La clausura del 41º Congreso Federal del PSOE, este domingo en Sevilla, dejó un anuncio en el que el Gobierno lleva en torno a un año trabajando con discreción.

En los días posteriores al Congreso, en el que Sánchez confirmó su intención de blindar a perpetuidad en la Constitución el carácter público de las viviendas construidas con recursos público, desde el Ejecutivo han ido deslizando sus planes para esta nueva empresa pública, que gestionará y promocionará vivienda desde la Administración General del Estado. Estas son algunas claves de una herramienta con la que el Ejecutivo quiere abordar uno de los grandes retos de esta legislatura, que ha sacado a la calle en los últimos meses a decenas de miles de personas.

El Ejecutivo no parte de cero. Según ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, la base de la nueva empresa será la Entidad Estatal del Suelo (Sepes), el organismo encargado de recuperar suelo público para la promoción de vivienda asequible y para desarrollos industriales. El objetivo ahora es “convertir y fortalecer” este instrumento para que, “de manera integral, aborde todas las capacidades que tiene la Administración General del Estado”, ha explicado Rodríguez, que ha señalado que administraciones como el Ministerio de Defensa o Adif disponen de “mucho suelo”.

“Esta empresa que ya tenemos, Sepes, se va a concretar con otras acciones e instrumentos, como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o los activos que tenemos en la administración, que son patrimonio inmobiliario que se puede traducir en vivienda asequible”, ha señalado la Ministra. El objetivo del Gobierno es incorporar a ese nuevo ente otros activos, “que representan el fracaso de las políticas del PP, como puede ser la Sareb”. El objetivo del conocido como “banco malo” es desprenderse de los activos tóxicos generados tras la crisis financiera de 2008 y el rescate bancario antes de 2027, pero el Ejecutivo ya ha comenzado a poner parte de esos inmuebles a disposición del parque público de vivienda en alquiler asequible. La cuestión ahora es si disolver la sociedad, como estaba previsto, cambiar su mandato o derivar parte de las viviendas a alquiler social o por debajo de mercado.

Sánchez dejó claro que el objetivo de la empresa pública es “construir y gestionar vivienda”. A partir del Sepes, el Ejecutivo pretenden que la entidad proceda a la “urbanización, construcción, movilización y gestión” de viviendas, ha desarrollado Rodríguez. La ministra ha citado como “ejemplo a seguir” la labor que realiza la empresa del área metropolitana de Barcelona (AMB) y la empresa pública en Euskadi.

El AMB es el organismo encargado de definir las políticas de suelo y vivienda en el área metropolitana de Barcelona e impulsa promociones de vivienda asequible con colaboradores particulares, a través de una sociedad mixta, participada al 50% por socios públicos y un socio privado. En Euskadi, donde la vivienda pública lo es para siempre y no puede terminar en el mercado libre desde la aprobación de un decreto de 2003, hay dos modelos de empresa: Visesa, encargada de la promoción de vivienda protegida en alquiler, y Alokabide, que impulsa la movilización de viviendas vacías, tanto públicas como privadas, a través de garantías para los propietarios a cambio de una renta por debajo del precio de mercado.

A nivel estatal, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, creó en 2005 una Sociedad Pública de Alquiler. El funcionamiento era sencillo: el propietario ponía a disposición de la Sociedad la vivienda en alquiler a precio razonable y esta actúa como avalista. “El problema que tratamos de paliar es muy claro: en España hay muchas viviendas vacías, 3,2 millones aproximadamente, y hay muchos jóvenes y muchas familias sin posibilidad de acceder a una casa. Es una situación realmente paradójica que no beneficia ni a los propietarios que tienen viviendas vacías ni a quienes busca una vivienda”, señalaba la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega hace casi dos décadas, en un discurso que se replica aún hoy.

El Consejo de Ministros de Mariano Rajoy autorizó la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler en 2012, alegando que solo había conseguido gestionar un máximo de 9.000 de las 24.000 viviendas previstas y que había acumulado pérdidas de 37 millones de euros.

