Comisiones Obreras ha presentado este jueves una propuesta para la creación de un fondo de inversión público para la vivienda asequible (FIVA). El objetivo del sindicato es aprovechar las nuevas líneas de financiación para la promoción de vivienda y la baja rentabilidad que dan los bancos a los pequeños ahorradores para financiar este mecanismo, que permitiría la construcción de 50.000 viviendas en alquiler asequible al año durante la próxima década.

Según han explicado el propio Sordo y el secretario de Políticas Públicas y protección Social de CCOO, Carlos Bravo, el fondo canalizaría tanto ahorro privado como recursos públicos. “Cuando hablamos de ahorro privado, nos referimos a ahorro de particulares, retribuido convenientemente y que hoy está en entidades financieras con una escasa retribución”, ha señalado Sordo, que ha citado estimaciones del Banco de España de unos 50.000 millones de euros en ahorros extraordinarios por los que los bancos no están dando intereses. “Sería un modelo de libreta donde las personas tienen el dinero a la vista, disponible y con la garantía del Fondo de Garantía de Depositos de Entidades de Crédito”, ha indicado Bravo, que ha señalado que la diferencia respecto a las entidades bancarias es que el organismo invertiría el dinero en políticas públicas, concretamente en vivienda.

La segunda vía de captación de recursos vendría de la mano de la inversión institucional, a través de aquellos fondos, como los de pensiones de empleo u otros intrumentos de inversión colectiva o fundaciones, con vocación socialmente responsable, que obtendrían también un retorno “prudente y razonable”. Además, Bravo ha señalado que la Comisión Europea ha establecido una comisaría específica para políticas de vivienda. “Habrá fondos comunitarios que pueden nutrir el FIVA”, ha indicado, así como otros estatales, que proponen gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El fondo requeriría de la cooperación de las administraciones públicas con suelo disponible. En primer lugar, de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), del Ministerio de Vivienda, pero también de comunidades autónomas y ayuntamientos que, además de poner a disposición el suelo público disponible, deberán catalogar las viviendas como protegidas. Y deberán hacerlo para siempre, para evitar prácticas como las que se han producido en las últimas décadas, que permitían que viviendas construidas con apoyo público terminasen vendiéndose en el mercado libre a precios muy superiores.

Los destinatarios del fondo serían tanto entidades públicas como de economía social, privadas sin ánimo de lucro e, incluso, de lucro limitado. Estas tendrían unas rentabilidades de en torno al 3,5%. Y no sería solo para la construcción, también para la captación y rehabilitación de viviendas construidas. El sindicato se fija en el modelo austriaco, donde los operadores de viviendas de lucro limitado son responsables de una quinta parte del parque de vivienda y han construido más de 840.000 inmuebles.

La gran baza de este fondo sería la garantía pública del Estado. “Sería comparable a los bonos del Estado”, ha señalado Bravo, pero con un fin “específico”. El siguiente paso es presentar la idea al Ministerio de Vivienda, donde el sindicato acudirá con ejemplos de éxito. “Se trata de una propuesta que sigue modelos ya implantados en otros países de la Unión Europea, como es el caso de las políticas públicas financiadas en Francia, entre ellas, de forma relevante la vivienda, a través de la captación y remuneración de ahorros minorista mediante la Livert A”, indican en un informe, en el que cifran el 17% la población que viven en alquiler bajo este modelo, a un precio medio de 6,27 euros el metro cuadrado.