José Luis Escrivá ha concedido su primera entrevista como nuevo gobernador del Banco de España al periódico económico 'Expansión'. Desde ese altavoz mediático (el líder del 'papel salmón'), ha provechado para hacer un guiño a las entidades financieras al pedir que se cambie el impuesto a la banca y “hacerlo neutral”.

Ni la tribuna ni el momento de esta declaración son baladís. El gobernador ha marcado su posición en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 entre el Gobierno y sus socios. Unas conversaciones que incluyen el diseño definitivo del hasta ahora “gravamen temporal”, debido a que el Ejecutivo se comprometió a convertirlo en un impuesto permanente en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar.

“Siempre he pensado que los bancos centrales debemos ser muy contenidos al hablar de impuestos, porque tienen efectos redistributivos y estos elementos pertenecen al ámbito de decisión democrática. En ese sentido, tenemos el máximo respeto por lo que decidan los órganos elegidos democráticamente respecto a los impuestos”, arraca Escrivá, sobre el asunto del gravamen a la banca.

“Dicho esto, nuestra contribución a este debate puede centrarse en el diseño. Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones y eso plantea problemas al menos en dos ámbitos. Por una parte, hay actividades bancarias que tienen más riesgo, por ejemplo, el crédito a las pymes, pero que también tienen más provisiones. En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral. Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades”, explica el gobernador.

Este planteamiento va en la misma línea al introducido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, desde primavera, ha propuesto convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”. A lo que Escrivá llama “neutralidad”, el ministro de Economía lo denomina “equilibrio”, que se alcanzaría “adaptando” el gravamen que se diseñó en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector financiero por la escalada de los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE). Una estrategia que ha buscado ahogar la demanda y la actividad económica en general (encareciendo las hipotecas de las familias y el resto de préstamos) para moderar así la inflación; y que, por el camino, ha beneficiado directamente a los bancos.

Ambas posturas chocan con la otra parte del Gobierno de coalición, la de Sumar. Este lunes, en rueda de prensa, el portavoz económico de Sumar, Carlos Martín Urriza, destacó que “lo que queremos es mantener los impuestos y que no los devolvamos por la puerta de atrás. No parece lógico que se introduzca un regalo. No entenderían que establezcamos un impuesto y luego les hagamos una serie de deducciones”.

Según añadió, “dentro de los socios de gobierno la distancia es grande porque para nosotros los impuestos de la banca y las energéticas son innegociables”. En 2024, el gravamen temporal a la banca ha recaudado 1.695 millones de euros, un cifra similar a la de 2023, según adelantó recientemente el Ministerio de Hacienda.

“Estos gravámenes [el de la banca junto al de las energéticas], que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023”, explica el departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

“Estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, continúa el Ministerio de Hacienda. 

Según ha analizado este periódico en otras ocasiones, el impuesto de Sociedades tiene muchos 'agujeros' que aprovechan las empresas, sobre todo las más grandes, para no tributar todo lo que les correspondería. 

“En este sentido, tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, añaden desde Haceinda.

El gravamen a las entidades financieras afectada a entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.