Pedro Sánchez ha arrancado el año poniendo la vivienda en el eje de su acción de Gobierno.

Las medidas para las que el Ejecutivo requerirá de una mayoría parlamentaria son, principalmente, las que tienen que ver con la fiscalidad. Estas son algunas de las herramientas de mayor calado que desde Presidencia y el Ministerio de Vivienda quieren activar para evitar el bloqueo de las comunidades del Partido Popular a su Ley Estatal, como la exención fiscal de hasta el 100% del IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas en cualquier punto del territorio, haya sido o no declarado zona tensionada.

“Tenemos capacidad para modificar el IRPF y competencia en materia de alquileres”, indican fuentes del Gobierno, que señalan que pueden “elevar la exención fiscal potencial y saltar el bloqueo”. La Ley de Vivienda contempla exenciones fiscales del 70% cuando se incorporen a zonas de mercado residencial tensionado viviendas en alquiler para jóvenes hasta 35 años y del 90% si se baja el precio al menos un 5%. El objetivo ahora es ampliar esas bonificaciones a cualquier zona y explorar fórmulas para llegar al 100% de la exención, lo que según cálculos del Ejecutivo podría dejar exentos de IRPF una media de 6.000 euros por pequeño propietario. La medida, en cualquier caso, “va a depender de cuándo se pueda activar en el Congreso”, reconocen las fuentes consultadas.

Lo que no han sabido concretar las fuentes consultadas es la merma en la recaudación fiscal que supondrá la medida. “El Gobierno está cumpliendo con los objetivos de déficit, no estamos disparando con pólvora del rey”, justifican, alegando que lo que preocupa al Ejecutivo es “lo que se está dando a otros colectivos, especialmente en las comunidades autónomas, donde el Estado está perdiendo miles de millones de euros”.

“Como todas las políticas públicas, se trata de encontrar un equilibrio entre las cosas buenas y las cosas malas. Hay un problema de oferta y tenemos que estimular la oferta”, conceden estas voces, que aclaran que todas las bonificaciones contenidas en el paquete presentado por Sánchez van ligadas a que los inquilinos tengan un beneficio en el precio del alquiler, como el programa de ayudas para la rehabilitación de vivienda vacía para destinarla al alquiler a precio por debajo de mercado durante al menos cinco años. “Merece la pena”, aclaran.

Para elaborar este plan, que desde el Gobierno definen como un paquete integral con 12 medidas interconectadas, más que como una suma de propuestas, el Ejecutivo ha hecho equilibrios con las distintas sensibilidades que integran el Congreso. Desde el PNV o Junts, a quienes el Partido Popular quiere atraer también al plan presentado este fin de semana en Asturias, hasta Podemos, ERC o Bildu.

Los socios habituales del Gobierno han considerado insuficientes las medidas anunciadas por Sánchez. “Llegan tarde y se quedan cortos”, ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y de todas para que bajen los precios”, ha lamentado la líder de Podemos, Ione Belarra. “Hay que prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir”, ha defendido el portavoz de Bildu, Oskar Matute, y no solo a los extranjeros extracomunitarios no residentes, como ha propuesto Sánchez. Un mensaje que han compartido desde Sumar, que ha celebrado el “cambio de tono” del PSOE, pero ha pedido “ir mucho más allá”.

Esta será otra de las medidas que deba pasar por el Congreso. Desde el Gobierno todavía buscan la fórmula para lograr incrementar hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no viven en España, pero que quieren comprar aquí una vivienda. Las opciones que barajan son modificar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o la creación de un impuesto especial.

Según los datos expuestos este lunes por el presidente del Gobierno, solo en 2023 se realizaron 27.000 compras de casas y pisos por no europeos. “No para vivir en ellas, no para que vivieran sus familiares. Lo hicieron, principalmente, para especular, para ganar dinero que ellas, algo que, en el contexto de escasez residencial, no podemos permitirnos”, dijo Sánchez. Unas viviendas que, según fuentes de Moncloa, se encuentran concentradas en zonas “muy claras y tensionadas”, como grandes núcleos urbanos y turísticos.

