Es “difícil de explicar”, contestan oficialmente desde el Ministerio de Trabajo. “Es peliagudo”. “Es un debate viciado”, coinciden desde los sindicatos. Efectivamente, el Ministerio Hacienda maneja un “cóctel explosivo”: la decisión de si, por primera vez, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) paga el impuesto sobre la renta (el IRPF), tras la nueva subida que se prevé para 2025.

Esta decisión es un “cóctel explosivo” porque “cualquier compromiso fiscal en los estratos de población más precarizados se interpreta como una carga regresiva que merma su capacidad adquisitiva”, según explica el gabinete socioeconómico de CGT. En otras palabras, hacer pagar IRPF a los sueldos más bajos alimenta automáticamente un mensaje: Hacienda “se come la subida del SMI”.

Un discurso que ataca dos pilares del estado de bienestar y de la redistribución de la riqueza: es 'anti impuestos' y refuerza las posiciones contrarias al propio salario mínimo. Amenazas que corren rápido en un contexto de deterioro de los principales servicios públicos, como la sanidad o la educación, y en el que el acceso a la vivienda supone un asfixiante esfuerzo precisamente para las familias más vulnerables, sobre en todo en las grandes capitales y en los destinos turísticos, donde se concentra la mayor parte del trabajo.

El debate del SMI y el IRPF se ha encendido en la prensa, justo después de que se conociera que la comisión de expertos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) recomienda una nueva subida de este suelo para los sueldos de nuestro país de hasta 50 euros, hasta los 1.184 euros brutos al mes (en 14 pagas). Según el informe de estos expertos, que se presenta públicamente este miércoles y que a priori seguirá el Gobierno, algo más de dos millones y medio de personas cobrarán el SMI en 2025, y disfrutarán de la subida que proponen con el objetivo de cumplir con el compromiso de que la cifra alcance el 60% del salario medio en nuestro país.

Algunos titulares de estos últimos días han dado por hecho que “Hacienda descarta adaptar el IRPF a la subida del SMI y obligará a tributar a sus beneficiarios”, según El País. O que “el Gobierno obligará a pagar IRPF por primera vez a más de medio millón de trabajadores que cobran el salario mínimo”, según El Mundo. elDiario.es ha preguntado al Ministerio de Hacienda si puede confirmar estas informaciones. La respuesta es que “todavía no se sabe ni siquiera cuánto va a subir el SMI, por tanto, hay que esperar para saber cómo queda el IRPF”.

Además, este periódico ha podido saber que en la comisión de expertos, el representante de Hacienda, César Veloso —director adjunto del gabinete de la ministra y vicepresidenta primera María Jesús Montero—, tampoco desveló cuáles son sus intenciones, ni en los debates, ni en el informe final.

Con estas pinceladas, ya se pueden intuir algunas de las aristas del “peliagudo” debate sobre si las personas trabajadoras que cobran el salario mínimo deben pagar o no IRPF. En primer lugar, son muchas personas las que cobran el SMI después de las extraordinarias subidas del SMI desde 2018 —de un 54% acumulado hasta ahora, que se elevará alrededor de un 60% de incremento en este 2025—. Más de dos millones y medio de trabajadores. O dicho de otra manera, cerca de un 15% de todos los afiliados a la Seguridad Social gana lo que se supone que es “un suelo de ingresos digno”.

Son tantos, que eximirles a todos de pagar el impuesto sobre la renta supone un coste de cerca de 1.500 millones de euros al Estado, es decir, al conjunto de todos los contribuyentes. Esa cantidad es una décima del PIB (Producto Interior Bruto). 0,1 puntos del PIB que van al déficit presupuestario (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos públicos). En los últimos años, Hacienda ha ido asumiendo este coste.

¿Qué dicen estas cifras de España? Por un lado, que es un país con sueldos muy bajos en general. O lo que es lo mismo, el salario mínimo cada vez se aproxima más al salario más frecuente —que siempre es menor al salario medio, porque este está distorsionado al alza por las rentas más altas, aunque sean pocas—. Por otro, que si una décima de PIB en el déficit que no se recauda de los salarios más bajos se convierte en una preocupación es porque el sistema fiscal falla —y los más ricos y las grandes empresas no contribuyen lo que deberían—, y porque el Gobierno prioriza cumplir con el objetivo de déficit del 2,5% del PIB en 2025, desde el 3% de 2024, que tiene acordado con la Comisión Europea, tras el regreso de las reglas fiscales comunitarias.

