Ecuador está expuesto al pago de miles de millones de dólares en trece procesos de arbitrajes que aún tiene abiertos en instancias internacionales y que se originan en supuestos incumplimientos de compromisos adquiridos en las últimas dos décadas.
"Tenemos ahora trece procesos arbitrales entre arbitrajes de inversión -casos protegidos por tratados bilaterales de inversión- y arbitrajes comerciales", confirmó a Efe el procurador general del Estado, Íñigo Salvador.
En una entrevista con motivo del fallo en el caso Perenco, en el que su país deberá pagar a la firma francesa 471 millones de dólares -menos una contraindeminzación de 60 millones por daños ambientales-, Salvador eludió dar una cifra global, pero confirmó que en algunos casos pueden ser sumas "monstruosas".
"Es complicado hacer una valoración porque en los casos de inversión la gran mayoría son por cuantías indeterminadas, es decir, todavía no se ha llegado a la etapa procesal en la cual se plantea cual es el quantum de la indemnización", indicó.
El laudo arbitral fue dado a conocer el pasado fin de semana y según la sentencia, Ecuador violó, entre otras, un Tratado Bilateral de Inversión con Francia al decretar cambios unilaterales en los porcentajes de participación por extracción de petróleo.
El procurador se refería a leyes y decretos como la 42 de 2006 o la 662 de 2010, en las que los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa, alteraron a favor del Estado el reparto de los beneficios de la explotación petrolera cuando el precio del crudo llegaba a cotas sin precedentes.
"Por consideraciones políticas o por coyuntura económica se tomaron medidas que, a simple a vista, resultaron ser incumplimientos contractuales y que son muy difíciles de defender en los tribunales arbitrales", sentencia Salvador, quien reconoce que la labor de defender al Estado ecuatoriano en estos casos es "muy complicada".
Las medidas, que llegaron a dar al Estado ecuatoriano un reparto del 99 por ciento para el estado y el resto para la empresa en el excedente de la subida del precio por barril fijado por contrato, provocaron que algunas empresas, como Perenco o Burlington (subsidiaria de ConocoPhillips), abandonaran el país y demandaran por todo tipo de razones.
Entre los arbitrajes de inversión Ecuador aún tiene pendientes las demandas de RSM Co., Zamora Gold, Chevron III, GLP y Worley Parsons, así como el de la farmacéutica Merck Sharp & Dohme (MSD) entre los comerciales.
Las demandas petrolíferas pueden superar la cifra de más de mil de millones de dólares en algunos casos.
"En (el caso) Chevron 3 la cifra inicial fue de 1.000 millones, pero dentro de esta fase hay rubros adicionales y no puedo pronunciarme. La fase ahora es de determinación del quantum de la indemnización, todavía no ha concluido y no sabemos de cuanto (se tratará)", matizó.
Un cálculo básico, en base a demandas anteriores y a las que están por resolverse, apunta a una exposición global de entre mil y cinco mil millones de dólares, "cifras astronómicas" para una economía como la de Ecuador.
El procurador advierte, no obstante, que "en la práctica obviamente resulta muy complicado" establecer los parámetros de vulnerabilidad del Estado en estos arbitrajes, sobre todo, porque las instancias de arbitrajes estipuladas en esos contratos suelen "beneficiar a las empresas".
Se trata de casos que comienzan a partir del año 2000, si bien la mayoría de ellos se desarrollan después de 2008, a raíz de leyes pasadas por el Gobierno de Correa para equilibrar un "injusto" reparto -en palabras de Salvador- de la explotación petrolera.
"Esto ocurre en un momento en el que los precios del petróleo se elevan y, si era una situación injusta, quizás la forma de solucionarla no fue la adecuada", apunta el procurador.
La situación del país es tal que la mitad del presupuesto de la Procuraduría, que asciende a unos 40 millones anuales, se gasta en abogados internacionales, y apunta su dedo acusador a "funcionarios" que no tienen "una cultura de cumplimiento de los tratados internacionales y de los contratos de los cuales el Estado es parte".
"Es difícil defender a un estado que no tiene una cultura del cumplimiento de la ley (..) Algo tiene que andar mal... ¿Por qué el Estado es demandado tanto?", se pregunta Salvador.
Como solución, cree que se requiere "asesorar y capacitar" al funcionariado para que eviten decisiones que acaben perjudicando al Estado y recomienda "protocolos estrictos" sobre "Constitución, leyes y contratos".
También cree que se ha hecho poco para impedir que los casos lleguen a una situación de arbitraje, y que se debería poner más énfasis en un arreglo previo fuera de tribunales porque, a juzgar por los resultados, es "preferible llegar a acuerdos antes de que el arbitraje se inicie".
Elías L. Benarroch
