El fundador y presidente de Ryanair, Michael O’Leary, ha calificado de “ministro loco comunista” al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El presidente de Ryanair también ha asegurado que esas multas, por prácticas abusivas, son “ilegales”.

Tras la sanción, el ministro Bustinduy aseguró en una entrevista con elDiario.es que “hay grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado o a estar por encima de las regulaciones o de las leyes”. “Prácticas, como cobrar por el equipaje de mano en cabina” son “algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hace diez años que no se podía hacer. Las compañías 'low cost' empezaron a hacer estas prácticas hace cuatro o cinco años y, desde entonces, el precio de los billetes lejos de abaratarse no ha parado de crecer”, argumentó. En España, “un 64% en los últimos dos años, más del doble que en otros países europeos”.

Consumo sancionó a las citadas aerolíneas por cinco prácticas consideradas muy graves y abusivas. La primera, que las compañías han venido exigiendo “el pago de un suplemento por el transporte de equipaje de mano en cabina”. Es decir, cuando la maleta cumple las condiciones de tamaño y peso para ir en la cabina, las aerolíneas alegan algún motivo (como que no hay espacio) para exigir que ese equipaje baje a la bodega del avión y, además, cobran por ello.

La segunda, estas empresas también reclaman “el pago de un sobrecoste sobre el precio del billete por la reserva de asientos contiguos en el caso de menores y personas dependientes y de sus acompañantes”, cuando deben viajar acompañadas de la persona que les cuide. Además, no permiten “el pago en metálico en los aeropuertos españoles”, por ejemplo, cuando hay que pagar por facturar el equipaje una vez se está en el aeropuerto y exigen cobrar con tarjeta de crédito.

Las otras dos prácticas consideradas abusivas por Consumo se centran en la “imposición de una tasa desproporcionada y abusiva a los pasajeros por la impresión de la tarjeta de embarque” y las “omisiones engañosas de información y falta de claridad en los precios publicados tanto en su propia web como de terceros, dificultando la comparabilidad de ofertas de precios a las personas consumidoras y la toma de decisión por estas”.

Además, en el caso de Ryanair, que fue sancionada con 107,7 millones de euros, se incluyó también “una práctica por la cual se cobra una cantidad desproporcionada a los usuarios y a las usuarias por imprimir el billete en la terminal cuando no disponen de él”.

Las palabras del presidente de Ryanair coinciden en el tiempo con la pelea que mantiene la aerolínea con Aena, el gestor de los aeropuertos. Hace solo unos días, el presidente de Aena, Maurici Lucena, calificó de “chantaje en toda regla” la decisión de la 'low cost' de eliminar vuelos en España durante el próximo verano alegando que las tasas que cobra el operador de los aeropuertos a las empresas son demasiado altas.

“El sistema aeroportuario español no puede ser a medida de Ryanair, no se puede hacer”. “Estamos en una hora grave”, aseguró Lucena, por el “desafío que una línea aérea ha planteado al sector aeroportuario y al sector turístico español”.

Días antes, la aerolínea irlandesa comunicó que eliminará en verano sus vuelos a Jerez y Valladolid y los reduce en cinco aeropuertos (Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander) por las “excesivas tasas” que cobra Aena, pese a que están congeladas. Estas tasas se cobran por el uso de las pistas, las pasarelas o los servicios de seguridad de los aeropuertos y equivalen a 10,35 euros por pasajero.