Desde el Gobierno indican que no se ha extendido esta penalización fiscal a extranjeros no residentes europeos ante las “muchas limitaciones legales”. “Si pretendes incluir en ese esquema a los comunitarios, se vuelve casi imposible”, indican.

“Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas”, aseguró Sánchez, que afirmó que “no es justo que quien tiene tres alquileres turísticos pague menos impuestos que un hotel o que los trabajadores y las trabajadoras”. El objetivo del Gobierno en este sentido es llevar al Congreso una propuesta para que las viviendas turísticas sean consideradas un negocio y pasen a tributar como una actividad económica más.

Desde el Gobierno emplazan la tasa del impuesto al debate de la directiva europea sobre viviendas de uso turístico. “En función de los tipos impositivos vamos a ir ajustando”, señalan. Pero lo harán, aclaran, teniendo en cuenta las diferentes realidades territoriales. “Lo que es malo para zonas tensionadas puede ser bueno para zonas rurales despobladas, donde se genera una actividad económica muy importante”, matizan.

Sánchez anunció también este lunes otras medidas encaminadas a perseguir los alquileres turísticos y de temporada fraudulentos, en línea con la ventanilla única que Vivienda puso en marcha el 2 de enero y por el que todos los arrendadores deberán pasar para conseguir un código que les habilite para anunciarse en plataformas. Una de ellas es la creación de un fondo, aún por dotar, que permita a las comunidades y los ayuntamientos a endurecer la lucha contra el fraude.

Tras el fracaso de una enmienda de Sumar para suprimir el régimen fiscal de las Socimis, las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, que contaba con el visto bueno del PSOE pero que acabó cayendo en su trámite parlamentario con el voto en contra de su socio parlamentario, el ala socialista del Gobierno quiere ahora meter mano a estos vehículos de inversión. Al menos, a las que se dedican a la vivienda. Si el Congreso da el visto bueno, solo se beneficiarán de las bonificaciones fiscales de las que disfrutan hasta ahora aquellas que se dediquen al alquiler asequible.

Esta medida no afectará a las Socimis que no tengan vivienda. Esto deja fuera a Merlin y Colonial, las dos mayores inmobiliarias cotizadas de España, que se dedican a alquilar oficinas y que ya habían amenazado con marcharse del país si se acababa con las ventajas fiscales.

El Gobierno quiere crear un “sistema de garantías públicas” que proteja tanto a inquilinos como a propietarios. La medida, comprometida para este año, arrancará con los menores de 35 y supone facilitar el acceso a un alquiler a aquellos que tengan dificultades para acceder a una vivienda por su inestabilidad económica. Pero esas garantías son para los caseros, porque el Estado financiará el aval y se hará cargo de posibles impagos.

Para esta medida, el Gobierno se ha inspirado en la garantía Visale francesa, que garantiza el pago del alquiler y los gastos al arrendador si el inquilino no puede asumirlos. La intención de Vivienda es que esa gestión sea competencia de la nueva empresa pública de vivienda que, además, tendrá prioridad a la hora de adquirir todos los suelos de los que quiera deshacer la Administración General del Estado, los organismos autónomos o las empresas mercantiles, que necesitarán la autorización del Ministerio de Vivienda.

Esta nueva empresa pública de vivienda echará a andar con la promoción de 438 viviendas en València, donde además se impulsará un Perte para la modernización de la industria de la construcción, pero está llamada a asumir la pata social del banco malo, la Sareb. En concreto, recibirá de forma inminente las 13.000 viviendas de esta entidad, en las que viven familias sujetas a un contrato social. En los siguientes meses se incorporarán otras 15.000 y, en el plazo de un año y medio, se espera que adquiera otras 10.000. Además, recibirá más de 3.300 viviendas de las administraciones y unos dos millones de metros cuadrados de suelo residencial.

El Gobierno quiere “ir conformando un patrimonio público para incentivar y conformar parques públicos de vivienda”. Y quieren que sea a perpetuidad. Por eso, Sánchez también ha anunciado que blindará la vivienda protegida del Estado. Para ello, tiene el Plan Estatal de Vivienda, que arrancará en 2026, y cuyos fondos a las comunidades autónomas estarán condicionados a que estas acepten este principio.