Todavía en medio de la conmoción ante una DANA devastadora que ha dejado al menos 213 personas fallecidas, colectivos de autónomos, sindicatos y patronales están recopilando las primeras necesidades de empresas y trabajadores para hacer frente a los daños económicos y en el empleo que también va a ocasionar la catástrofe.

En los 65 municipios más afectados, incluidos los barrios de Valencia, hay unos “51.000 trabajadores autónomos, 54.200 empresas, 355.000 trabajadores, 34.800 locales, establecimientos, naves y oficinas y 63 parques empresariales”, cifra Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, dentro de la patronal CEOE, según la información facilitada por su organización valenciana.

Para poder evaluar el peso de los daños en la región, Amor da un dato: “Una de cada tres empresas y trabajadores de la provincia de Valencia se concentran en estas zonas afectadas por la DANA”.

Como punto de partida, los colectivos de autónomos, sindicatos y patronales vuelven a reclamar el despliegue extraordinario de dos instrumentos que salvaron cientos de miles de empleos en la emergencia por la COVID: los ERTE, recién evaluados como un “gran éxito” por la OCDE, y las ayudas de paro para los autónomos (denominadas cese de actividad).

La Seguridad Social ya ha adelantado que aprobará la adaptación de ambas medidas para esta emergencia climática. Por un lado, con ERTE por fuerza mayor que estarán exonerados “al 100%” en el pago de las cotizaciones sociales, ha afirmado la ministra Elma Saiz, cuando hoy en la legislación lo están al 90%. Por otro, también se aprobarán unas ayudas de paro (cese de actividad) por la DANA, que no requieran de cotización previa, ni que consuman el derecho a la ayuda ordinaria a futuro.

En ATA reclaman que se habiliten las ayudas de cese de actividad totales y también con “una prestación parcial compatible con la actividad”. Además, la organización ya sitúa la necesidad de que se alarguen en el tiempo y dan una fecha: “hasta el 31 de marzo de 2025”. En la organización de autónomos UATAE no dan una fecha, pero también insisten en que las ayudas por cese de actividad deben extenderse en el tiempo, “permitiendo que los afectados sigan recibiendo apoyo hasta que puedan retomar su actividad económica”.

Aunque las tareas de acceso, limpieza y evaluación de daños aún no han concluido, y se priorizan las tareas de recuperación de desaparecidos y fallecidos, ya se prevén enormes costes por la devastación de la DANA. “La situación es de desastre, de siniestro total en muchas naves y negocios. Y queremos advertir de que esto no tiene nada que ver con el COVID. Es otro escenario. Para poder reabrir no bastará con ERTE y cese de actividad. Por eso proponemos un plan de ayudas a la reconstrucción”, ha expresado el presidente de ATA.

Las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y UATAE), así como la patronal valenciana CEAV, han insistido por ello este lunes en la necesidad de “ayudas directas” a los negocios y centros de trabajo que permitan la reconstrucción y reanudación de la actividad lo antes posible.

ATA ha presentado la propuesta más concreta, con una petición de ayudas de “hasta 6.000 euros” para los autónomos individuales que soliciten la prestación por cese de actividad por fuerza mayor que necesiten reconstruir sus negocios y que estas alcanzaran los “12.000 euros” para autónomos con plantillas de al menos dos trabajadores. Los perceptores estarían obligados a mantener la actividad durante al menos 24 meses desde la concesión de la ayuda, sugiere la organización.

Otra de las medidas más reclamadas consiste en las moratorias en los pagos de hipotecas y alquileres, no solo de los negocios de los autónomos y empresas, como reclaman patronales y colectivos de trabajadores por cuenta propia, sino también disponibles para las familias y trabajadores, indican los sindicatos CCOO y UGT.

Autónomos y empresas insisten además en las moratorias o suspensiones de pagos relacionados con la Administración Pública, como en materia de cotizaciones sociales a la Seguridad Social y de impuestos a Hacienda.

En este sentido, en la patronal valenciana CEAV recuerda “que las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre se cargaron el 30 de octubre, un día después de la DANA y cuando ya se conocían sus graves consecuencias”. “Las de octubre, si no se aplazan, se cargarán el 30 de noviembre”, advierten los empresarios, que reclaman una moratoria.

ATA, UPTA y UATAE, así como la patronal CEAV, reclaman que se habilite una nueva línea de préstamos ICO para dotar de liquidez a las empresas afectadas por la emergencia. Una “línea de préstamos ICO sin intereses o con intereses reducidos, avalados al 100%, para dotar de liquidez inmediata a los autónomos y permitirles cubrir sus necesidades urgentes”, reclaman en UATAE. En ATA reclaman “un plazo de cinco años para su devolución”.

“La situación actual es extremadamente grave y requiere una respuesta rápida y efectiva para proteger el tejido productivo y la subsistencia de muchas familias en nuestro país. La cooperación de todos los organismos competentes se hace imprescindible para empezar el largo proceso de recuperación económica de las localidades afectadas”, indica por su parte Eduardo Abad, presidente de la asociación de autónomos UPTA, vinculada a UGT.

Junto a medidas básicas como los ERTE, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han puesto el acento en la necesidad de una “protección extraordinaria por desempleo para trabajadores asalariados y autónomos que no puedan retomar sus actividades debido a la catástrofe”. Es decir, una ampliación y refuerzo del desempleo de los afectados por la DANA.

También reclaman “evitar la extinción de contratos temporales”, como ocurrió en la pandemia por COVID, “y proteger a quienes tienen contratos fijos discontinuos”, un colectivo más vulnerable y que –aunque son minoritarios entre el conjunto de asalariados– tienen una mayor presencia desde la reforma laboral.

Los sindicatos mayoritarios también han reclamado “un programa similar al MECUIDA, que permita la adaptación o reducción de jornada laboral para atender a las necesidades familiares y de cuidado en estas circunstancias”. Este lunes, la ministra Yolanda Díaz, ha anunciado que se reeditará este conjunto de derechos para cuidar ante esta nueva situación excepcional, de colegios cerrados y residencias afectadas por la DANA.

Sin embargo, los sindicatos siempre han sido muy críticos con el derecho de reducir la jornada al 100%, que brindó este Plan durante la pandemia, por no ir acompañado de un permiso retribuido, lo que dejaba a los trabajadores sin ingresos.

Todos los colectivos han insistido este lunes en la necesidad de “agilidad” para tramitar todas las ayudas, ERTE y demás trámites administrativos que faciliten la reconstrucción y recuperación de la actividad en los centros de trabajo.

Para ello, los sindicatos CCOO y UGT han reclamado la necesidad de reforzar los servicios públicos. “Demandamos el refuerzo inmediato de plantillas en servicios sanitarios, sociales, de empleo y de Seguridad Social, para que puedan atender adecuadamente el previsible incremento de solicitudes y actuaciones en cada uno de ellos”, han exigido las centrales de trabajadores.