El Gobierno ha resuelto este miércoles un problema trascendental. No eran cuitas políticas, ni debates abstractos. Afectaba directamente a la asistencia sanitaria de algo más de un millón de personas, entre funcionarios y sus familiares.

“Dije que se renovaría el concierto y se va a renovar el concierto”, celebraba el martes el ministro de Función Pública, Óscar López, tras la confirmación en los días previos por parte de Adeslas y Asisa de que acudirían a la licitación. La apertura de sobre del miércoles fue un mero trámite, que solo confirmó que la tercera aseguradora que venía prestando asistencia sanitaria hasta ahora, DKV, dejaría de atender a unos 200.000 beneficiarios, que podrán pasarse a alguna de las dos entidades que continúan o a la sanidad pública.

Lo cierto es que para llegar hasta aquí se han dicho muchas cosas. Las aseguradoras han mantenido un discurso similar durante largos meses de conversaciones, directas o indirectas: que el modelo está infrafinanciado, que les supone cuantiosas pérdidas y que el Estado les paga menos por sus asegurados que lo que destina a los pacientes de la pública. En septiembre, a la espera de la publicación del nuevo concierto, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), el lobby de la sanidad privada del que forman parte las grandes aseguradoras, ya advertía que un hipotético incremento de la prima del 25% en dos años sería insuficiente.

Las aseguradoras fueron calentando la negociación y comenzaron a hablar del fin de Muface. Cuando llegó octubre y el Gobierno ofreció un aumento “histórico” del 17% en dos años, las compañías lanzaron su primer órdago y plantaron a la mutualidad. El concierto quedó desierto y el Ministerio comenzó los trabajos para una nueva licitación.

Entre esas tareas, el Ejecutivo abrió a finales de noviembre un periodo de consultas preliminares de mercado, para que las compañías justificasen por cuánto podrían prestar el servicio. “Hemos echado números, hemos ofrecido la mayor subida de la historia y dices que cuesta más, pues dime cuánto cuesta”, dijeron entonces fuentes del Ministerio de López. Pero no lo hicieron. Al menos, no de forma satisfactoria. Porque el informe que emitió la mutualidad tras recibir las anotaciones de Asisa, Adeslas y DKV afirmaba que “la respuesta de los operadores no aporta la evidencia de costes que conforma el total de la prima”.

Pese a esa falta de evidencia, el Gobierno sacó la chequera y aprobó una segunda licitación con una subida del 33,5% en tres años. 4.478 millones de euros, que tampoco contentaron a las aseguradoras. Adeslas anunció a finales de año que no se presentaría con esas condiciones y el ministro López recordó: “Estamos metiendo 1.000 millones de euros adicionales para financiar Muface, dinero de todos los ciudadanos, de los Presupuestos Generales del Estado, para financiar el seguro privado de un millón y medio de ciudadanos. Dinero de todos”.

Eran principios de enero. Para entonces, Muface ya había alargado el plazo de presentación de ofertas y hacía semanas que el Ministerio de Sanidad había elaborado un informe en el que acusaba a las compañías privadas de seleccionar pacientes para derivar a la pública a los que necesitaban tratamientos más caros. Desde el departamento que dirige Mónica García indicaban que el “contexto actual” hacía que, “por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”.

Desde el ala socialista del Gobierno no se han negado a replantear el modelo. “Requiere reformas”, reconoció López. Pero la intención de Función Pública siempre fue salvar la licitación y ganar margen para esos cambios estructurales que eviten volver al punto de salida en tres años. “La prioridad es licitar el concierto y dar seguridad y tranquilidad a los mutualistas”, ha repetido el ministro durante los últimos meses una y otra vez.

Las aseguradoras han mantenido durante todo este periodo el discurso de la infrafinanciación del modelo. Pero también que sus cuentas venían mermadas de los sobrecostes que supusieron la pandemia y la crisis inflacionista tras la invasión rusa de Ucrania. El pliego de condiciones para los años 2025, 2026 y 2027 establece la posibilidad de modificar el concierto y restablecer su “equilibrio económico-financiero”. ¿Qué significa esto?, preguntó Asisa a la mutualidad, que planteaba si un incremento del 5% de los costes de ejecución de los servicios generaría esa obligación pública de reequilibrio. Con matices, desde el sector consideraron entonces que la respuesta de Muface era una alfombra roja a esas compensaciones.

A finales de enero, en medio de un proceso de conversaciones con las principales aseguradoras que prestan servicio, y ya con una prórroga forzosa en marcha del convenio hasta el año 2024, el Ministerio suspendió el plazo de presentación de esa segunda licitación y anunció que modificaría los pliegos para incluir “correcciones”. Esas correcciones suponían volver a tirar del dinero —“de todos”— para aumentar la oferta: 330 millones de euros más.

Un incremento que encontró respuesta en el seno del Gobierno. “Se han primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios”, afeó la ministra García en una columna publicada en elDiario.es, en la que lamentaba que “está bien claro que cuando el margen de beneficio se estrecha, la atención sanitaria deja de importar”.

Ya con este anuncio de un incremento de las primas, que además serán por edades, del 41%, Adeslas y Asisa señalaron que veían viable la continuidad del sistema, como han confirmado en los últimos días y se ha constatado con la apertura de los sobres de la licitación este miércoles.