jefe: “Reducen plantilla, me avisan tarde de las cosas, actúan por su cuenta, arriba me atacan, debajo también y por los lados soy víctima colateral de los tiempos. Fin”, decía en una de ellas. Solo tres días antes de suicidarse, acudió a un hospital con una crisis de ansiedad.

Las sentencias dictadas hasta ahora han determinado que sufrió acoso laboral. Porque además de la multiplicación de la carga de trabajo para atender las peticiones de información de la Guardia Civil, tuvo que asumir durante meses las funciones del director Financiero hasta que se nombró a una nueva persona en ese puesto, Olalquiaga. Para entonces, el ejecutivo de Mariano Rajoy había cambiado la cúpula y nombrado secretaria general a la entonces semidesconocida Macarena Olona. 

Según una persona que trabajó allí en esos años, la luego diputada de Vox “genera muchísima tensión, como si estuviera haciendo una investigación en el País Vasco”, con interrogatorios muy agresivos a personal de la empresa. “El ambiente se enrareció muchísimo”. Olona fue cesada en octubre de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Un nuevo equipo gestor encabezado por el presidente de Mercasa hasta abril de este año, José Ramón Sempere (ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante en los 90), no mejora el ambiente laboral en esta empresa, ni en el área Financiera. 

Sempere asciende a García-Cabo, histórico de Mercasa en Asturias, para degradar en la dirección Financiera a Olalquiaga, la superior directa de Jorge. Y la situación en ese departamento “se agrava”, dice el informe policial. A Olona le sustituyó en la secretaría general otro abogado del Estado, Jesús Moreno Vivas, que en enero de 2023 abandonó Mercasa para ser nombrado director general de lo Contencioso en el Ministerio de Justicia. 

La causa oficial del despido de Olalquiaga fue su negativa a firmar las cuentas de una filial de la que era consejera, Mercabadajoz. “No creía que estuviera saneada y no encontré respaldo de la dirección”, explicó ella ante la Policía. 

Internamente, durante muchos meses se presentó la muerte de Jorge como un infarto. En un primer momento Mercasa se mostró dispuesta a declararla accidente laboral, pero finalmente no lo hizo. Según algunas fuentes, por las implicaciones penales que podía tener. El 25 de mayo de 2021 la empresa pública declaró que el óbito había sido un accidente “no laboral”. La viuda del fallecido demandó a la empresa por la vía de lo Social alegando “la carga de trabajo, el estrés o el supuesto acoso” a su marido. 

Las últimas declaraciones en el juzgado se tomaron el pasado 26 de septiembre, poco después de que el Tribunal Supremo confirmase que el suicidio debe considerarse un accidente laboral con la correspondiente pensión de orfandad para su hijo menor de edad. Los jueces del Supremo determinaron que Jorge se quitó la vida tras años de sobrecarga de trabajo, horas extra no contabilizadas y acoso laboral, tal y como dejó por escrito en varias cartas antes de morir. “Existió una clara conexión o relación de causalidad entre la acción suicida y el trabajo”, dijo el Tribunal Superior de Madrid.

En este proceso laboral los jueces han reprochado ya a esta empresa estatal que no hubiera hecho nada por reducir los riesgos psicosociales del puesto de trabajo del fallecido. Una evaluación realizada en 2016, antes del escándalo de Angola, ya calificó de “muy elevado” el riesgo de su departamento por “sobrecarga de trabajo”. 

La estrategia fallida de Mercasa y la Abogacía del Estado en este caso fue responsabilizar al fallecido de la sobrecarga de trabajo por su supuesta desorganización. La Abogacía del Estado, en representación de Mercasa, llegó a afirmar que “era una persona desorganizada”, que nunca se le concedió el teletrabajo y “no fue autorizado para realizar horas extras”. Otro trabajador de su departamento llegó a acumular 105 horas extra, más de cuatro días completos de trabajo, según las resoluciones de lo Social.

En el procedimiento no está investigada como persona jurídica Mercasa, cuyo mayor accionista, la SEPI, no comenta este asunto. Desde su creación en abril de 1966 Mercasa ha promovido y gestiona junto a los ayuntamientos respectivos la red español de mercados mayoristas, en la que opera sin competencia. También tiene una red de ocho centros comerciales con cerca de 300 establecimientos en ocho ciudades. 

Es una empresa de reducida dimensión, con una plantilla de apenas 67 personas a cierre de 2023. El año pasado facturó 19,3 millones de euros. Pero los ‘mercas’ generan un negocio anual de 22.000 millones, como señalaba hace unos días su actual presidente, el exministro de Sanidad José Miñones.

García-Cabo se ha mantenido en el organigrama directivo hasta ahora. El anterior presidente de Mercasa fue sustituido en abril por Miñones y actualmente dirige el Museo del Ferrocarril. El sueldo de presidente de Mercasa es uno de los más altos del sector público. Sempere, que no ha querido comentar este asunto por estar judicializado, cobró 187.669,21 euros en 2023.

La empresa ha rechazado hacer declaraciones al existir “un proceso judicial en marcha y en el que Mercasa no es parte”, mostrando su “respeto” hacia estas diligencias y reiterando que está “muy comprometida con la creación de entornos de trabajo seguros y saludables”. Destacan que se han “intensificado” las medidas para “implantar políticas internas de flexibilidad horaria y desconexión digital”, contando con “programas de evaluación de riesgos psicosociales y un comité de seguridad y salud” con la participación de los representantes de los trabajadores.