La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una licitación pionera para el uso de aplicaciones de Inteligencia Artificial como el algoritmo que utiliza el organismo para detectar posibles prácticas fraudulentas en licitaciones públicas.

Competencia ha sacado a concurso un contrato de “servicios para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de Inteligencia Artificial e Inteligencia de Negocio”. El contrato, licitado por procedimiento abierto y con un periodo inicial de 24 meses, está valorado en 2.686.363,64 euros.

Entre los sistemas de información de la CNMC que se van a desarrollar y mantener con este servicio, en el pliego de condiciones se cita en primer lugar al sistema BRAVA, acrónimo del inglés Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust (Algoritmo de Manipulación de Licitaciones para la Vigilancia Antimonopolio).

Se trata de un desarrollo propio de la CNMC que, con herramientas de IA y técnicas estadísticas, ayuda al organismo a detectar de oficio prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas.

BRAVA fue creado por la Unidad de Inteligencia Económica (UIE) de la CNMC con el apoyo de la subdirección de Informática, tras una prueba de concepto previa realizada por una empresa externa. La clave de este desarrollo es su algoritmo basado en el aprendizaje automático (machine learning), que toma como fuente de información la base de datos de contratación pública y “ha permitido desarrollar una herramienta pionera a nivel mundial entre las autoridades de competencia”, explicaba la CNMC el pasado abril, tras ser premiada esta herramienta por la Revista Sociedad de la Información Digital. 

Entonces, Competencia subrayaba que “en los últimos años, el volumen de información y datos ha crecido de forma exponencial, lo que ha supuesto un reto para las autoridades de competencia, que necesitan nuevas herramientas de análisis para gestionar toda esta información de forma eficiente. Y es ahí donde la UIE juega un papel fundamental”. 

Dos cifras ilustran ese crecimiento exponencial: solo en 2023 se licitaron en España 196.763 expedientes de contratación, un 7,66% más, por importe de 107.557,67 millones de euros, con un incremento del 8,56%, según los últimos datos de OIReScon, la oficina que fiscaliza la contratación pública. El número de expedientes y el volumen económico de las licitaciones ha crecido un 53% solo desde 2019.

De hecho, OIReScon recomienda en su último informe anual la “implantación generalizada del uso de herramientas de IA como instrumento de ayuda en la detección de prácticas anticompetitivas y colusorias en la contratación pública”. Y destaca precisamente a BRAVA como un ejemplo en esta línea.

En una comparecencia en el Congreso el pasado septiembre, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, explicó que BRAVA “es capaz ya a estas alturas de clasificar de forma automatizada, con un rigor nunca por debajo del 90%, y normalmente superior, si una oferta presentada a la Administración, si una licitación que observamos es potencialmente colusoria o no lo es. Estamos avanzando cada vez más para que la detección sea de forma lo más automática y rápida posible”.

Explicó que cuando este algoritmo analiza una licitación “ve las ofertas que se le han hecho y analizando eso nos da, con un grado que cada vez se acerca más al 99% de rigor, una primera visión de si la oferta de ese concurso tiene o no tiene elementos colusivos”. Para ello, la herramienta está entrenada con información como las resoluciones de la CNMC o su antecesora, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que han sido ya confirmadas por el Tribunal Supremo.

Cuando un poder adjudicador manda al organismo un procedimiento acelerado para que analice “si de entrada plantea problemas, BRAVA nos es muy útil, la verdad, porque nos da una imagen de comparación muy asentada”, explicó Fernández. “Creemos que con eso podemos ayudar a evitar que las licitaciones se otorguen de forma anticompetitiva”, porque hacerlo con posterioridad “ya es muy difícil”.

La entidad tiene almacenados en su propia base de datos más de 3,5 millones de contratos públicos. Gracias a un convenio con el Colegio de Registradores, tiene acceso en tiempo real a los datos registrales de todas las empresas en España. “Tenemos a un montón de operadores, una gran parte de los operadores que concurren a las licitaciones, que además suelen ser los sospechosos habituales”, explicó Fernández.

“Ahora ya podemos saber que esta empresa gana, esta otra pierde, pierde, gana; pierde, pierde, gana; pierde, pierde, gana”, expuso ante los diputados, trazando un dibujo con ambas manos; “aquí hay un patrón”.

