El pasado septiembre, la Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional haber aplicado un ERTE injustificado a 300 empleados, como publicó elDiario.es.

La perplejidad de los sindicatos es total. Después de la conciliación en sede judicial, “no han pagado a ningún trabajador”, critica Gloria Mora, colaboradora de la Secretaría de política sindical de UGT Servicios Públicos. El acta firmada en sede judicial recogía la obligación de la entidad presidida por Carlos González-Escalada Álvarez de abonar el 30% de las remuneraciones hasta el 30 de noviembre y el 70% restante, hasta el 31 de enero. Además, debía devolver al SEPE las prestaciones de desempleo cobradas por la plantilla durante el ERTE.

“En noviembre, se excusaron en que algunos trabajadores no habían firmado un escrito con las prestaciones por desempleo recibidas”, explica Mora, que destaca que no se pagó a ningún empleado, tampoco los que sí lo habían formalizado. “Como lo ponían como excusa, se le entregaron esas autorizaciones a la fundación, que las entregamos también en la Audiencia Nacional, y aun así después nos vimos en la misma situación en enero. No han pagado nada”, denuncia Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza privada y Servicios socioeducativos de CCOO.

Los sindicatos afirman que la entidad ya no da “ninguna explicación” a los impagos. Mientras, en estos meses la Fundación SAMU ha seguido sumando nuevas adjudicaciones públicas. Una de las últimas, el pasado 30 de enero, con un contrato de más de 6,7 millones de euros del Consell d’Eivissa para el acogimiento residencial de 32 menores migrantes en los próximos dos años.

Como viene sucediendo en Canarias, donde la Fundación SAMU es una de las ONG y entidades que más contratos públicos recibe en la atención a menores migrantes, la concesión pública en Ibiza es fruto de un proceso “negociado sin publicidad por razones de imperiosa urgencia”, recoge la licitación.

Los sindicatos temen que la fundación SAMU tampoco haya devuelto al SEPE el dinero público cobrado en el ERTE irregular, sobre el que la Inspección de Trabajo constató que no se había presentado “la documentación legalmente establecida” para ejecutar las suspensiones de contratos. “A los trabajadores al menos no les ha llegado ninguna comunicación del SEPE”, advierte la representante de UGT.

Como consecuencia, los representantes de los trabajadores han acudido de nuevo a los tribunales para forzar la ejecución del acuerdo judicial. La Audiencia Nacional ha citado a la entidad el próximo 26 de marzo. elDiario.es intentó el viernes recabar la versión de la Fundación SAMU, sin obtener respuesta.

Con el lema “nos encanta salvar vidas”, la Fundación SAMU es una entidad del tercer sector con sede en Sevilla, fundada en 1998 por el coronel médico Carlos Álvarez Leiva, que había creado unos años antes una empresa de cobertura médica y ambulancias. Cuarenta años después de la primera piedra del hoy Grupo SAMU, “la aventura de una familia”, varias empresas rodean a la fundación, que ha crecido mucho y ha ido diversificando sus actividades.

Esta metamorfosis ha sido impulsada sobre todo por uno de los hijos del fundador, Carlos González-Escalada Álvarez, que preside en la actualidad el grupo SAMU, como él mismo destaca. Además de las ambulancias, prestan otros muchos servicios, principalmente a través de licitaciones públicas, que atienden a personas con discapacidad, con problemas de salud mental, de acogimiento de menores y, en los últimos años, un gran crecimiento de menores migrantes no acompañados, entre otros.

“En 2010, un año antes de mi ascenso a director general, SAMU facturó 8,4 millones”, indicaba Carlos González-Escalada Álvarez el año pasado, según una crónica publicada por la Fundación SAMU. “Hoy, cuando dejo mi puesto ejecutivo, la marca SAMU factura cerca de 100 millones de euros, tiene más de 120 centros de trabajo y presencia en seis países”, añadió.

Sin embargo, las últimas cuentas de la fundación SAMU –correspondientes a 2023– no se conocen formalmente porque la entidad no ha cumplido con otro mandato legal, esencial para la transparencia de este tipo de entidades sin ánimo de lucro: la presentación de estados financieros anuales ante el Protectorado de Fundaciones, tal y como exige la ley.

Según ha podido saber este medio, la Fundación SAMU presentó unas cuentas de 2023, pero contenían varios errores, por lo que el Protectorado de Fundaciones de Andalucía le requirió a finales de septiembre que los subsanaran y las volvieran a enviar. Después de meses de insistencia, la fundación no ha respondido al requerimiento de la Administración.

Finalmente, “se dictó Resolución de desistimiento con fecha 24 de febrero de 2025 por no subsanarse los defectos observados en el examen de dichas cuentas anuales”, indica el Protectorado de Andalucía a una solicitud de información pública cursada. El órgano ha “instado nuevamente a la presentación de unas nuevas cuentas anuales del ejercicio 2023”, añade.

Que una fundación no responda a los requerimientos de la Administración “no es nada habitual”, afirma José Pedreira Menéndez, director del área de entidades no lucrativas del bufete Garrido. “Lo normal es que los patronos respondan a los requerimientos de subsanación de las cuentas, porque se exponen a una causa judicializada. Puede haber responsabilidades personales para ellos”, explica el abogado, que destaca que las fundaciones suelen ser bastante transparentes.

Pedreira explica que, en estos casos de falta de respuesta, la Administración puede acudir a un juzgado para exigir a la fundación que cumpla con el mandato de presentar las cuentas anuales. “Si los patronos se niegan a entregar la documentación, el juez puede imponer multas coercitivas, por ejemplo 300 euros por cada día de retraso, e incluso puede remover de su puesto a los patronos”, explica el abogado.

No presentar las cuentas anuales “tiene además consecuencias fiscales” para las fundaciones, añade Pedreira, ya que es un requisito para el tratamiento especial por el que no pagan el Impuesto de Sociedades y tampoco tributan las donaciones que reciben. “Si no presentas las cuentas, pierdes automáticamente el régimen fiscal especial”, advierte el abogado.

El sindicato CCOO fue el primero en poner la lupa sobre las cuentas de la Fundación SAMU, e indicar ciertas sospechas sobre ellas, debido al estudio de las cifras provisionales que la entidad presentó para justificar el ERTE. La fundación argumentó la necesidad de aplicar las suspensiones de contratos debido a causas económicas, por supuestas pérdidas en 2023. Después, en el pacto en sede judicial, SAMU reconoció que el ERTE estaba “injustificado”.

“La negativa de la empresa a facilitar documentación adicional que permitiese verificar el registro de determinadas transacciones económicas con empresas del grupo era sinónimo de que Fundación SAMU continuó generando beneficios económicos durante 2023, y no pérdidas, como pretendían hacer creer”, apuntaron en CCOO con la retirada del ERTE.

Las transacciones económicas entre empresas del grupo y entidades vinculadas son un punto dudoso en las cuentas de la fundación desde hace años. En las de los últimos ejercicios, 2022 y 2021, que ha consultado este medio, el auditor firma una opinión “con salvedades” precisamente por este motivo. Indica que la fundación mantiene transacciones significativas con partes vinculadas y que no ofrece la documentación necesaria para comprobar su correcta valoración. En 2022, las transacciones con empresas vinculadas a la fundación ascendieron a 2,9 millones de euros.