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España y otros ocho países bloquean el intento de Orbán de aguar la ley contra los falsos becarios en la UE

España y otros ocho países bloquean el intento de Orbán de aguar la ley contra los falsos becarios en la UE

Alemania, Rumanía, Bélgica y Portugal, entre otros, se suman a la negativa de Yolanda Díaz a aceptar la propuesta del gobierno ultraderechista húngaro, que pretendía limitar la directiva que puso sobre la mesa la Comisión Europea para establecer unos mínimos legales que protejan a los becarios

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En una UE que gravita a la derecha, la agenda verde, los migrantes y los derechos laborales son víctimas de la ofensiva de los poderes económicos y la ultraderecha.

Y en ese panorama, España es de los pocos gobiernos progresistas que resiste. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado, junto a otros ocho gobiernos, el bloqueo de una propuesta de la presidencia húngara del Consejo de la UE para descafeinar la directiva de prácticas con la que la Comisión Europea pretendía inicialmente, entre otras cosas, poner coto a los falsos becarios.

España, Alemania, Rumanía, Bélgica Portugal, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Chipre han rechazado las aspiraciones del Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán, que ha constatado la falta de apoyo a su propuesta. Ahora quedará en manos de Polonia, que asumirá las riendas de las negociaciones en el seno de los 27 el próximo semestre hacer una aproximación a la directiva que permita lograr el apoyo suficiente.

La idea inicial de la Comisión Europea con la directiva de prácticas era establecer unos mínimos legales de protección para los becarios al circunscribir ese tipo de relación laboral al aprendizaje y la formación temporal, por ejemplo. También planteaba una serie de prácticas abusivas, como la exigencia de experiencia laboral previa para los aspirantes a los procesos de prácticas o las responsabilidades y tareas similares a los contratados regulares.

La propuesta que ha hecho la presidencia húngara de cara a establecer la posición negociadora del Consejo de la UE (los gobiernos europeos) con el Parlamento Europeo suponía aguar la esencia de la directiva. Su pretensión era limitar el ámbito de aplicación de la ley a las personas con contratos en prácticas, pero dejando fuera las que forman parte de los planes de estudios, es decir, sin dar cobertura a miles de becarios que están en formación.

Tampoco incluiría a las prácticas que se realizan en el marco de las políticas activas de empleo o las necesarias para obtener una titulación específica. También reduce la ambición respecto al freno a los falsos becarios al eliminar la obligatoriedad de publicar las condiciones de trabajo y elimina las referencias al acervo comunitario (el conjunto de leyes que componen el Derecho de la UE).

“En el próximo Consejo de Empleo abordaremos con profundidad, desde el Gobierno de España, un paquete de prácticas para garantizar, al fin, los derechos de las personas becarias. Y el Gobierno de España va a dar un paso adelante para que la posición inicial de la Comisión Europea no retroceda en derechos”, advirtió Díaz a mediados de noviembre durante la clausura del I Congreso Internacional del Trabajo en la que aseguró que España se iba a “dejar la piel” en ese asunto.

“No compartimos en asboluto el recorte de derechos que la presidencia Orbán ha impuesto”, ha dicho Díaz a su llegada a la reunión con sus homólogos en Bruselas este lunes. La vicepresidenta y responsable de Trabajo ha asegurado que la iniciativa húngara incluía una “lista de exclusiones”. “Es inaudito que la propia directiva indique los caminos para que no se aplique”, ha denunciado. Minutos después el ministro húngaro constataba la división de los 27 y emplazaba a seguir las negociaciones el próximo semestre.

El Gobierno español apuesta por que se destaque la formación dentro de los periodos de prácticas para “asegurar que se proporciona una formación de calidad”, según explican fuentes del departamento de Díaz. Además, la aspiración de España es que la orientación del Consejo mantenga el alma de la propuesta inicial de la Comisión Europea ante la negociación que tendrá que iniciarse con el Parlamento Europeo para “impedir que los periodos de prácticas puedan ser utilizados para sustituir a personas trabajadoras a través de una regulación clara, que además permita actuar a las inspecciones de trabajo en este área”, apuntan las mismas fuentes.

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