Rodrigo Rato y Figaredo, el todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, está más cerca de volver a la cárcel.

La pena está muy por debajo de la petición que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó 63 años de cárcel por 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Pero abre la puerta a su regreso a prisión, donde ya estuvo durante dos años tras ser condenado por el escándalo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Rato anunció este viernes que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, por lo que el fallo no será firme hasta que se pronuncie. Entre tanto, la Audiencia podría acordar su regreso a la cárcel en caso de que aprecie riesgo de fuga, como ocurrió tras la primera sentencia de la Gürtel, donde las condenas fueron mucho más altas; o imponerle algún tipo de medida cautelar, como el pago de una fianza, sostienen las fuentes consultadas. 

En todo caso, esta segunda condena es un duro golpe para el hombre al que el PP de Aznar entronizó como el símbolo del “milagro económico español”. Tras la condena por gastar casi 100.000 euros con las tarjetas 'black' y su absolución por el fiasco de la salida a Bolsa de Bankia, el expolítico afrontó este tercer juicio con una actitud desafiante. Rechazó contestar a las preguntas de la fiscal anticorrupción, a la que acusó de haber montado una “fabulación”; y cargó contra los funcionarios que investigaron su patrimonio. “No sé de dónde sale esta gente”, “es indignante” o “nos toman por tontos”, fueron los descalificativos con los que se dirigió a los técnicos de Hacienda y al abogado del Estado durante la vista. 

Además, en la última sesión del juicio utilizó su derecho a la última palabra para defender su inocencia y señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de esta última etapa de calvario judicial. Dejó caer que meses antes de su mediática detención, cuando fue introducido en un coche de los agentes de Aduanas, ambos estaban al corriente de las actuaciones de la Agencia Tributaria. 

La sentencia demuestra que los jueces que siguieron el más de medio centenar de sesiones de la vista solo han asumido en parte de las alegaciones de su abogada, María Massó, que defendió que toda la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y que calificó de “monstruosa” la acusación contra su cliente. Por contra, la fiscal Elena Lorente definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que se presentó ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar su condena. 

La realidad es que el fallo limita a tres ejercicios los delitos fiscales frente la durísima acusación de la Fiscalía, que defendía que la actividad delictiva se había iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y había seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Y le atribuía, en consecuencia, 11 delitos fiscales. 

En todo caso, la resolución considera probado que Rato cometió fraude fiscal por una doble vía. Por un lado, ocultando a Hacienda dinero que tenía en el extranjero. Y, por otro, facturando a través de sociedades instrumentales servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica. 

La otra pata de la causa son las supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012.

La Fiscalía sostuvo durante el juicio que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. En la vista, Rato negó haber dado ninguna “indicación” a nadie sobre esos contratos con el argumento de que no estaba capacitado porque no era “experto en marketing ni publicidad”. 

Pero en la sentencia los jueces consideran acreditado que Rato cometió un delito de corrupción entre particulares al imponer que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de la entidad a cambio de una mordida de 2.022.154,52 euros. Un dinero que se repartió con Alberto Portuondo, uno de sus supuestos testaferros, también condenado a una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida, además del decomiso de esa cantidad. 

No obstante, la Audiencia Provincial absuelve tanto a los empleados de Publicis y Zenith (y a ambas sociedades), como a algunos de sus colaboradores más fieles, que según Anticorrupción habían conformado un “grupo de presión” en la entidad. Es el caso de su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; o el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Los jueces entienden que no participaron en el acto corrupto.

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2012. Ante el tribunal, reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. 

En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la han tenido los jueces de la Audiencia Provincial, que han acreditado irregularidades aunque con la intensidad defendida por la Fiscalía. 

Rato suma esta condena a la recibida por llevarse dinero de Caja Madrid. En su caso, los 99.054 euros que gastó pasando la tarjeta 'black' con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Supremo en octubre de 2018, atribuye a él y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran.

La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.

El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.

Esa fue la línea de defensa que siguió durante este juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica y en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. 

La resolución contra Rato sucede a la que, hace dos meses, dictó la Audiencia de València contra otro de los hombres fuertes de Aznar: el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana. Su condena fue más alta, de diez años y cinco meses de prisión, por las comisiones ilícitas que recibió tras intervenir en el proceso de adjudicación de la privatización de las ITV. 

Esa sentencia acredita que Zaplana cobró comisiones ilícitas durante toda su carrera política en el PP. El fallo consideró probado que el exministro, su testaferro y su contable blanquearon mordidas por un total de 16,2 millones de euros en Luxemburgo, Panamá y Andorra y le asignó una conducta “especialmente reprobable” por haber ordenado amañar esa adjudicación millonaria siendo “máximo responsable” del Gobierno valenciano.