Esta semana, Glovo anunció que cambiará su modelo de riders, para pasar a los contratos laborales de sus repartidores.

La decisión de Glovo de acatar el modelo laboral para sus riders se espera desde hace años, tras multitud de intentos y la pelea de muchas personas. Desde los jóvenes repartidores que se organizaron en torno a RidersXDerechos para denunciar que repartían como falsos autónomos, las numerosas actas de la Inspección de Trabajo concluyendo que la multinacional utilizaba falsos autónomos, las denuncias en los tribunales de los sindicatos mayoritarios y el empeño del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz.

Muchos pensaron que Glovo contrataría a los repartidores tras la sentencia del Tribunal Supremo que concluyó que su modelo de negocio se basaba en falsos autónomos, en 2020. Pero no ocurrió. Glovo aseguró que el sistema juzgado era anterior y que los cambios implementados en su relación con los riders garantizaba su autonomía. Es el argumento que ha utilizado siempre, en todos los intentos para que la multinacional contratara laboralmente a sus repartidores.

El Ministerio de Trabajo aprobó incluso una ley, la llamada Ley Rider, para que quedara explicitada esa necesaria contratación laboral de los riders en las plataformas digitales. Pero Glovo tampoco acató este mandato. De nuevo, justificó que adaptó su app y que cumplía la ley. La empresa volvió a ser sancionada por la Inspección de Trabajo, con multas millonarias por falsos autónomos y por emplear a riders sin papeles, y por incumplir la Ley Rider, pero la compañía dirigida por Oscar Pierre tampoco se movió de sus postulados.

En ese momento, desde colectivos como RidersXDerechos y también en algunos sindicatos, se exigió al Gobierno que se tomaran medidas más duras contra los responsables de la multinacional. En concreto, se puso sobre la mesa la posibilidad de que se persiguiera a los directivos por la justicia penal.

Se trata de un paso poco habitual en la mayoría de abusos laborales. “Frecuente no es, pero sí hay un caso en los que ocurre bastante, con más precedentes, que es en los accidentes laborales”, explica Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia.

“Cuando hay un fallecimiento de un trabajador, por ejemplo, y faltan medidas de prevención, ahí sí que la Fiscalía suele imputar o investigar a los empresarios y puede haber condena penal. Muchas veces se queda en sanción económica”, añade Todolí.

En materia de prevención y salud laboral tenemos otro ejemplo relevante reciente, también contra una gran multinacional: Cosentino. De nuevo, tras años y años de pelea de muchos trabajadores enfermos por silicosis, se alcanzó un acuerdo en un juzgado de Vigo que reconocía la responsabilidad de la empresa cuando se imputó por lo penal a la dirección de la multinacional.

La persecución de abusos laborales por lo penal también es más común en casos de “explotación de trabajadores extranjeros”, añade por su parte Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo por la Universidad Autónoma de Barcelona, casos en los que interviene la Inspección de Trabajo y la Policía.

Eduardo Rojo explica que en general “es difícil llegar a la justicia penal” en el fraude laboral, porque es “la última ratio”, de gran gravedad, y suele ser complicado reunir las pruebas de la existencia de delito.

Ante la insumisión de Glovo, el Ministerio de Trabajo dio un paso más: reformar el Código Penal, ampliando los delitos contra los derechos de los trabajadores. Tras ello, y ya con una primera demanda de riders ya presentada, la Fiscalía imputó al fundador y consejero delegado de Glovo el pasado verano.

Con una redacción muy pensada para el abuso continuado de los falsos autónomos, la modificación legislativa del Código Penal pone en la diana no obstante a los empresarios que persisten en otros abusos laborales. Desde los falsos becarios o voluntarios a las cooperativas ficticias y las horas extra ilegales, entre otros, según los expertos consultados en Derecho Laboral. Los delitos pueden ser castigados con penas de prisión de hasta seis años.

Finalmente, este último capítulo frente la justicia penal, y a un día de que Oscar Pierre, declarara ante la jueza, Glovo ha cambiado de posición sobre su modelo de negocio. Para muchos, se trata de un precedente de qué supone perseguir a los directivos y responsables de la toma de decisiones en las empresas. Para Glovo, es una coincidencia. La empresa ha asegurado que no se trata de una “estrategia de defensa”, ya que Glovo cumple la ley, dicen. Simplemente, la multinacional quiere evitar “nuevas” discusiones con la Inspección de Trabajo.