La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves que la transformación de los gravamenes temporales a la banca y a las energéticas en impuestos permanentes está en el aire, pese a que se trata de un compromiso del acuerdo para formar el Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar.

Montero lamenta que si el Ejecutivo “no cuenta con la mayoría suficiente no podrá cumplir con la vocación de que los impuestos a las energéticas y a la banca permanezcan a lo largo del tiempo”. Estos gravamenes temporales caducan a finales de este año. Su renovación es parte de las negociaciones para aprobar las Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

“La vocación que tiene el Gobierno es darle continuidad” a estos gravámenes, que se diseñaron en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios de ambos sectores por la crisis de inflación y las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE).

“Pero también el Gobierno es muy consciente de que tiene que acordarlo con el conjunto de grupos políticos, que los tienen que aprobar”, ha matizado, en declaraciones a un grupo de periodistas. “Estamos trabajando para intentar convencer de las bondades de pedirle un mayor esfuerzo a aquellos que han tenido mayores beneficios para que el conjunto de los ciudadanos pueda disfrutar de una mejor política de vivienda, de una mayor financiación de la sanidad, de la dependencia y de las políticas que dan igualdad de oportunidades”, ha explicado la vicepresidenta primera.

Sin embargo, “cada fuerza política es libre de prestar su apoyo”, ha añadido, en referencia al alineamiento de Junts con Repsol, que se opone frontalmente al impuesto. El grupo parlamentario de la derecha indepentista de Catalunya vuelve a amenazar con romper el bloque de la investidura del Gobierno y de dejarle sin apoyos para afrontar este compromiso.

“Ojalá tengamos una mayoría suficiente para poder darle continuidad a este impuesto. Porque nos parece que es una figura tributaria que cumple muy bien con su función y que incluso fue también desplegada en el conjunto de Europa”, ha concluido la ministra de Hacienda.

En un artículo en La Vanguardia con el título Industria o populismo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, asegura que el impuesto especial a la banca y a las compañías energéticas son “medidas populistas” dentro una estrategia de “falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo” que, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país”.

Los gravámenes especiales a la banca y las energéticas recaudaron 2.859 millones en 2024 (correspondiente al ejercicio 2023). Un impuesto que no ha afectado a la marcha de Repsol: en 2022, la petrolera obtuvo el beneficio mayor de su historia, 4.251 millones, mientras que en 2023, las ganancias fueron las terceras mejores, 3.168 millones de euros. En cambio, dentro su estrategia de presión, la empresa ha amenazado también con llevarse inversiones fuera de España.

Los ataques de Repsol a estos impuestos no han sido los únicos. Esta semana, el nuevo gobernador Banco de España, José Luis Escrivá, marcó su posición en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 entre el Gobierno y sus socios. 

“Nuestra contribución a este debate puede centrarse en el diseño. Nos parecería deseable cambiar el diseño del impuesto a la banca respecto a su formulación actual, que no descuenta las provisiones y eso plantea problemas al menos en dos ámbitos. Por una parte, hay actividades bancarias que tienen más riesgo, por ejemplo, el crédito a las pymes, pero que también tienen más provisiones. En la medida en la que no deduces provisiones de la base imponible, puedes estar penalizando en términos relativos una actividad bancaria sobre la que la imposición debería ser neutral. Como las entidades financieras suelen tener que realizar mayores provisiones durante la parte más baja de los ciclos económicos, al no deducirse estas provisiones del impuesto, la base imponible puede no reflejar adecuadamente la rentabilidad de las entidades”, explica el gobernador.

Este planteamiento va en la misma línea al introducido por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien, desde primavera, ha propuesto convertir el gravamen temporal a la banca en un impuesto ligado al “ciclo de los tipos de interés”. A lo que Escrivá llama “neutralidad”, el ministro de Economía lo denomina “equilibrio”, que se alcanzaría “adaptando” el gravamen que se diseñó en 2022 como respuesta a los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector financiero por la escalada de los tipos de interés oficiales del BCE. Una estrategia que ha buscado ahogar la demanda y la actividad económica en general (encareciendo las hipotecas de las familias y el resto de préstamos) para moderar así la inflación; y que, por el camino, ha beneficiado directamente a los bancos.

Ambas posturas chocan con la otra parte del Gobierno de coalición, la de Sumar. Este lunes, en rueda de prensa, el portavoz económico del partido que lidera Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, destacó que “lo que queremos es mantener los impuestos y que no los devolvamos por la puerta de atrás. No parece lógico que se introduzca un regalo. No entenderían que establezcamos un impuesto y luego les hagamos una serie de deducciones”.

Según añadió, “dentro de los socios de gobierno la distancia es grande porque para nosotros los impuestos de la banca y las energéticas son innegociables”. Este martes, Martín Urriza reaccionó directamente contra la postura de Escrivá en la red social X (antes Twitter).

“Estas figuras, que fueron aprobadas a finales de 2022, se enmarcan en una política fiscal del Gobierno justa y progresista donde se pide un mayor esfuerzo a quienes más tienen, como son las grandes multinacionales a través de un tipo mínimo del 15% o de los grandes patrimonios mediante el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas”, defendía hace unas semanas el Ministerio de Hacienda. 

Según ha analizado este periódico en otras ocasiones, el impuesto de Sociedades tiene muchos 'agujeros' que aprovechan las empresas, sobre todo las más grandes, para no tributar todo lo que les correspondería. 

“En este sentido, tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, añaden desde Haceinda.

El gravamen afecta a entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.