Ristra de objeciones de los empresarios a la ley sobre la reducción de la jornada laboral. La CEOE trasladó a comienzos de mes al Ministerio de Trabajo sus enmiendas sobre el anteproyecto de ley, que también modifica el registro horario y amplía la regulación sobre la desconexión digital.

El documento con las alegaciones de la CEOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza casi por completo el contenido del anteproyecto de ley que Trabajo pactó con los sindicatos CCOO y UGT y que el Gobierno pretende aprobar la próxima semana, el martes 4 de febrero.

Con un tono muy duro, más de lo habitual, los empresarios se refieren a un marco jurídico “intervenido con palmaria vulneración de la Constitución”, una regulación que supone “un ejercicio de provocación sin precedentes” y a un Ministerio de Trabajo que “violenta” la negociación colectiva, entre otras.

La patronal de empresarios tacha de “inconstitucional” que se legisle un nuevo límite a la jornada máxima de trabajo, que pasará de las 40 horas a la semana a las 37 horas y media, sin que se respete la vigencia de los convenios colectivos pactados. Sin embargo, esta cuestión ya la analizó el Tribunal Constitucional en 1990, a propósito de la reducción de la jornada a las 40 horas aprobada en 1983, y respaldó al nuevo máximo legal, como recordó esta semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En caso de que prospere la reducción de la jornada, los empresarios reclaman varias medidas concretas. Entre otras: que se respete la vigencia de los convenios pactados; que se retrase la entrada en vigor incluso en las empresas sin convenios, especialmente en las empresas con jornadas más altas; que no se blinde los complementos salariales ante posibles mermas o absorciones por parte de las empresas y que la reducción del horario no suponga un aumento de los salarios de las personas que trabajan a tiempo parcial, sobre todo, mujeres.

Los empresarios recuerdan también en el documento algunas de sus ofertas “rechazadas” en la negociación con Trabajo y los sindicatos, en los once meses de negociaciones de diálogo social, que tildan de “reuniones ficticias”. Por ejemplo, “la posibilidad de incrementar el porcentaje legal de distribución irregular de la jornada y el número de horas extraordinarias por convenio con un límite legal”.

Las alegaciones rechazan también los cambios para endurecer el registro horario, que en Trabajo insisten en que tiene importantes deficiencias y que, además, es incumplido por muchas compañías.

La patronal se rebela contra el mayor poder que se otorga a los empleados a la hora de cumplimentar el registro de sus jornadas. “Las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, de forma que la empresa no pueda condicionar su contenido”, recoge el texto legal pactado con los sindicatos.

La CEOE rechaza este redactado, pero además reclama que, ya que los trabajadores son los responsables de completar el registro horario, que se regule un nuevo despido disciplinario por no realizarlo, sin derecho a indemnización para los trabajadores.

En realidad, la nueva causa de despido propuesta por los empresarios no solo apunta a quienes no realicen el registro, sino a quienes no lo completen como exige la empresa. En concreto: “La falta de cumplimentación por la persona trabajadora del registro diario de jornada o su no cumplimentación conforme a las instrucciones recibidas de la empresa”.

Otra de las claves que rechazan los empresarios es la mayor vigilancia del registro de jornada por parte de la Inspección de Trabajo. El anteproyecto de ley prevé que los inspectores tengan acceso en remoto y tiempo real a los registros horarios, algo que rechazan los empresarios con argumentos como los posibles “problemas de ciberseguridad” para las empresas.

“La interoperabilidad y el acceso inmediato y en remoto” a los registros “puede aparejar problemas de ciberseguridad”, indica la CEOE. “Como ya evidenció el ciberataque al Ministerio de Trabajo que afectó a la ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social), podría derivar en graves riesgos y perjuicios para las empresas -secretos industriales, patentes, etc.- y las personas trabajadoras, poniendo en riesgo la seguridad de los datos personales y el derecho a la privacidad e intimidad, de forma que ese acceso remoto solo sería viable si la garantía de seguridad fuera absoluta, lo que resulta de todo punto imposible”, recoge el documento.

La patronal también se opone al incremento de las sanciones en caso de que la autoridad laboral detecte infracciones y abusos en el registro de jornada. El anteproyecto de ley contempla que las multas sean individuales (por cada trabajador) y de mayor cuantía, que podrían llegar a los 10.000 euros, en lugar de los 7.500 euros actuales.

Los empresarios tachan de “desproporcionadas” estas multas. “Compartiendo la obligación de cumplir las normas, es fundamental que éstas faciliten su cumplimiento en lugar de imponer cargas excesivas. Las sanciones desproporcionadas pueden poner en riesgo la viabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que son pilares fundamentales de la economía”, sostiene la CEOE.

“Un enfoque equilibrado en la regulación, que promueva su cumplimiento, puede fomentar un entorno empresarial más saludable y sostenible”, dicen los empresarios, que abogan por dejar las multas como están ahora.