La reforma fiscal que llevan años pidiendo los expertos, que recomiendan las principales instituciones económicas internacionales y que exige la Comisión Europea está en marcha en España, aunque su forma final es difícil de atisbar.

Pero este camino, además de inusitado, está enfrentando a los dos compañeros del Gobierno de coalición. PSOE y Sumar han presentado enmiendas por separado —el plazo acabó este miércoles—. Estas enmiendas son diferentes, algunas antagónicas, y también mantienen divididos al resto del bloque de partidos políticos que apoyó la investidura y que son necesarios para formar mayorías en el Congreso de los Diputados.

Fuentes conocedoras han explicado a elDiario.es que dichas enmiendas se votarán en el Pleno del Congreso del jueves 14 de noviembre. Este plazo implica que las negociaciones van a ser intensas en los próximos días, dado que la tramitación de la Ley del tributo mínimo del 15% a las grandes empresas exige pasar por la Comisión de Hacienda, antes de llegar al Pleno. De hecho, otras fuentes implicadas consultadas prefieren no adelantar una fecha.

Sin duda, el punto de partida es exigente. El PSOE presentó sus enmiendas en un documento de 139 páginas que, principalmente, han celebrado, en público, PNV, Junts y las empresas energéticas. Este 'triunvirato' ha alineado sus intereses desde hace semanas y ha organizado una campaña de presión contra el compromiso del acuerdo para formar Gobierno entre PSOE y Sumar de transformar el gravamen temporal (hasta este año) a los beneficios extraordinarios de petroleras, gasistas y eléctricas en un impuesto permanente.

De momento, el PSOE ha cumplido con PNV y Junts. Entre las enmiendas socialistas no está el impuesto a las energéticas. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, lo festejó este jueves. “Afortunadamente, el problema se ha acabado”, dijo. “Es hora ahora de centrarse en el futuro y las oportunidades que tenemos por delante”. Se trata de “una decisión positiva que nos permite movernos adelante con las inversiones industriales que tenemos planeadas en España”, ha dicho el ejecutivo de la petrolera, la compañía más afectada por este gravamen, que había amenazado con llevarse inversiones proyectadas en Tarragona a Portugal. Cepsa, por su parte, había hecho un amago similar, con otras inversiones.

Una euforia similar mostró, este mismo jueves, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. “Hemos conseguido salvar inversiones en Catalunya, salvar puestos de trabajo en Catalunya y también hemos conseguido evitar que suba la factura de los ciudadanos”, señaló. “Estamos haciendo lo que no hará nunca el señor Illa, porque hay algunos que priorizan el Estado español, mientras que nosotros lo que priorizamos es Catalunya”, redundó.

“La realidad es que ahora no hay mayoría en el Congreso para aprobar el impuesto a las energéticas”, lamentan fuentes del Ministerio de Hacienda, en respuesta a las preguntas de elDiario.es. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ya había advertido que este compromiso estaba en el aire. Sin embargo, Sumar lo ha incluido entre sus enmiendas. Su documento es de 104 páginas, y no coincide con el del PSOE.

Pero la incomodidad respecto al futuro de este gravamen no viene solo del compañero de Ejecutivo. Podemos advirtió este jueves al PSOE de que no apoyará en el Congreso “la reforma del impuesto de Sociedades si esta implica eliminar el tributo a las compañías energéticas”. ERC se sitúa en esta misma posición. Mientras, el sector sigue presentando beneficios récord (algo que los gravámenes temporales no han impedido).

La otra gran discrepancia dentro del Gobierno de coalición está en el gravamen a la banca, que también presume de ganancias históricas estos días. En este caso, el PSOE sí ha incluido una enmienda para la creación de un “impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras”. Según explican los socialistas, “gravaría el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España”.

“El tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo (del 1% al 6% en función de la base liquidable). El impuesto permite la deducción del 25% de la cuota de Sociedades. Además, se establece una deducción extraordinaria en el caso de que sufran un descenso sostenido de su rentabilidad. Tendrá efecto para los periodos impositivos que se inicien el 1 de enero de 2024 y se abonará en 2025. Será aplicable durante tres ejercicios consecutivos a partir de 2024”, añaden desde el PSOE.

Con esta fórmula, todos los bancos creen que es “discriminatorio”. Entre ellos, Sabadell ha sido el más optimista de cara a introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria. En el sector hay una sensación de no haber sabido jugar sus cartas tan bien como las energéticas. “Se ha intentado hablar y lo mismo los cauces no han sido eficaces”, justificó este jueves el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno.

