En el verano de 2012, durante lo peor de la crisis financiera para muchas familias y cuando el paro seguía en ascenso hacia la cima de las seis millones de personas desempleadas, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un paquete de recortes de la protección de paro.

El análisis se centra en el recorte que el Gobierno del Partido Popular aplicó en julio de 2012, de un día para otro, en la cuantía del paro. Hasta entonces, de inicio la prestación consistía en el 70% de la base reguladora (similar al salario) y a partir del sexto mes se reducía al 60%. El Ejecutivo de Rajoy aprobó que, a partir del 15 de julio de 2012, para los nuevos parados esa reducción se situaría en el 50%.

“Mostramos que la reforma aumentó la probabilidad de tener un episodio de incapacidad temporal en aproximadamente 1-2 puntos porcentuales”, recoge la investigación, lo que se tradujo en duplicar o hasta triplicar las bajas médicas, explica Miguel Flores, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y autor principal del estudio.

El trabajo –que firma junto a Fernando G. Benavides, catedrático de Salud Pública de la Universitat Pompeu Fabra, y Laura Serra-Saurinac, profesora de Economía en la Universidad de Girona– aún está en fase de evaluación para ser publicado en una revista científica, pero sus resultados ya fueron adelantados en el blog económico Nada es Gratis.

Manuel Flores destaca que, frente a otras variables más estudiadas en las reducciones de la protección por desempleo (como las repercusiones en el empleo), esta investigación es innovadora al constatar la causa-efecto sobre la salud de los afectados por la reforma y hacerlo además con datos reales de ciudadanos.

Así, el análisis se realiza sobre unas 5.000 personas de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), con una submuestra en Catalunya, de las que también tienen sus procesos de bajas médicas, gracias a un cruce de datos facilitado por la Seguridad Social para la investigación.

El estudio constata ese incremento de las bajas médicas debido a la reforma, de alrededor del doble y el triple de procesos de incapacidad temporal, según los casos. Los investigadores llegan a estos resultados examinando los datos de un grupo de afectados por el recorte, antes y después de que se aplique esta merma en sus prestaciones, y además comparan con un “grupo de control”, de personas desempleadas a las que no les afectaba la norma (por no tener más de seis meses de paro).

La investigación sostiene que el aumento de las bajas médicas puede deberse a dos hipótesis: un empeoramiento de la salud de los afectados y al “riesgo moral”. Este último refleja “cuando la gente intenta aprovechar las oportunidades económicas de otros sistemas de protección”, explica Manuel Flores. Es decir, se trata de personas que fueron al médico para cogerse una baja “de manera oportunista”, indica el economista.

Aunque los investigadores consideran que ambos motivos pueden afectar a los resultados sobre el aumento de bajas, hay varios elementos que se inclinan por el empeoramiento en la salud de las personas desempleadas. “El contexto aquí es muy importante”, destaca el investigador. En 2012 había una profunda recesión económica y “encontrar otro empleo no era fácil, sobre todo en ciertos colectivos”, recuerda.

El estudio cita otros trabajos en los que se constató que este recorte del paro supuso una mayor activación de desempleados. Sin embargo, esto alcanzó a algunos trabajadores con más oportunidades de empleabilidad, mientras que había personas con “una empleabilidad más baja y que veían que por mucho que buscaran no iban a encontrar un empleo”, indica Manuel Flores. Eso, en un contexto de un país con un 26% de tasa de paro, unas seis millones de personas desempleadas.

“Es muy posible que la reforma haya empeorado la salud de algunos trabajadores menos protegidos o con menos posibilidades de encontrar empleo debido al estrés financiero, aumentando sus probabilidades de sufrir una incapacidad temporal relacionada con el estrés o de larga duración”, recoge el estudio.

Los resultados así lo muestran. El aumento de las bajas registrado está concentrado especialmente en las incapacidades de larga duración, superiores a 20 días, que están más controladas por los servicios médicos y eso reduce la probabilidad del “riesgo moral”, sostiene Flores.

Además, citando otra investigación sobre la misma época, Flores recuerda que en ese momento España tenía un “sistema de control muy estricto”, siendo España en uno de los países de la OCDE con un sistema de supervisión más elaborado.

El análisis del tipo de bajas también se inclina por el deterioro de la salud, ya que los investigadores analizan varias bajas que están potencialmente relacionadas con estrés. “Y ahí vemos que el efecto es muy grande”, destaca Flores, con un aumento de 1,2 puntos porcentuales.

“Luego eliminamos categorías de bajas que creemos que son más subjetivas y más difíciles de diagnosticar, como las lumbalgias”, añade el economista, donde “podría haber más riesgo moral”. “Las lumbalgias son una categoría de bajas muy importante y lo que encontramos es que, aun cuando eliminamos las lumbalgias, seguimos viendo que la reforma aumenta la probabilidad de tener una incapacidad temporal”, explica a este medio.

Como conclusión, los investigadores destacan que los resultados suponen una reducción “del ahorro previamente documentado por el Gobierno gracias a esta reforma”. Aunque los autores no han cuantificado ese efecto económico, “lo que sí que sugiere esto es que efectivamente ese ahorro está sobreestimado, porque no tiene en cuenta otros efectos como en este caso el posible empoderamiento en la salud”.

De primeras, Manuel Flores destaca que ya hubo un aumento del gasto público por el incremento de las bajas médicas observadas, a las que podrían sumarse otros no estudiados. Como consecuencias a largo plazo de estos empeoramientos en la salud, que suponen más gasto en asistencia médica, por ejemplo.

El investigador defiende la necesidad de “tener una visión un poco más amplia” a la hora de implementar políticas públicas y también al evaluarlas. Para esto último, España debería avanzar “en el cruce de datos”, defiende Manuel Flores, como el que han logrado en esta investigación, pero que no es sencillo ni muy común en estos momentos en nuestro país.