Así que eligió la sanidad pública frente a la privada, concertada a través de Muface. “Siendo trabajadora pública, me parece que lo coherente es estar en la Seguridad Social”, insiste. Virginia, que trabaja en Villalba, tomó esa misma decisión unos años antes, en 2008. Aunque, en realidad, la decisión siempre estuvo tomada: “Soy defensora de los servicios públicos. Los defiendo y los utilizo”. En aquel momento, recuerda, “pedías cita con el médico de familia y te la daban para el mismo día. Ahora, a veces tardan una semana, pero creo que la mejor manera de apoyar la sanidad pública es seguir utilizándola”, insiste.

Todavía son más, el 70%, quienes se decantan por un seguro privado a través de Muface, pero el número de funcionarios que confían en la sanidad pública no ha parado de crecer en la última década. Si en el año 2013 había 276.005 trabajadores públicos que optaban por la Seguridad Social, en 2023 suponían un 66% más. Y crecen respecto a ese grupo, pero también en relación al total de asegurados: del 18 al 30%. Como se aprecia en el siguiente gráfico, este incremento se ha producido, principalmente, a costa de las aseguradoras Adeslas y Asisa.

Este incremento, acentuado especialmente desde 2020, lleva años siendo motivo de estudio. “No hay un único factor”, señala la consejera de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Consejo General de Muface, Mari Carmen Espejo, que apunta a parámetros como la edad, el sexo o, incluso, la categoría profesional. Algunos funcionarios de los rangos más altos optan por la sanidad pública y, a su vez, abonan de su bolsillo una póliza privada para tener ambas opciones.

En pleno debate sobre la financiación del sistema mutualista, Espejo reclama una “financiación adecuada para que haya una atención adecuada”. El Consejo de Ministros aprobó este martes las bases para el concierto de 2025 y 2026, con un incremento de la prima del 17%. En total, son más de 2.682 millones de euros para las aseguradoras privadas, que llevaban días advirtiendo que no acudirían a la subasta si la oferta no cubría sus expectativas. De hecho, se habían señalado que un 14%, pero también un 25%, era “insuficiente”.

“El gasto en cada mutualista es inferior al gasto en el sistema público”, indica Espejo. Es un argumento que esgrimen también desde el lobby de la sanidad privada. Según los datos de la Fundación IDIS, en el concierto en vigor las aseguradoras reciben 984 euros por funcionario, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público. Se trata de una media por paciente, pero no tiene en cuenta la asistencia, las pruebas o los tratamientos que recibe. “A menudo, ante enfermedades graves, (los mutualistas) nos piden ayuda para volver a la pública o pasar por primera vez”, indica la portavoz de la Federación de Educación de CCOO en Madrid, Isabel Galvín, lo que sube el coste medio de atención en la pública.

José Manuel es profesor de universidad, ya jubilado. “Originalmente está en Asisa. Cuando uno es joven y no tiene enfermedades, para ir a que te mire el médico un catarro la cosa es sencilla y puedes tirar tranquilamente”, explica. Cuando, con la edad, su salud y la de su esposa empeoró, optaron por el cambio. “Mi mujer empezó a perder oído y, en lugar de analizarlo, tiraron rápidamente de operación. Al final se quedó sorda. Y yo tuve una pequeña angina de pecho. En lugar de aplicarme rehabilitación cardiaca, querían hacerme un cateterismo agresivo. Un amigo me dijo que eso era una barbaridad y decidí cambiarme, hace más de 50 años”, cuenta ahora, con 72.

Como puede verse en el siguiente gráfico, el número de funcionarios que eligen cobertura pública ha crecido en todas las comunidades autónomas. Desde Navarra, donde el porcentaje de quienes optan por este recurso alcanza el 56%, hasta Andalucía, que ha pasado del 12,1 al 19,2%. En Balears la tasa ha crecido en un 150%.

Los datos por comunidades autónomas dibujan un mapa con diferencias claras entre norte y sur. Arriba, el uso del sistema público es mayor.

A qué se debe el incremento de funcionarios que van a la pública

“El incremento en los últimos tres ejercicios se debe, sobre todo, al volumen de ingresos de docentes de primaria y secundaria, a través de los procesos de estabilización y oposiciones”, indican fuentes del Ministerio de Función Pública. “Han sido 45.000 el año pasado y 35.000 en 2024, que acceden con una media de edad de 49 y 38 años, respectivamente y que siempre han tenido atención del servicio público de salud”, añaden. Es decir, conocen a su médico de familia, tienen un especialista que sigue sus enfermedades crónicas y un hospital de referencia.

“Según el barómetro sanitario de 2023, el motivo principal por el que las personas escogen un seguro privado es el menor tiempo de espera en la atención. El sistema privado ha podido funcionar adecuadamente con un número reducido de asegurados, enfrentando procesos de baja complejidad y coste, mientras que el sistema público asumía los procesos de mayor complejidad. Sin embargo, el aumento de personas con seguro privado en los últimos años ha puesto de manifiesto que cuando las condiciones previas no se dan, el sistema deja de funcionar adecuadamente y las personas aseguradas empiezan a experimentar retrasos en la atención por parte del sistema privado”, apuntan fuentes del Ministerio de Sanidad. Este deterioro en la atención que presta la sanidad privada ha sido reconocido desde el propio sector. El presidente de la Fundación Idis, Juan Abarca, ha repetido en varias ocasiones que los problemas de la sanidad pública repercuten en el modelo privado.