“Eso nos permite ya empezar a investigar, pero no solamente en patrones de gana-pierde, sino también en territorios, también en tipos de precio, en tipos de clientes, con lo cual, estamos entrenando a nuestras herramientas para que detecten tipos distintos de colusión, sea por reparto de mercado, sea por precio, sea por subcontratación”.

En esa comparecencia en la Cámara Baja, la presidenta de la CNMC definió a la UIE como “una de las joyas de la corona, de la que estamos especialmente orgullosos”. Creada en 2018, hasta hace unos meses esta unidad tenía como máxima responsable a la actual directora de Competencia de la CNMC, Susana Campuzano.

La UIE, explicó Fernández, “emplea diversas herramientas informáticas y digitales que abarcan desde técnicas estadísticas y econométricas hasta el uso de algoritmos y de inteligencia artificial, así como, en conjunción, canales de colaboración ciudadana e informantes que pueden acogerse al anonimato para proporcionar los indicios y hacer esa primera investigación que nos va a permitir avanzar en la detección y descubrimiento de prácticas anticompetitivas”.

En esa comparecencia en el Congreso, Fernández explicó que entre las aplicaciones de la IA que ya utilizan está también un proyecto para ganar eficiencia en el proceso de información interna del organismo o la base datos Guíeme, que estructura la información interna de la entidad. Expuso que “simplemente con aplicar técnicas de inteligencia artificial a la búsqueda de precedentes se pueden ahorrar dos o tres días de trabajo”.

Otra aplicación es el seguimiento de las publicaciones oficiales de los gobiernos autonómicos para detectar posibles obstrucciones a la competencia de normativas o decisiones de ese ámbito, “porque no es humanamente posible seguir todos los boletines de todas las comunidades autónomas más lo que sale en el BOE de forma sistemática”.

La presidenta de la CNMC reiteró que la detección de posibles conductas anticompetitivas en los contratos públicos “sigue siendo uno de nuestros ámbitos prioritarios de actuación. En España, dependiendo del año, podemos llegar hasta casi un 20% de PIB que se genera directa o indirectamente por contratación pública. Es un factor desencadenante muy importante para la economía y queremos que todas las actuaciones que se lleven a cabo en este mercado sean de naturaleza competitiva”.

En 2022 se registró un récord de denuncias de corrupción y fraude en la contratación pública. Hace unos meses la CNMC publicó un decálogo de indicios de posibles prácticas irregulares en la que pedía ayuda a los funcionarios: “Necesitamos vuestra colaboración”, indicaba.

Una de las razones que justifican este nuevo contrato relacionado con la IA son, según se explica en el pliego, “cambios normativos que puedan impactar en los procedimientos de análisis, supervisión y regulación basados en datos”.

“La demanda de nuevas soluciones basadas en inteligencia artificial y análisis de datos en la CNMC no deja de crecer, por lo que es necesario establecer un mecanismo contractual flexible que permita disponer de los recursos necesarios para abordar su desarrollo con agilidad, manteniendo el mismo marco metodológico para la gestión de la calidad y, de manera especial, para la gestión de la seguridad de los datos e información manejada por estas aplicaciones”, se indica.

Competencia señala en la documentación del expediente que “el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial e Inteligencia de Negocio es relativamente nuevo en la CNMC y nunca antes había sido objeto de un contrato específico”. Los que utiliza a día de hoy en estos dos ámbitos se limitan a algunos trabajos desarrollados por personal propio del organismo o realizados por la consultora Altia en otro contrato de más amplio adjudicado en 2022.

La CNMC ha optado por contratar de forma unificada estos servicios y realizar un mejor seguimiento y control de los proyectos. Va a requerir que la empresa suministradora cuente con un jefe de proyecto, cinco “Full Stack Developers especialistas” [responsables de construir, testear, mantener y manejar esas herramientas en todos los aspectos] y otros tres “Full Stack Developers”.

A todos ellos se les exigirá dedicación exclusiva: “No se podrán incluir en la oferta personas con contrato comprometido con otra entidad, pública o privada, para el mismo periodo de ejecución de esta contratación”.