La decisión de las aseguradoras privadas de dejar desierto el concierto de Muface para los años 2025 y 2026 ha puesto al Ministerio de Función Pública ante una situación inédita, que ha obligado al departamento que dirige Óscar López a plantear un “proceso de reflexión” sobre el modelo que permite a los funcionarios optar entre recibir asistencia sanitaria a través de compañías privadas o en el sistema público, bien cuando consiguen la plaza o cada mes de enero.

El ministerio estudia ahora abordar la “voluntariedad del modelo, que supondría que los empleados públicos ahora cubiertos por el mutualismo puedan elegir estar en el régimen común o en el especial” y que está decisión se tome “de una vez y para siempre”, según ha adelantado este viernes El País y ha podido confirma elDiario.es de fuentes de Función Pública. Este cambio en el modelo supondría que los funcionarios no puedan dar el salto de uno a otro sistema y haría “más fácil planificar las fuentes de ingresos del sistema y su sostenibilidad”, señalan.

Las aseguradoras privadas, principalmente Adeslas, Asisa y DKV que venían prestando el servicio, renunciaron a concurrir al concierto que el Gobierno aprobó a principios de octubre y que suponía un incremento de la prima del 17,12%, que las compañías consideran insuficiente para garantizar la calidad de la prestación sin concurrir en pérdidas. Durante las semanas previas, desde el lobby de la sanidad privada ya venían trasladando que incluso un aumento del 25% pondría en “riesgo” el mantenimiento del modelo.

Además, fuentes del ministerio apuntan a otro hito. Cada vez más funcionarios eligen la sanidad pública frente a los seguros privados. Estos últimos siguen acaparando las prestaciones de la mayor parte del funcionariado, el 70%, pero las tendencias les van en contra. Desde el año 2013, los trabajadores públicos que optan por la Seguridad Social han pasado del 18 al 30%. Esta tasa la impulsan, principalmente, las nuevas incorporaciones.

“El incremento en los últimos tres ejercicios se debe, sobre todo, al volumen de ingresos de docentes de primaria y secundaria, a través de los procesos de estabilización y oposiciones”, señalaban fuentes de Función Pública a esta redacción. En total, fueron 80.000 empleados públicos, con una media de edad de 49 y 38 años y que “siempre han tenido atención sel servicio público de salud”. Y no serán los últimos, porque el Ejecutivo anunció en julio la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 40.000 plazas. No obstante, no todas ellas serán para funcionarios con opción a Muface, porque los de Justicia y de las Fuerzas Armadas tienen su propio modelo.

“Visto, por un lado, que los nuevos mutualistas se inclinan cada vez más a la pública, así como el hecho de que con una subida de prima histórica (17,12%) las aseguradoras no hayan querido presentar ofertas, dejando la licitación desierta, es el momento de abrir una reflexión sobre el modelo del mutualismo que se base en tres principios: transparencia, equidad y sostenibilidad”, indican fuentes de Función Pública, que se emplazan a conocer las conclusiones de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, previsto para finales de año, sobre la evaluación de gasto relativo al mutualismo administrativo, encargada por el Consejo de Ministros y comprometida con la Comisión Europea.

Desde el Ejecutivo señalan, no obstante, que una cosa es la reflexión sobre el modelo y otra la nueva licitación en la que trabaja Función Pública de cara a los próximos dos años. Así, este departamento continúa trabajando en otros pliegos que contenten a las aseguradoras. “Los beneficiarios de Muface tienen la asistencia sanitaria asegurada hasta el 31 de enero, así que hay plazo suficiente para poner en marcha la segunda licitación; en todo caso, hay mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público que garantizan la asistencia en las mismas condiciones hasta que el concierto vencido sea remplazado por otro”, apuntan.

Distintas fuentes señalaban ya la semana pasada que el Ejecutivo “valora prorrogar el contrato”. Un escenario que no es el preferido por ninguna de las partes, pero que daría margen al Ministerio para preparar un nuevo concierto en el que, desde el sector privado señalaban que el presupuesto es “fundamental” pero en el que pueden influir también otros condicionantes que ayuden a “corregir los desequilibrios del sistema”, como las coberturas o la elevada edad media de los mutualistas.