Primero trajo a Madrid la matriz de su imperio bananero, hasta entonces radicada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Es el último movimiento del empresario Víctor Manuel Henríquez Restrepo, presidente de Banacol, gigante agroalimentario señalado por sus vínculos con grupos paramilitares colombianos y con el narcotráfico.

Henríquez Restrepo figura desde este año como administrador de una inmobiliaria española recién creada, Deltahub Spain SL. La empresa se dedica a “la realización de todo tipo de actividades de carácter inmobiliario, en especial, la promoción urbanística e inmobiliaria, construcción, rehabilitación, planificación, mantenimiento, conservación, gestión y ejecución de obra y proyectos urbanísticos”. 

Según el Registro de la Propiedad, Deltahub adquirió el pasado 29 de mayo una vivienda de lujo en un señorial edificio ubicado en el número 27 de la calle Villanueva, perpendicular a Velázquez y Serrano. El piso, que alberga el domicilio social de su propietaria, tiene una superficie construida de 312 metros cuadrados, incluyendo las zonas comunes, según la información disponible en el Catastro.

Se compone de hall, nueve habitaciones, cuarto de baño, dos retretes, cocina, despensa, office y un ropero. Tiene dos entradas, una por la escalera principal y otra por la de servicio. También dispone de trastero. Sobre la finca no consta ninguna hipoteca, lo que apunta a que se pagó al contado. Las viviendas en ese edificio se venden por entre 1,4 y 2,4 millones de euros, según el portal idealista.

Según el Registro Mercantil, el socio único de Deltahub Spain SL es una sociedad denominada Sacramali International Investments LTD. Su nombre remite a una firma inscrita en el paraíso fiscal de Belize. Una sociedad con el mismo nombre (y domicilio a efectos de notificaciones en otro paraíso fiscal, Panamá) aparece vinculada a otra empresa inscrita en junio de 2023 en Florida (Estados Unidos).

El portal de datos inmobiliarios SFR vincula a esa firma de Florida con una operación inmobiliaria superior al millón de dólares en el área metropolitana de Miami.

En concreto, muy cerca de Boca Ratón, donde constituyó una sociedad tras su fraude a Hacienda el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gran partidaria de convertir a la capital en la Miami española.

Junto a Henríquez Restrepo, la otra administradora de esa inmobiliaria madrileña es Gloria María Restrepo Vélez, con quien el primer ejecutivo de Banacol aparece vinculado a varias sociedades en Panamá, como Seekadu International Corp o Henvel Investments.

Tal y como contó elDiario.es, hace poco más de un año se trasladó a España Invesmar Limited, hasta entonces radicada en Islas Vírgenes, y a la que diversos informes han señalado en los últimos años como la matriz de Banacol. El socio único de esta empresa es una sociedad denominada Invesmar International Investments, SA, cuyo nombre también remite a Belice. En este caso, a un domicilio que coincide con el de una modesta empresa de alquiler de furgonetas y que antes fue un salón de tatuajes y piercings.

Esta offshore tenía en 2021 activos de más de 300 millones, ingresos de 215 millones y beneficios de 30,2 millones, según documentación que presentó en Panamá el año pasado.

Invesmar, rebautizada como Greenplus Investments SL tras trasladarse a Madrid, depositó el año pasado en España sus cuentas de 2022, cuando aún estaba radicada en ese paraíso fiscal. En ellas señalaba que en 2021 llegó a tener 124 millones en activos y que carece de empleados.

Las cuentas las firmaba el gestor español Gonzalo Egas Bobo Mayor, que ha ocupado cargos en decenas de sociedades en España. Entre ellas, varias acogidas al régimen fiscal ETVE (utilizado por multimillonarios como Ricardo Salinas, tercera fortuna de México, para eludir impuestos) y de los terratenientes Domecq, familia política del ex ministro y ex comisario Miguel Arias Cañete. En Greenplus, Bobo representaba a Ibertax, firma de abogados que prestó a esa holding su sede en un piso en el barrio de Goya de Madrid. Este bufete ha asesorado al menos a otra firma señalada por acaparamiento ilegal de tierras en Colombia, la italiana Poligrow, dedicada al cultivo y extracción de aceite de palma.

Ni Banacol ni su matriz, Greenland, han respondido a las preguntas de elDiario.es

Banacol tiene un reverso oscuro por sus vínculos con la polémica multinacional estadounidense Chiquita, las denuncias contra algunos de sus exdirectivos por financiar a paramilitares en la región del Urabá, que produce casi el 60% del banano de Colombia, y por la larga sombra del narcotráfico.

