El Banco Central Europeo (BCE) defiende que desvelar lo que gana cada banco con el mecanismo de “la facilidad de depósito”, como reclama desde hacer meses Sumar, sería un “estigma” para esta herramienta, según las alegaciones que el Banco de España ha presentado a la Audiencia Nacional ante la demanda que finalmente interpuso el partido que lidera Yolanda Díaz en septiembre.

En el documento con estas alegaciones, al que ha tenido acceso elDiario.es, el regulador nacional aporta este y otros argumentos del BCE, el organismo que decide la política monetaria del conjunto de la eurozona. Esta institución, que preside Christine Lagarde, señala que la transparencia que reclama Sumar puede “disuadir” a las entidades financieras de solicitar “la facilidad de depósito”, lo que “podría perjudicar su eficacia”.

Este recurso o herramienta de la política monetaria supuso una transferencia pública de 7.805 millones de euros a los bancos de nuestros país solo en 2023. Esta es la cifra total, pero se desconoce el detalle de cuánto se llevó cada entidad (Santander, BBVA o Caixabank). Este detalle está bajo “secreto”, según la Ley. Una opacidad que intenta romper la demanda de Sumar.

El funcionamiento de la facilidad de depósito es el siguiente. Las entidades financieras de cada país de la eurozona pueden aparcar su “exceso de efectivo” —la liquidez que no son reservas obligatorias— en los bancos centrales del Eurosistema (el Banco de España en nuestro caso), que remuneran este dinero al tipo de interés de la facilidad de depósito que decide el propio BCE. Esta es una de las principales palancas para la “orientación” de la política monetaria.

Este mecanismo ha engordado los beneficios de la banca hasta máximos históricos con las subidas de los tipos de interés de referencia del banco central desde 2022 para luchar contra la inflación, y lo seguirá haciendo en los próximos años. Sumar recuerda que “la facilidad de depósito” es una transferencia pública y calcula que representó el 65% de las ganancias totales de las entidades financiera españolas el año pasado. Además, los aumentos del 'precio' oficial del dinero también han mejorado los márgenes de intermediación del negocio principal del sector, la concesión de préstamos o hipotecas.

La demanda de Sumar exige transparencia sobre esta herramienta para “proteger a la ciudadanía”. Sin embargo, el Banco de España y el BCE explican a la Audiencia Nacional que “la revelación de los datos solicitados podría perjudicar la eficacia de la facilidad de depósito y comprometería la consecución de los objetivos de política monetaria que se persiguen con este instrumento, en concreto, el buen funcionamiento de la transmisión de la orientación de la política monetaria a los mercados monetarios a corto plazo mediante una participación generalizada y no estigmatizada en la facilidad”.

Según añade el Banco de España en su exposición de argumentos, “la divulgación de información sobre el uso de la facilidad de depósito por parte de entidades de contrapartida concretas podría disuadirles de recurrir a esta facilidad. Ello se debe a que cualquier uso de la facilidad de depósito podría interpretarse como un indicador de la situación de liquidez de una entidad de crédito concreta”.

“En último término, la revelación de los datos desglosados solicitados podría llevar a estigmatizar el recurso a la facilidad de depósito y, por consiguiente, a disuadir a algunas entidades de crédito de su utilización, lo que, a su vez, podría comprometer su eficacia”, incide el documento presentado por el regulador a la Audiencia Nacional.

“Lo anterior es especialmente relevante teniendo en cuenta que, según se deduce del contenido de la demanda, los recurrentes [tres diputados en nombre de Sumar, José María Guijarro, Carlos Martín Urriza y José Manuel Lago Peñas] tendrían intención de hacer pública la información solicitada, a los efectos de que los clientes bancarios puedan tenerla en cuenta a la hora de contratar. Se podría así materializar el riesgo para la política monetaria de la Unión [monetaria] advertido por el BCE”, prosigue el Banco de España.

Por otra parte, el texto recoge que los bancos “tienen un interés comercial legítimo en impedir que terceros obtengan información sobre su liquidez y los importes obtenidos a través de las operaciones de política monetaria del Eurosistema, dado que determinada información podría provocar especulaciones injustificadas sobre la situación financiera y de liquidez del participante y su participación futura en las operaciones de política monetaria del Eurosistema”.

Una de las intenciones de Sumar con su demanda es demostrar que el gravamen temporal que el Gobierno de coalición puso en 2022 al sector financiero por sus beneficios extraordinarios en este ciclo de subidas de los tipos de interés se ha pagado “con esta transferencia pública”.

“La transferencia es 6,5 veces superior a los 1.214 millones pagados por el nuevo impuesto sobre las entidades de crédito”, señaló Sumar en un informe que publicó en marzo de este año.

Asimismo, como resultado de esta “transferencia pública”, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados que fueron compensadas con provisiones. La derivada fue que el ingreso de 2.000 millones que el Banco de España suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero y eso, apunta Sumar, supuso un importante menoscabo en las posibilidades de financiar políticas públicas.

El impuesto a la banca es un compromiso recogido en el acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar que mantiene a ambas formaciones enfrentadas. Este mismo miércoles, PSOE, PNV y Junts pactaron sin Sumar hacerlo permanente, según se explica en esta información. El partido de Yolanda Díaz registró sus propias enmiendas y espera poder convencer a los socialistas en el trámite parlamentario.

También en marzo de este 2024, el BCE decidió mantener el requisito de reservas a los bancos en un coeficiente del 1% (aquí está la explicación técnica). Igualmente, la remuneración de estas reservas mínimas que las entidades deben guardar en el Eurosistema —el Banco de España en nuestro caso, y el resto de bancos centrales de cada país del euro: Bundesbank, Banca d'Italia o Banque de France— permanece “sin cambios en el 0%”, apunta la institución en su comunicado.

De esta manera, el resto del dinero que los bancos 'aparquen' en los bancos centrales está remunerado según el tipo de interés de la facilidad de depósito (que actualmente está en el 3,25%), con dinero público.