Ya es oficial: los vehículos eléctricos fabricados en China tendrán unos aranceles extras en la Unión Europea de entre el 35,3% y el 7,8%.

La introducción de esas tasas, que se suman al vigente 10%, ha sido la gran medida adoptada por la UE para hacer frente a la guerra comercial con Pekín. Ursula von der Leyen anunció durante el último debate sobre el estado de la UE en septiembre de 2023 una investigación sobre los subsidios que el Gobierno chino otorga a la industria automovilística, cuyo mercado no absorbe toda la fabricación y está inundando el europeo. La intención de Bruselas era evitar una situación como la de la energía solar en la que China se convirtió una potencia en el mercado comunitario en detrimento de las compañías europeas gracias a sus ayudas estatales. 

Una vez que la investigación concluyó que estaba habiendo competencia desleal, los aranceles comenzaron a aplicarse, pero sólo en forma de garantías bancarias. Desde entonces, la negociación con el Gobierno chino se ha intensificado. Ha habido reuniones de alto nivel -la última una conversación telefónica entre el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis y el ministro de Comercio, Wang Wentao- y, sobre todo, de perfil técnico, pero no se han dado las condiciones para llegar a un acuerdo que permitiera dar marcha atrás. 

Desde el primer momento China se ha opuesto a la retirada de los subsidios, por lo que la negociación se ha centrado en un “compromiso de precios” por el que los exportadores se comprometen a no vender por debajo de una cantidad previamente determinada. Eso eliminaría la ventaja competitiva que tienen los vehículos fabricados en el gigante asiático respecto a los demás. Sin embargo, las ofertas que ha hecho el Gobierno chino hasta ahora son “insuficientes”, según fuentes comunitarias, que ven, no obstante, algunas “mejoras” en las últimas propuestas. 

“Se han hecho algunos progresos en estas discusiones para llegar a un compromiso que cumpla con nuestros criterios legales, pero todavía no estamos ahí”, señalan esas fuentes que recalcan que el objetivo es “defender la industria europea”. “Se trata de intentar igualar las condiciones y tener una competencia leal”, explican. 

Como las “importantes lagunas” persisten, los aranceles comenzarán a aplicarse. Durante el proceso, se han rebajado ligeramente los porcentajes por “ajustes técnicos” y “corrección de errores” que se han identificado como la doble imposición de algunas cuestiones iniciales. Finalmente, las compañías que no han cooperado con la investigación y SAIC tendrán unas tasas extras del 35,3% y, en términos generales, las que cooperaron, del 20,7%. Por debajo estarán Geely (18,8%), BYD (17%) y Tesla (7,8%) que negociaron por su parte. 

“Los importadores pueden solicitar una devolución si consideran que su productor exportador no está subvencionado o si su margen de subvención es inferior a los derechos pagados por los importadores. Dicha solicitud debe estar debidamente justificada y apoyada por las pruebas respectivas”, señala la Comisión Europea en un comunicado. 

Los aranceles han removido las aguas dentro de la UE. La industria automovilística europea se ha opuesto a esa decisión dado que numerosos fabricantes exportan desde el gigante asiático y la decisión les pasa factura, además de que temen contraaranceles. Eso ha llevado a países como Alemania a hacer una campaña en contra de la decisión de la Comisión Europea. 

Los importantes intereses económicos de muchos países en China también se han cruzado en el camino. Durante una visita a ese país, Pedro Sánchez dio un giro a la posición que había mantenido España y pidió “reconsiderar” la aplicación de los aranceles. El movimiento molestó en Bruselas, donde le acusaron de poner por delante los intereses de España en la consecución de suculentos contratos procedentes de ese país, como dos fábricas de coches. También es uno de los países más afectados por las represalias anunciadas por Pekín: aranceles a la carne porcina (uno de los principales sectores exportadores de España), a licores como el brandy y a los productos lácteos. La Comisión Europea ha iniciado una pelea ante la Organización Mundial del Comercio porque considera infundada la acusación de China de competencia desleal en esos ámbitos. 

Finalmente España se abstuvo en la votación definitiva en la que se evidenció la división en el seno de la UE: diez países se posicionaron a favor del incremento de los aranceles, cinco los rechazaron y la mayoría (doce) se abstuvieron. 

Tumbar los aranceles requería de la mayoría cualificada de la UE (al menos quince estados miembros que representen al 65% de la población tendrían que haber votado en contra), por lo que la Comisión Europea siguió adelante. Ursula von der Leyen busca, además, un gesto de dureza ante la guerra comercial en un momento en el que Europa necesita prácticamente reinventarse para incrementar su competitividad. 

Los aranceles que entran ahora en vigor lo hacen por un periodo de cinco años. No obstante, las conversaciones con el Gobierno chino continúan y es posible llegar a un acuerdo en cualquier momento que permita revertir la imposición. De hecho, la Comisión Europea recuerda que se puede negociar con los exportadores de forma individual.