Era un solo decreto, pero beneficiaba a una cantidad enorme de personas. Casi diez millones de pensionistas, dos millones de personas cubiertas por el ingreso mínimo vital (IMV), unos 20 millones de usuarias de las ayudas al transporte, más de 1,6 millones de beneficiarias del bono social eléctrico y decenas de miles protegidas por la moratoria antidesahucios, entre otras.

“Ninguna de las medidas que estaban incorporadas en el decreto es prescindible y deben ser aprobadas todas cuanto antes”, reclama José Javier López, director de EAPN-ES, red que engloba a las ONG contra la pobreza. Como introducen las anteriores cifras, el número total de afectados por la anulación del decreto ómnibus es amplísimo, pero es que, en algunos casos, las ayudas ahora anuladas son vitales para el día a día de muchas familias.

En la EAPN recuerdan que España es un país con una elevada tasa de pobreza y exclusión social, que alcanza a 12,7 millones de personas, con niveles récord en algunos indicadores, fruto de los años de inflación. En muchos de estos hogares, el aumento del ingreso mínimo vital, de la pensión, el bono eléctrico o el descuento en el abono transporte puede marcar la diferencia entre comprar bienes básicos como carne y pescado o no poder hacerlo. Entre que te corten el gas o mantener tu casa caliente. Entre acabar en la calle o que se impida el desahucio de tu familia.

“Hay que tener en cuenta que la pobreza y la exclusión social son problemáticas multidimensionales que afectan a muy diferentes ámbitos en la vida de las personas que las sufren. Aunque parcelemos la pobreza en esferas como la pobreza energética, laboral o infantil, eso no supone que en una familia se sufre de pobreza energética y no de laboral, por ejemplo. Van de la mano”, explica López.

Pedro (nombre ficticio), jubilado que vive en el sur de Madrid, ha revisado este viernes su cuenta del banco y ya le habían ingresado la pensión a él y a su mujer. La nómina de enero le ha llegado con el aumento de 2025 aprobado por el Gobierno, pero ha decaído de cara a febrero tras el 'no' al decreto ómnibus. En su caso, son 22 euros más al mes, con una prestación de casi 1.500 euros, al aplicarse la subida general del 2,8%, pero el incremento de la prestación de su mujer es superior: de 50 euros, un 6% más, ya que cobra la pensión mínima (unos 866 euros).

Aunque en general suele votar a la derecha, Pedro reconoce que está “muy desengañado con muchas cosas que están ocurriendo”. “De verdad, que si tuviera que votar ahora no sabría a quién votaría”, apunta. Sin embargo, como ha dicho el PP, Pedro considera que el Gobierno debería haber llevado solo la subida de las pensiones a votación. Reconoce que no sabe qué otras medidas hay en la norma, ni cuáles justifican que el PP, Junts y Vox hayan votado en contra, pero cree que puede ser porque “el Gobierno haya metido alguna trampa”.

Mª Carmen, en Barcelona, aún no ha cobrado la pensión, pero ya le ha llegado la carta del Ministerio de la Seguridad Social que le comunica el aumento de este año ahora en vilo. Su aumento también es de 50 euros, con una pensión cercana a la mínima, de 890 euros. “Me ha subido también por el aumento del complemento por hijo de las pensiones”, explica la mujer, que este año era del 7,8% y que también ha quedado anulado.

“Estoy muy enfadada, muy enfadada. No se puede mezclar estas cosas con la política de banderas. Se ha perjudicado a muchísima gente. No es mi caso, pero hay familias en las que los abuelos ayudan con la pensión a sus hijos”, dice Mª Carmen, en su caso votante progresista.

Como catalana, y aunque no es votante de Junts, sostiene que el partido liderado por Carles Puigdemont le ha “defraudado muchísimo”. “No me lo esperaba, para nada”, sostiene sobre el voto en contra de los independentistas que ha tumbado el alza de las pensiones. “No creo que se puedan mezclar sus negociaciones con el Gobierno con estas medidas sociales, tendrían que ser cosas aparte”, sostiene.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han denunciado también las votaciones en contra del decreto ómnibus, que consideran un ejercicio de “oportunismo político” que tendrá “elevadísimos costes” sobre las espaldas de la ciudadanía. Por ello, han organizado movilizaciones el próximo 2 de febrero en todo el país, que también exigirán al Gobierno que apruebe de nuevo de manera urgente estas medidas sociales.

Una vez decaído el decreto, el Gobierno estudia cómo volver a aprobar las medidas que contenía. El PP y Junts le han reclamado que lleve por separado la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, para las que aseguran que ahora sí darían sus votos a favor.

Sin embargo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha mostrado este viernes partidario de mantener unido el “escudo social”. Algunas formaciones políticas de izquierdas temen que algunas medidas, especialmente la moratoria antidesahucios, contra la que está cargando el PP, se queden en el tintero si el Gobierno separa el contenido del decreto ómnibus en varias normas.

En Cáritas, así como en la EAPN, señalan la importancia y la urgencia de recuperar todas las medidas sociales anuladas. “Tan importante es la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, que afectan a muchas personas, como retomar la suspensión de los desahucios, que puede afectar a una población muy pequeñita, pero con mucha necesidad. Por eso pedimos el mismo orden de prioridad para todas las medidas”, explica Raúl Flores, coordinador del equipo de Estudios de Cáritas Española.

Flores apunta que es “natural” y “buena” la “disparidad de opiniones de cada partido”, pero desde Cáritas piden a “todas las formaciones políticas que pongan las necesidades de las personas en el centro de cualquier consideración”.

Las organizaciones sociales piden “un Pacto de Estado contra la Pobreza que cuente con un amplio consenso del arco parlamentario, y que aborde la pobreza de forma estructural”, añade José Javier López. “Es necesario que las formaciones políticas tengan altura de miras”, reclaman desde la EAPN, que advierten además de que “apostar por políticas sociales funciona”, como demuestran los estudios sobre cómo el Estado, con políticas como las pensiones, protegen a la población de caer en la pobreza.