El Estado también se va a quedar sin los ingresos del canon hidroeléctrico correspondientes a 2022. El Ministerio para la Transición Ecológica ha renunciado a cobrar esa anualidad del canon dado que “el canon hace referencia al año natural y no era posible aplicarlo retroactivamente”, explican fuentes del departamento de Sara Aagesen.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez resucitó el canon a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Transición Ecológica intentó que empezara a cobrarse con efecto inmediato, desde abril de ese año. Pero en 2024 ha procedido a devolver las cantidades recaudadas para el ejercicio 2022, tras un informe de la Abogacía del Estado que determina que solo podía cobrarse en un año natural completo.

Cuando se resucitó el canon, la mayoría de las grandes empresas del sector interpretaron que el tributo solo debía abonarse a partir de enero de 2023, pero algunas sí pagaron: “Hubo compañías que abonaron el importe correspondiente a 2022 y compañías que no lo hicieron”, explica el ministerio. Entre las que sí lo hizo estuvo Iberdrola, la más afectada como líder destacado en hidroeléctrica en España.

La multinacional vasca autoliquidó el impuesto, pero luego recurrió ante las Confederaciones Hidrográficas (dependientes de Transición Ecológica), que son las que gestionan el canon (y que tienen personalidad jurídica propia) y que recientemente han devuelto ese dinero. La eléctrica ha logrado que la Administración le dé la razón sin que el caso llegue a sustanciarse en los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo.

El resultado es que, solo en el caso de Iberdrola, en 2024 la primera eléctrica española ha conseguido que le devuelvan 79 millones por los pagos del ejercicio 2022, como explica en sus últimas cuentas anuales. El importe a devolver por la Administración es superior, reconocen desde Transición Ecológica, ya que otras empresas también lo abonaron.

En sus últimas cuentas Iberdrola indica que, después de la sentencia del Supremo sobre el canon, y “tras una reforma de su normativa, realizada por la Ley 7/2022, fue introducido de nuevo con efectos para el ejercicio 2022. Sin embargo, desde el principio se plantearon dudas en cuanto a su efectiva aplicación en ese periodo, debido a la ausencia de disposiciones transitorias para su reintroducción”.

Tales eran las dudas que empresas como Endesa o Acciona no registraron ningún gasto en sus cuentas de 2022 por ese tributo, por entender que solo empezaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023. De hecho el informe anual de recaudación de ese ejercicio de la AEAT recogía la “desaparición de los ingresos del Canon” como consecuencia de la sentencia del Supremo. 

Pero Transición Ecológica intentó recaudarlo. Como recuerda Iberdrola en sus cuentas, el ministerio “intentó resolver” esas dudas “publicando en su página web una nota aclaratoria considerando que en 2022 el periodo impositivo discurría desde el 10 de abril de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022”. 

Ese sería “el periodo impositivo de aplicación”, salvo para “aquellas concesiones que finalicen su plazo concesional en el año 2022, en las que el período impositivo será desde el 10 de abril hasta el plazo de finalización de la concesión”, tal y como explica esa nota del ministerio, todavía disponible en su web.

Por aquellas fechas, las compañías del sector (apoyadas en la legión de abogados del Estado en excedencia que les asesoran) habían desatado una feroz (e infructuosa) campaña de presión en Bruselas para intentar tumbar la denominada solución ibérica que pactaron España y Portugal para contener la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania.

También en aquel entonces las empresas presionaban contra la gestión pública de las presas, que aseguraban podía ser “ilegal”. Fue en mayo de 2022 cuando el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, llamó "tontos" a los clientes con la tarifa regulada del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

La eléctrica recurrió la obligación de abonar el tributo en 2022 y, como explica en sus últimas cuentas, “durante el ejercicio 2024 se ha producido una serie de pronunciamientos administrativos favorables a la no aplicación del Canon en 2022, confirmando las tesis del Grupo Iberdrola”. El resultado ha sido “un abono de 79 millones de euros por la anulación de las autoliquidaciones del ejercicio 2022”.

“Durante el ejercicio 2024 se ha producido una serie de pronunciamientos de diversas Confederaciones Hidrográficas favorables a la no aplicación del Canon en 2022, sobre la base del criterio de la Abogacía del Estado”, explican desde la primera eléctrica española.

Con estos mimbres, a estas alturas no es descabellado hablar de un tributo maldito para referirse al canon. Esta figura la introdujo el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), para intentar obligar a las eléctricas a tributar por los millonarios beneficios que obtienen por el aprovechamiento de un recurso público como el agua a través de los aprovechamientos hidroeléctricos.

Mediante concesiones que en muchos casos datan de la dictadura de Francisco Franco, y gracias al diseño del mercado marginalista, las empresas cobran por su producción con el agua a precio de champán cuando hay que tirar de las centrales de ciclo combinado (que queman gas). 

El canon se introdujo a través de una ley de 2012 y empezó a aplicarse a partir del ejercicio 2013. Pero el Estado solo ha podido recaudarlo con normalidad desde 2023, por los sucesivos recursos de las eléctricas aprovechando diversos errores de diseño de la Administración.

El resultado es que el Tesoro ha tenido que devolver desde 2021 a las compañías del sector por el periodo 2013-2022 más de 2.000 millones, cifra que supera con mucho el presupuesto que tuvo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para todo 2023 (1.776 millones).

El canon grava con un 25,5% el valor económico de la energía eléctrica producida, con una reducción del 92% para las instalaciones más pequeñas, de menos de 50 megavatios (MW) de potencia, y de un 90% para las centrales de bombeo, que permiten almacenar la energía. 

La ley que lo reintrodujo en 2022 señala que “la autoliquidación y pago se realizarán en el mes de marzo de cada año natural, estando el contribuyente obligado a autoliquidar el canon e ingresar la cuota correspondiente al año natural anterior al objeto de que haya podido disponer para su cálculo de las mediciones definitivas de la producción eléctrica”.

En un año hidrológico favorable, el canon hidroeléctrico es una importante fuente de registros para el Tesoro, que luego destina parte de esos ingresos al sistema eléctrico a financiar el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares. En 2024, uno de los mejores años hidroeléctricos de los últimos ejercicios, Iberdrola pagó por el canon 264 millones, y en 2023, otros 191 millones. La segunda empresa más afectada, Endesa, abonó 48 millones el año pasado y 38 millones en 2023.

Su origen data en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, pero tardó años en ponerse en marcha. En abril de 2021, el Tribunal Supremo anuló varias disposiciones de un Real Decreto de 2015 que extendían retroactivamente su aplicación a los ejercicios 2013 y 2014.

En un primer momento se cifró la compensación a las eléctricas en 500 millones. Pero el Alto Tribunal determinó que, sobre los ejercicios 2015 a 2020, el canon no se podía liquidar si no se había revisado la concesión administrativa de cada aprovechamiento con el permiso expreso de las empresas.

Así que la cifra se elevó meses después a 1.400 millones y, tras sumar los intereses de demora, a 1.900 millones, que se cargaron al déficit público a finales de 2021.  

La empresa más beneficiada por la decisión del Supremo fue Iberdrola, que en 2021 recuperó 1.103 millones (951 millones de principal y 155 millones en intereses de demora), seguida a gran distancia de Endesa (300 millones), Naturgy (221 millones) y Acciona (90 millones).