La promoción de vivienda nueva se hará, ha dicho Rodríguez, “en colaboración con las empresas de la construcción”. “Es un sector muy fuerte y es imprescindible. Tenemos que promover mucha vivienda, estamos ante un problema que tiene que ver con la oferta”, ha desarrollado, indicando que “crecen los hogares” y que desde el Ministerio se intervendrá “vía oferta”. Pero también con regulación. En concreto, ha mencionado la persecución de los fraudes con el alquiler de temporada o los límites de precios en aquellas zonas declaradas como tensionadas.

Desde la Confederación Nacional de la Construcción, integrada en la CEOE, ha señalado que la empresa pública “no resolverá los problemas de vivienda”. “El Gobierno se equivoca en el diagnóstico”, ha señalado en un comunicado, en el que abogan por agilizar los trámites burocráticos para la construcción. “Tenemos a las mejores empresas del mundo para solucionar los problemas de vivienda. No necesitamos una empresa pública, sino acabar con la inseguridad jurídica para aumentar la oferta, agilizar los trámites, optimizar esfuerzos, acortar los plazos de actuación y trabajar de una manera unida y coordinada, alejada del ruido político”, ha destacado su presidente, Pedro Fernández Alén.

La ministra ha cifrado en un millón y medio el déficit de viviendas públicas. En España, este parque representa tan solo el 2,5% del total, muy por debajo de la media europea, en torno al 9%, que elevan países como Austria (20%) o Países Bajos (35%). El Gobierno es consciente, no obstante, de que para alcanzar ese objetivo necesitará de la concurrencia de otros actores. “Le pido a otras administraciones públicas lo mismo que nosotros hacemos, que es poner todos los recursos”, indicó Rodríguez, quien asegura que “si alguna administración dice que puede hacerlo sola, miente”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, mostró su temor a que la empresa pública de vivienda estatal sea “una excusa para volver a recentralizar”. “En Catalunya, no la necesitamos”, aseveró en una rueda de prensa para presentar sus medidas en esta materia, que pasan también por ampliar el parque público y de alquiler.

Las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. El Estado central puede financiar, coordinar políticas y regular los arrendamientos. En el ámbito presupuestario, el Gobierno tiene capacidad para influir en las políticas municipales o autonómicas, condicionando esos fondos a determinadas acciones, como la rehabilitación, la construcción o a diferentes ayudas. En el caso de las promociones de vivienda social o asequible, hasta ahora el Ejecutivo había puesto suelo público de propiedad estatal a disposición de otras administraciones, para que estas construyan. Es el caso de la operación Campamento, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, donde se edificarán 10.700 viviendas sobre suelo que el Ministerio de Vivienda adquirió a Defensa, bajo el compromiso de que sean “asequibles” para siempre, tanto en compra como en alquiler. “Vamos a establecer un mecanismo para erigir los precios que consideremos asequibles”, señalaban entonces fuentes ministeriales.

El cambio ahora es sustancial, porque implica que el propio Estado central se da la capacidad de promover y construir vivienda, directamente o mediante colaboración público-privada. “Ante la complejidad (del problema), estamos adoptando medidas”, defendía Rodríguez, consciente de que aumentar el parque público “llevará más tiempo”. El objetivo último es tener “más capacidad para que, desde la urbanización del suelo, la entrega de llaves y la gestión de los alquileres, pueda ser completada por la Administración General del Estado para dar respuesta lo antes posible a la necesidad de las familias que hoy necesitan una vivienda”.

La clave de la medida es que las viviendas sean asequibles. “Lo que está sufriendo nuestro país es que antes era de propietarios y ahora es imposible ser propietario y uno se encuentra ahogado en el mercado del alquiler”, ha reconocido la ministra, que ha indicado que “lo que hay que garantizar en compra o alquiler es la accesibilidad”. Rodríguez ha optado por la “prudencia” a la hora de pronunciarse sobre los posibles beneficiarios de las viviendas que gestione esta empresa pública, algo que se sabrá en “unas semanas”.

“Hay una parte que se están promoviendo ya con el impulso del Gobierno de España por otras administraciones”, ha dicho, mencionando el Plan de Recuperación, con el que se activarán 25.000 inmuebles.