Una de las afectadas por la venta de vivienda pública a un fondo buitre por parte de Ana Botella en 2013 celebra la decisión del Supremo de avalar su derecho de compra preferente: "Siento una tranquilidad que no sé describir"
El Supremo obliga a Blackstone a vender viviendas que le adjudicó Ana Botella al precio de saldo por el que las compró
En la calle de Lope de Vega, en el centro de Madrid, hay tiendas de ropa, varios restaurantes que ofrecen brunchs o dulces de colores, una joyería de autor y un comercio para mascotas.
Depende a quien se le pregunte, es el precio más caro de la historia porque ha llegado tras una larga disputa judicial. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que reconocía el derecho de compra preferente de los inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento que en 2013 malvendió al fondo buitre 1.860 viviendas, además de plazas de garaje y trasteros, bajo diferentes regímenes de protección pública a Blackstone por 72,8 millones de euros.
Cuando a Clara le comunicaron la decisión del Supremo, este miércoles, rompió a llorar. En 2006, por sus condiciones socioeconómicas, entró en un sorteo para una vivienda pública de alquiler con opción a compra del Ayuntamiento de Madrid. Como a otros cientos de familias, algunas en el centro de Madrid, pero la mayoría en Vallecas y Carabanchel, le tocó uno de esos inmuebles. “En ese momento sí creí que me había tocado la lotería, ahora creo que estoy despertando de una pesadilla”, explica en conversación con elDiario.es.
Clara no se llama Clara, pero tras una década de batalla judicial, prefiere resguardarse en la tranquilidad del anonimato. “El desgaste emocional, físico y las presiones que hemos pasado no sé qué precio tiene, pero si era justo para el fondo buitre, tendrá que serlo para nosotros”, dice esta mujer, que vive en este piso de unos 50 metros con su pareja y sus tres hijos, de entre 4 y 10 años. Cuando se enteraron de la venta a precio de saldo de las viviendas públicas por parte de Ana Botella al fondo buitre muchas familias iniciaron dos procesos: la reclamación del derecho de retracto y una batalla contra los intentos de desahucio. “Estamos luchando en un proceso de desahucio. La fecha que estaba puesta era el 31 de diciembre”, explica.
Su abogado, José Mariano Benítez de Lugo, explica que estos cuatro casos son los primeros, pero no los únicos que han reclamado que se haga efectivo su derecho de compra preferente sobre Blackstone. Él mismo lleva decenas de ellos, 40 avalados ya por la Audiencia Provincial, que esperan llegar al Supremo. “Lógicamente, el principio de unidad de doctrina del propio Tribunal supondría aplicar el mismo criterio”, considera.
La familia de Arancha Mejías vive en el PAU de Carabanchel. Sus padres son unos de esos 40 casos que esperan respuesta y que han visto en la sentencia, conocida este miércoles, un foco de esperanza. “Mi madre casi se ahoga de la ansiedad, los nervios y la emoción. Está esperando varias operaciones, así que imagínate lo que es no saber dónde te vas a poder recuperar”, indica. Mejías es portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, que llevan años movilizándose contra esta desviación de recursos públicos a fondos privados: “A nivel de lucha colectiva, es un hito. Llevamos 10 años viviendo esta pesadilla y sentimos que se está haciendo justicia, aunque sea una década después”.
Aunque desde el movimiento vecinal ven esta sentencia como la “antesala de la resolución de todas las familias” no quieren lanzar todavía las campanas al vuelo. “Entendemos que esto va a ser la solución para todas, pero somos cautas. Mis padres llevan 20 años en esta casa y la mitad ha sido de lucha, cumpliendo con la obligación del pago de los recibos. La propiedad es importante, porque es nuestro hogar, pero el éxito no es solo patrimonial, es moral, porque estamos recuperando un derecho de tantos que nos habían arrebatado”, defiende Mejías.
El recurso del fondo buitre se basa en una excepción a ese derecho de retracto: que todas las viviendas se hubieran adquirido en bloque. La Audiencia Provincial ya vino a decir que no había sido así, porque “en la escritura se individualiza cada elemento como ”propiedad“ y, en su conjunto como ”propiedades“, reflejando individualizadamente la identificación catastral de cada una de las propiedades que integran la promoción”. Y el Supremo lo refrenda: “La parte demandada (Fidere) no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas”.
Cuando se venden 1.860 viviendas públicas a un fondo buitre, se generan 1.860 casuísticas diferentes. “Unos están ya desahuciados, aunque repetidamente hemos dicho que estaba pendiente este recurso. Otros no están lanzados de sus viviendas. Hay muchos casos, porque dentro de decenas de pleitos que llevo hay muchos supuestos. En algunos nos encontraremos con que el fondo buitre ya habrá alquilado o vendido esas viviendas a otras personas y será un problema para aplicar la sentencia”, admite Benítez de Lugo.
Arancha recuerda emocionada algunas de esas situaciones, que han lastrado una década de vida. “A mis padres les querían desahuciar porque su hija era la cara visible, hemos visto a vecinos irse, desahucios e, incluso, a una vecina que se suicidó cuando le llegó la carta con la fecha de lanzamiento... No hace falta estudiar derecho para saber que las cosas se han hecho regular y que ni (Alberto Ruiz) Gallardón ni Ana Botella estaban mirando por los derechos de los ciudadanos cuando vendieron viviendas de protección oficial”.
El Tribunal de Cuentas llegó a condenar a Botella a pagar de su propio bolsillo 25,7 millones de euros por el roto que esta operación causó en las arcas públicas. Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento revocó la decisión por dos votos contra uno, precisamente, los de los consejeros propuestos por el Partido Popular, José Manuel Suárez y Margarita Mariscal de Gante. Mariscal de Gante fue ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, a su vez marido de Ana Botella.
Clara ve ante sí un horizonte totalmente nuevo. “Es pasar de la noche al día, siento una tranquilidad que no sé describirla”, celebra. Ahora tiene 48 años. Cuando atravesó por primera vez las puertas de su hogar tenía 30. Ha pasado casi media vida y, tras un periplo de 10 años, parece que está casi “empezando una nueva vida”.