Los distintos gobiernos de nuestro país han derrochado cerca de 160.000 millones en beneficios fiscales a los propietarios de viviendas en los últimos 40 años. Esta es una de las principales conclusiones del informe titulado 'Cuatro décadas fallidas de política de vivienda' que ha publicado este miércoles el gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO).

“España podría tener hoy un parque asequible de casi cinco millones de viviendas en propiedad y alquiler. Ese es el coste de oportunidad de la mala asignación realizada durante cuatro décadas”, lamentan desde CCOO. Desde la década de los 80, solo una de cada cinco viviendas finalizada es pública. En total, 2,7 millones en este periodo, cuyo peso en el mercado no ha parado de menguar, hasta suponer apenas una vivienda de cada diez desde 2020.

Los expertos del sindicato señalan que los 160.000 millones derrochados en deducciones en el IRPF han supuesto “una transferencia de dinero público de las que el vendedor se apropiaba incrementando el precio de venta, sabedor de la mayor capacidad de pago del comprador al disponer de la ayuda fiscal”. Además, tienen “un claro sesgo regresivo”, porque “se han beneficiado en mayor medida los contribuyentes con mayor capacidad de renta”.

“Si cada año el coste fiscal de esa deducción se hubiera destinado a promover vivienda pública, en 2024 tendríamos un parque público de 1,6 millones de viviendas”, reitera el informe. Para realizar este cálculo, CCOO ha tenido en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, el coste de construcción en junio de 2024 ascendía a 1.310 euros/m2 construido, según la Sociedad de Tasación. Esto implica, aproximadamente, un coste de construcción de unos 1.500 euros/m2 útil. “A su vez, hemos considerado que un parque público de alquiler tendría que dar solución a distintas necesidades habitacionales de los hogares, y por lo tanto estaría compuesto por un 50% de viviendas de 3 habitaciones (80 m2), un 25% de viviendas de 2 habitaciones (60 m2) y un 25% de viviendas de una habitación (50 m2)”, detalla. Con estos datos, se obtiene un coste medio por vivienda de 101.250 euros, que es el valor utilizado en los cálculos.

Por otra parte, entre 1992 y 2022, los gobierno centrales de España han gastado 7.311 millones de euros de 2023 en desgravaciones fiscales a los inquilinos para sufragar sus gastos de arrendamiento de su vivienda habitual. “Ayuda fiscal de la que en gran medida se han apropiado sus caseros, que además disponían de otras cuantiosas reducciones fiscales en su base imponible”, incide el informe. “Con esos 7.311 millones gastados en deducciones fiscales se habría podido edificar 72.000 viviendas de alquiler que sumar al parque público”.

Adicionalmente, “la recopilación de gasto destinado a la política de vivienda entre 1997 y 2024 por el Gobierno central se cifra en 33.000 millones de euros de 2023. Este dinero se ha destinado principalmente a financiar a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) los sucesivos planes estatales de vivienda, que a su vez nutrían de fondos los planes de vivienda de las diferentes comunidades autónomas y donde se financiaban un amplio abanico de actuaciones en materia de vivienda, no siempre coherentes con los fines teóricamente defendidos”, defiende el gabinete económico de CCOO.

“Con estos 33.000 millones de euros se podrían haber construido 327.000 viviendas, que formarían parte del parque público de alquiler. De hecho, una parte de estos fondos habrá servido para financiar parte de la construcción del exiguo parque público de vivienda existente en la actualidad, que se cifra en torno a 300.000 viviendas entre todas las administraciones públicas”, comentan estos expertos.

El informe también se define en las viviendas protegidas, las conocidas com VPO. El peso de estas vivienda públicas “a las que puede optar la población es anecdótica comparado con el volumen total de la oferta de viviendas disponibles en el mercado inmobiliario. La práctica totalidad de viviendas disponibles en el mercado son a precio libre”. Esta escasez de oferta pública ha exacerbado el problema del acceso a la vivienda, junto a los bajos salarios y al impacto del alquiler turístico, que ha reforzado el tratamiento de los pisos y las casas como productos de inversión especulativa, sobre todo para los fondos y las 'grandes manos'.

“De hecho, el saldo neto de viviendas protegidas lleva una década siendo claramente negativo. Cada año se venden (se enajenan) 40.000-50.000 viviendas protegidas (un total de 765.000 entre 2007 y 2023) mientras que apenas se construyen unos pocos miles de nuevas viviendas protegidas cada año, menguando cada vez más el parque existente de viviendas protegidas, al no generalizarse la no descalificación de estas viviendas. En la última década (2013-2023) se han perdido 368.000 viviendas protegidas, cifra en la que las enajenaciones de viviendas protegidas supera a la cifra de nuevas viviendas protegidas construidas y que se suman a la especulación inmobiliaria”, explican desde CCOO.

“Décadas de políticas paliativas de vivienda y un predominio absoluto del mercado y del sector inmobiliario no han mejorado la accesibilidad a la vivienda en España ni el esfuerzo económico de las familias”, finaliza el informe.