Por otra parte, la propuesta del PSOE también choca con las intenciones de Sumar, de Podemos o de ERC. Al margen de las cuestiones del diseño, porque el partido que lidera Yolanda Díaz no está de acuerdo con lo que sí celebra el PNV, que ha conseguido que tanto este nuevo impuesto como la modificación de Sociedades entren dentro del concierto de Euskadi. Es decir, la Comunidad Autónoma lo recaudará y lo gestionará, así que lo podrá bonificar si quiere.

Este objetivo del PNV lo ha denunciado EH Bildu. Este partido dice que está “de acuerdo” con la concertación de impuestos para que sean gestionados por las instituciones vascas. La diferencia con la derecha es que “la soberanía es una herramienta para construir sociedades justas e igualitarias, no para defender unos determinados intereses”, según las palabras que pronunció este jueves su portavoz Pello Otxandiano.

España tiene que culminar estas reformas fiscales para recibir los 7.500 millones de euros del quinto pago de los fondos europeos de Plan de Recuperación. Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y las discrepancias internas lo están complicando. Los cambios en los impuestos también son necesarios para cumplir con el Plan Fiscal y Estructural que el Gobierno envió a la Comisión Europea el 15 de octubre. Sin un sistema fiscal más eficaz y más justo, el riesgo es que el “ajuste” que exigen las nuevas reglas fiscales de la UE se convierta en un nuevo episodio de recortes y austeridad.

Las enmiendas del PSOE incluyen cambios en el impuesto de Sociedades para adecuarse a sentencias de los tribunales. “Se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50% por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25% para aquellas que superaran los 60 millones de euros. La medida se adecúa a lo señalado por el Tribunal Constitucional este año, que anuló la norma aprobada por el ministro Cristóbal Montoro por usar un Real Decreto-ley para modificar sustancialmente el Impuesto de Sociedades”, detallan los socialistas

“Se corrige con esta enmienda la mala praxis legislativa del PP al utilizarse esta vez una ley como instrumento legal para aprobar la modificación en Sociedades”, continúan.

Otra modificación del PSOE es incrementar un punto la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros (pasa del 28% al 29%). “Es una medida que avanza en la progresividad del impuesto y permite avanzar en la equiparación de la tributación de las rentas del trabajo y el capital. Se enmarca en la idea del Gobierno de que quien más gana más tiene que aportar para el sostenimiento de los servicios públicos”, sostienen.

La reforma fiscal del PSOE también elimina la bonificación que tiene el diésel frente a la gasolina. “La medida no afecta al gasóleo profesional”, aclaran. “Es una medida de carácter medioambiental para luchar contra el cambio climático. Sigue las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la Comisión Europea. No tiene sentido medioambiental, ni sanitario, incentivar ni bonificar el diésel frente a la gasolina”, defiende Hacienda.

En el diseño, hay un mecanismo para rebajar la tributación si los precios del diésel suben de forma sostenida. En concreto, si durante dos meses consecutivos la media del precio del diésel supera los 2 euros por litro y la media de cotización del barril de Brent se incrementa ese segundo mes por encima de la media del mes anterior. La medida entraría en vigor el 1 de abril de 2025, si es aprobada.

Otra nueva figura recae sobre el consumo de líquidos para cigarrillos electrónicos y vaporizadores, bolsas de nicotina y otros productos de nicotina. “El objetivo combatir el aumento del consumo, especialmente entre los más jóvenes”, incide el PSOE.

También se abordan otras cuestiones, entre ellas la de “poder gravar el IVA a los arrendamientos de vivienda turística en zonas donde la abundancia de estos alojamientos dificulta el acceso a una vivienda o en zonas saturadas. Se trata de una directiva comunitaria que el Gobierno impulsa para ser aprobada”.

El acuerdo sobre algunas de estas cuestiones sí está avanzado entre PSOE y Sumar, y también respecto a otras. Por ejemplo, la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias “para evitar la competencia fiscal a la baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. “El Impuesto Estatal a las herencias se establecería para las mayores de 1 millón de euros y sería la diferencia entre el gravamen estatal y el establecido por las comunidades autónomas, incentivando a estas últimas a no reducir el impuesto por debajo del mínimo establecido”, según sostienen fuentes del Ejecutivo.

También buscan mejorar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que consideran que ha sido efectivo para “frenar la competencia fiscal entre comunidades autónomas en el Impuesto sobre el Patrimonio, mejorando así la progresividad del sistema fiscal y asegurando que las grandes fortunas contribuyan a financiar servicios públicos”.