Justo después de que amaine la tormenta de los altos precios del aceite de oliva, que han estado detrás de gran parte de la espiral inflacionista de la cesta de la compra, dos de las grandes firmas aceiteras españolas han sido sancionadas por saltarse la Ley de la Cadena Alimentaria.

En el primer trimestre del año, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sancionado a una treintena de empresas. Entre ellas están dos ligadas a la producción de aceite de oliva. Por un lado, ha multado a Aceites del Sur (Acesur) con 3.001 euros por saltarse los plazos de pago. Se trata de la dueña de marcas como Coosur o La Española. Por otro, a la mayor cooperativa de aceite de España, Dcoop, con la misma suma pero, en este caso, por no incorporar en un contrato el precio acordado entre las partes. Respecto a Dcoop no es la primera vez que ha sido penalizada, porque ya lo fue en el tercer trimestre de 2023. Entonces, por incumplir los plazos de pago, con 1.801 euros.

Las sanciones de la AICA de este primer trimestre de 2025, a 30 compañías, suman algo más de 400.000 euros. No es una cifra consolidada muy alta, pero sí puede estar recogiendo un cambio de tendencia. En parte, porque hay empresas que están siendo reincidentes, lo que eleva los castigos monetarios. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2024, el monto total de las multas acordadas por este organismo se quedó ligeramente por encima de los 136.000 euros. 

En el siguiente cuadro se pueden ver cuáles son las empresas que se han saltado la Ley de la Cadena desde el 1 de enero de 2023.

La cuantía de las sanciones es una de las críticas más repetidas a esta Ley por parte del sector primario, porque considera que no son lo suficientemente disuasorias. En concreto, la ley recoge que los castigos mínimos partan de los 250 euros y puedan alcanzar el millón de euros, cuando se trata de cuestiones muy graves, por ejemplo, cuando se reincide en alguna de las prácticas consideradas incorrectas. Otra de las críticas es que la AICA publica las empresas sancionadas y el importe que se les impone, pero solo cuando la multa ha devenido firme, ya sea por vía administrativa o judicial. Además, aunque se indica el motivo que se ha castigado, no se entra al detalle de este, con lo que las empresas no quedan plenamente retratadas respecto a lo que hacen mal.

Entre la treintena de empresas sancionadas en este primer trimestre del año entra una nueva multinacional, Schweppes, propietaria de la tónica que lleva su nombre, pero también de otras marcas como La Casera o de Trina y que está controlada por el grupo japonés Suntory. En este caso, se le impone 3.001 euros por no formalizar por escrito algún contrato alimentario. En el primer trimestre, al contrario de lo ocurrido en los anteriores, no ha sido multada ninguna empresa de 'híper' o supermercados. Hay que recordar que, en ocasiones anteriores, sí lo fueron grupos como Dia, Alcampo o Carrefour.

El que vuelve a repetir es J. García Carrión. El productor de vino y zumo ha recibido en este trimestre dos sanciones, por importe de 3.001 y 9.003 euros, respectivamente. Por un lado, por no incorporar el precio a un contrato. Por otro, por modificarlo sin que estuviese pactado entre las partes. De esta forma, en los algo más de dos años que lleva en vigor la Ley de la Cadena, J. García Carrión suma más de 12.700 euros en multas.

En este primer trimestre del año tampoco hay sanciones por la conocida como venta a pérdida. Esta es una de las prácticas más criticadas por agricultores y ganaderos, porque recoge aquellas situaciones en la que se obliga a los productores a vender a un precio inferior a lo que les ha costado la producción en cuestión.

En estos más de dos años solo ha habido dos sanciones por lo que denomina “destrucción de valor en la cadena alimentaria”. Una de ellas, de 132.000 euros, a la empresa Fertofrans, mayorista de frutas y verduras, que también aparece en el listado de este primer trimestre de 2025, por incumplir los plazos de pago, por lo que se le imponen algo más de 27.000 euros. Sin embargo, esta sociedad fue disuelta el pasado 11 de febrero, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) por decisión judicial tras no superar un proceso de concurso de acreedores.

El refuerzo de la Ley de la Cadena fue uno de los compromisos que selló el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace casi un año para poner punto y final a las protestas del campo. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a hacerlo.

Parte de esa promesa pasa por reforzar la AICA, la citada Agencia de Información y Control Alimentarios para que tenga más peso a la hora de llevar a cabo las inspecciones y mayor capacidad de sanción. El objetivo es convertirla en algo similar a lo que es la Agencia Tributaria, pero centrada en el sector primario y alimentario. Ese paso se pudo haber dado en diciembre, cuando se votó su transformación en la Cámara Baja en forma de enmienda a la nueva legislación de desperdicio alimentario. Sin embargo, no salió adelante por los votos en contra del PP y Vox. “Se llenan la boca al decir que defienden a agricultores y ganaderos y ahora que han tenido una oportunidad para aprobar un instrumento, para apoyar al eslabón más débil, no solo no lo han apoyado, sino que han votado en contra”, afeó a las dos formaciones de derecha el ministro de Agricultura, Luis Planas. 

Esa necesidad de refuerzo también se recoge en la Estrategia Nacional de Alimentación, que ha aprobado el Ministerio. Señala que esta ley “ha desempeñado un importante papel en el reequilibrio paulatino de la cadena alimentaria” pero también “se requiere que los poderes públicos sigan trabajando para mitigar las dificultades en que se sitúa una buena parte del sector primario, con el fin de evitar el abandono de las explotaciones y asegurar en la medida de lo posible un reparto equitativo de los costes sociales, ambientales, de competitividad y de sostenibilidad, garantizando en todo momento la transparencia de los mismos en particular, y de la cadena alimentaria en general”.