El 'libro blanco' para una reforma fiscal, que el mismo Ministerio de Hacienda encargó a un grupo de expertos en 2021, recuerda que “el IRPF es el eje central de la imposición en España, tanto por razones jurídicas como económicas. Es el impuesto con mayor recaudación [más de 100.000 millones de euros cada año, por delante del IVA y de Sociedades] y el que permite dar cumplimiento al mandato constitucional de progresividad del sistema tributario”. Según señala este documento de consenso, “el IRPF recauda fundamentalmente de las rentas salariales medias y medias-altas, las situadas entre los 20.000 y los 60.000 euros”.

“La presión fiscal recae proporcionalmente en mayor medida sobre los estratos de población más pobres, y a quienes realmente se les exonera del pago de impuestos son a las rentas altas y a los grandes patrimonios por múltiples vías”, denuncian en CGT, en la misma línea del 'libro blanco', cuyos postulados han caído en saco roto hasta ahora. “Los impuestos son salario indirecto de los trabajadores, que se debe traducir en mejores servicios públicos. La pobreza salarial y el desmantelamiento de los servicios públicos se alimenta de estos marcos discursivos en los que se plantean falsos dilemas, y que ocultan el hecho de que el origen del problema está en la desigualdad, tanto en el reparto de la renta en los centros de trabajo como en la política redistributiva”, añaden en el sindicato.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo asegura que “nuestra postura es la misma que en las subidas anteriores. El mínimo exento del IRPF tiene que subir junto al SMI”. Mientras, UGT ha sido más contundente, al lanzar un comunicado en el que afirma que el sindicato “se opone a un acuerdo que no contemple la exención del IRPF al nuevo SMI”. Según argumenta, “la prioridad del sindicato es garantizar que el importe del SMI llegue neto a las personas trabajadoras que lo perciben, quienes representan a las capas más desfavorecidas de la población y requieren un mayor apoyo institucional. Este objetivo implica también una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda para asegurar que estas medidas se implementen adecuadamente”.

Merece la pena ahondar las cuestiones técnicas del SMI y del IRPF para dar una paso más en la complejidad del debate. El informe de la comisión de expertos del salario mínimo esquiva hacer ninguna recomendación sobre fiscalidad al recoger que la subida propuesta en 2025 —del 3,44% o del 4,41%, según la forma de calcular el salario medio neto en España— sería el aumento necesario “en el caso de no actualizarse el umbral de tributación en el IRPF, manteniéndose, por tanto, el nivel actual de 15.876 euros”.

Este es el límite exento actualmente, después de que Hacienda lo adaptase en 2024 al último incremento del SMI. “Si se aumentara dicho nivel [como Hacienda hizo también en 2023, en 2022...] sería necesario recalcular la retención correspondiente al nuevo mínimo, que, al ser mayor, se traduciría también en un menor crecimiento del SMI bruto, para un mismo SMI neto”, continúa el informe de la comisión de expertos.

Recapitulando, la subida del salario mínimo propuesta es hasta 16.576 euros brutos para que se quede en un sueldo neto de 15.399 euros (después de pagar cotizaciones sociales a la Seguridad Social e IRPF). Una recomendación que se ha realizado tomando el mínimo exento actual, sin adaptar. Por eso, el documento aclara que si Hacienda decidiera volver a adaptarlo, el salario mínimo bruto tendría que elevarse un poco menos para dar como resultados el mismo neto: los 15.399 euros anuales —en la parte alta del rango aconsejado—. “Es una forma de cargar esa parte de la subida del SMI al coste laboral de la empresa, y no a Hacienda, a todos los contribuyentes”, comenta Luis Zarapuz, experto del gabinete económico de las Comisiones Obreras, que ha participado en la comisión del SMI.

“No existe un único salario bruto para un salario neto determinado, puesto que la tributación del trabajador en el IRPF depende de sus circunstancias personales y familiares”, prosigue el informe de los expertos. “Mientras que las cotizaciones a la Seguridad Social por cuenta del trabajador son iguales para todos los perceptores del SMI, no ocurre lo mismo con la retención por IRPF que depende de la situación personal y familiar del trabajador”, continúa el documento.

El informe incluye un apéndice en el que la Agencia Tributaria aporta los cálculos sobre cuántas personas trabajadoras que perciben el salario mínimo pagarían IRPF en 2025 si Hacienda finalmente no eleva también el umbral exento. Aproximadamente, serían medio millón, las solteras sin cargas, el 20% de los cerca de 2 millones y medio en total. El 80% restante seguiría libre de hacer la declaración de la renta.

“Un planteamiento adecuado debe partir de la defensa de que se paguen impuestos, pero acompañado de la necesidad de que se reduzca la desigualdad en todas sus dimensiones, y eso pasa porque paguen más quienes más renta reciben y riqueza poseen. El hecho de que las rentas más bajas paguen impuestos no debe suponer un problema si a estos estratos de población que perciben rentas bajas tienen garantizadas unas condiciones de vida dignas”, concluyen desde CGT.