Algunas fuentes consultadas coinciden en señalar que los mutualistas han experimentado un “recorte” en los cuadros médicos privados a los que pueden optar, así como una menor oferta de especialistas y centros sanitarios. En Adeslas, por ejemplo, hay más de 900 cuadros médicos disponibles en la Comunidad de Madrid para las pólizas generales, pero en torno a 570 para los asegurados de Muface. Además, indican que algunos especialistas o las propias aseguradoras prefieren atender pólizas privadas puras, con mayor rentabilidad. “Uno de los factores que impulsan ese trasvase es la disminución en la asistencia sanitaria que se viene realizando con los últimos conciertos”, lamenta Espejo, que insiste en en reclamar esa “financiación adecuada”.

En el informe 'El misterio Muface, ¿selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?', de 2019, la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel y el profesor Jaime Pinilla, de la Universidad de las Palmas (ULPGC) planteaban esas dos hipótesis para explicar el trasvase de mutualistas al sistema público. El estudio apunta que el factor de envejecimiento y la selección del riesgo es clave para entender el fenómeno. A peor salud, más sanidad pública. A mejores condiciones, más privada. “Las personas cubiertas por aseguradoras suelen tener un menor uso de servicios sanitarios debido a un mejor estado de salud promedio”, apuntas fuentes de Sanidad. Los autores no encontraron, sin embargo, evidencia para señalar una percepción de cambios en la calidad percibida.

Y después llegó la crisis sanitaria del coronavirus. “La sanidad pública fue la encargada de cuidar a la población en su conjunto, lo que ha generado un reconocimiento del valor del sistema público como una red de protección en situaciones de emergencia”, apuntan desde Sanidad. “Desde la pandemia, la tendencia a ir a la pública ha aumentado, por la mejor atención en la cobertura de vacunación y a las personas mutualistas y sus familias”, coincide la portavoz de CCOO.

María tiene 41 años. Es profesora de primaria y obtuvo su plaza en 2009. Inicialmente eligió la sanidad pública: “Me funcionaba bien, quería seguir con mi médico e irme a la privada me generaba incertidumbre”. Un tiempo después empezó a sufrir síncopes, que le hacían desvanecerse. “Me decían que era joven y que no me preocupase. Como en el momento de ir a la consulta no tenía nada grave, se limitaban las pruebas básicas. Entonces me recomendaron un cardiólogo en la privada y me pasé al aseguramiento privado. Allí me hicieron un montón de pruebas y dieron con lo que tenía, una enfermedad que afecta a uno entre un millón. Pero con el diagnóstico, se bloquean. Diagnostican bien, pero en la prevención o, incluso, el tratamiento, son un desastre”, explica. Tras una reacción adversa a la primera dosis de la vacuna y un vaivén de llamadas, en las que su aseguradora no tenía claro a dónde derivarla, regresó a la pública en enero de 2022. “Gran parte de las pruebas las terminé aquí”, explica.

Los funcionarios pueden cambiar de sistema una vez al año, en enero. Según la cátedra 'El mutualismo administrativo: Modelo predictivo sobre la elección de los mutualistas de su modelo sanitario y escenarios futuros', los cambios extraordinarios solicitados por el colectivo Muface “se han incrementado de forma significativa desde la entrada en vigor del nuevo convenio”, en 2022 y que termina el 1 de enero de 2025. “En 2022 se han registrao un total de 560 peticiones de cambio, lo que supone un incremento del 123% respecto a 2021 y un 536% en comparación con 2013”, indica el trabajo, que incluye también a los funcionarios de Justicia, en Mugeju, y los de las fuerzas armadas, Isfas.

Algunas voces empiezan a hablar ya de la alternativa 'Muface a extinguir': que ningún nuevo funcionario tenga la opción de recurrir a la mutualidad y que quien se va, no pueda volver. “Parecería la opción pragmática más oportuna, porque no se daña a nadie y, aportando suficiente información, no se frustrarían las expectativas de los asegurados”, considera el experto en planificación sanitaria y economía de la salud José Ramón Repullo. Él descarta la supresión automática del subsistema por “impopular entre los funcionarios” —actualmente recurren en un 70% a ella— y por “problemas adicionales de saturación, si se hiciera de forma total y a la vez”.

¿Está preparado para el fin de Muface el sistema sanitario?

La patronal de la sanidad privada, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), ha acusado al Ejecutivo de querer propiciar de forma “deliberada” el “fin de Muface”, lo que supondría un “colapso”. “No es conveniente especular sobre escenarios que no están sobre la mesa”, aclaran fuentes de Sanidad, que recuerdan que las personas cubiertas por aseguradoras tienen un uso menor de los servicios y que, por tanto, “en un escenario donde todos los funcionarios pasaran a la pública, no necesariamente habría un uso intensivo e inmediato de los servicios de salud”. Desde ASPE han declinado participar en esta información.

No sería la primera vez que el sistema público tiene que asumir un trasvase masivo. “En 1983, el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria a 400.000 autónomos a la cobertura del INSALUD y, en 1989, se incorporaron en torno a 250.000 personas que estaban acogidas al padrón de beneficencia”, explica Repullo. En este caso serían cerca de un millón y medio de personas, entre funcionarios y familiares.