Hace un año, la revista colombiana Vorágine reveló que la empresa está en el punto de mira de las autoridades italianas por varios envíos de 3,4 toneladas de cocaína camuflada en cargamentos de banana para la Ndrangueta, la mafia que controla el 80% del tráfico de esta sustancia en Europa.

La investigación, realizada en el marco del proyecto Narcofiles a partir de una filtración de correos de la Fiscalía colombiana, destacaba las fuertes conexiones de Banacol con el expresidente Álvaro Uribe o el actual alcalde de Medellín, el también conservador Federico 'Fico' Gutiérrez, cuyas campañas financió.

Vorágine reconocía no tener pruebas de que la compañía supiera que la cocaína viajaba oculta en sus cargamentos. Pero citaba a una fuente policial europea que lamentaba la “resistencia de parte de la Fiscalía colombiana” por indagar un asunto que abogaba por investigar “a fondo”.

En 2023 Banacol fue el tercer exportador de banana del país, con una cuota del 15%, según datos de la patronal Augura. La empresa dio un salto enorme en 2004, al convertirse en primer productor nacional tras comprar a precio de saldo las más de 5.000 hectáreas de banano de Chiquita Brands, herencia del monopolio que tuvo en América Latina desde los años 20 su antecesora, la United Fruit Company, con un oscuro historial de violencia y golpes de Estado alentados en esa región.

En junio de este año, Chiquita fue condenada por un juez de Florida (Estados Unidos) a indemnizar con 38,3 millones de dólares a ocho víctimas de los paramilitares como responsable civil de los delitos que cometieron las AUC en la subregión del Urabá antioqueño y el Magdalena medio.

La multinacional estadounidense tuvo que salir de Colombia por sus vínculos con grupos armados. En 2007 se declaró culpable en su país de financiar con 1,7 millones durante siete años al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Tras un acuerdo con el Departamento de Estado, Chiquita pagó 25 millones de dólares, la mayor sanción impuesta hasta entonces bajo la legislación antiterrorista en Estados Unidos, cuyo Tribunal Supremo rechazó en 2015 las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos de más de 4.000 colombianos.

A cambio de ese acuerdo con Chiquita para quedarse con sus plantaciones, Banacol firmó un contrato para seguir vendiéndole gran parte de su producción en el que figuraba Invesmar Limited, entonces radicada en Islas Vírgenes y ahora en Madrid.

En el caso de Banacol, la Fiscalía colombiana acusó en agosto de 2018 a dos de sus exdirectivos, junto a otros nueve empresarios bananeros, del delito de concierto para delinquir agravado por su presunta responsabilidad en la financiación de paramilitares relacionados con las denominadas cooperativas Convivir, grupos de vigilancia privada integrados por civiles, que terminaron siendo la base de la consolidación de las autodefensas y que impulsó Álvaro Uribe.

Entre los denunciados por la Fiscalía figuraba Víctor Manuel Henríquez Velásquez, que presidió Banacol entre 2000 y 2004. La Fiscalía, que ha considerado a Banacol una mera filial de Chiquita, aunque la empresa lo niega, atribuyó en 2016 a estos empresarios delitos como concierto para delinquir agravado por la financiación, promoción y organización de grupos armados ilegales. Semanas antes de formularse esa primera acusación en abril de 2016 se incorporó en Belice la dueña de Invesmar. 

La pena a la que se podrían enfrentar los empresarios vinculados al proceso es de hasta 12 años de cárcel. En mayo de 2024, Vorágine reveló que esa investigación en la Fiscalía colombiana estaría cerca de prescribir. “La resolución de acusación quedó en firme el 17 de septiembre de 2019, lo que nos permite sostener que la prescripción de la acción penal se configura el día 17 de septiembre de 2025″, contó una fuente cercana al proceso a ese medio.

La nota contaba que el 14 de junio de 2022 el Tribunal Superior de Antioquía dio la razón a una petición de Víctor Manuel Henríquez Velásquez, ex Banacol, solicitando la nulidad de un auto que incorporaba unas pruebas al proceso con este aviso: “Se advierte a la Juez que debe darse prioridad a este caso por estar cerca el término de prescripción”.

La noticia la firmaba el periodista Nicolás Sánchez, que en octubre denunció que ha recibido amenazas de muerte por investigar el paramilitarismo en Colombia.