España responde a los aranceles de Donald Trump. El Gobierno de Pedro Sánchez ha avisado a la Administración estadounidense de que si "rechaza la voluntad de diálogo ofrecida por España y por la Unión Europea, el gobierno español reaccionará de forma inmediata con firmeza y claridad para defender los intereses de nuestros ciudadanos y empresas. Se activarán todas las medidas legales a su alcance, dentro del marco multilateral y en estrecha coordinación con la Comisión Europea y nuestros socios europeos".
De esta manera, "España rechaza enérgicamente el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de aplicar a partir del 18 de octubre aumentos arancelarios sobre productos europeos, que afectan de manera particular a los agricultores".
La semana pasada EEUU avisó de que iba a sancionar a la Unión Europea con medidas comerciales por un importe de 7.500 millones de dólares debido a los daños sufridos a causa de las ayudas y subsidios europeos a Airbus que la Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminó que eran ilegales, la Unión Europea reaccionó de inmediato señalando que incluso si EEUU ha obtenido autorización para aplicar represalias comerciales en su contra, éstas serían "miopes y contraproductivas".
Desde Moncloa se argumenta que "carece de todo sentido que un conflicto sobre la financiación de la construcción de aeronaves civiles derive en una guerra comercial extendida al sector agroalimentario que no es buena para los ciudadanos, especialmente los europeos, y tampoco para los norteamericanos, pero que sobre todo es injusta para nuestros productores afectados de aceite de oliva, de aceituna, de vino, de porcino o de cítricos".
En un comunicado, el Gobierno señala que el secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano, "ha convocado al Embajador de EEUU para transmitirle el rechazo frontal del Gobierno" a los aranceles impuestos por la administración norteamericana.
El miércoles de la semana que viene el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, viajará a Bruselas, acompañado de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Mendez, para debatir con la Comisión Europea las medidas necesarias y urgentes de respuesta.
Planas ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que hay unos 1.000 millones de euros del negocio alimentario en juego por los aranceles de Estados Unidos. El sector agroalimentario, por su parte, se reiteraba en la indignación por su "utilización" en una guerra de la que "no tienen la culpa", pero en la que se les utiliza como "moneda de cambio".
Aunque las últimas medidas afectan sobre todo al sector agroalimentario, el Ejecutivo de Sánchez también apunta que hay "una lista de medidas adoptadas por la administración norteamericana en el último año contra intereses españoles y europeos, como los aranceles al acero y aluminio, la reactivación de la Ley Helms-Burton contraviniendo el derecho internacional o la imposición de aranceles a las aceitunas negras españolas".
Ante esta situación, el Gobierno va a solicitar a la Comisión Europea de manera inmediata la movilización de recursos financieros comunitarios en el marco de la gestión de crisis para el sector agrícola, con el objeto de poder atender las medidas necesarias para mitigar los efectos que puedan tener los aranceles sobre el sector productor, la activación del mecanismo de ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva, y la activación de medidas de promoción de la PAC en terceros países para los productos afectados.
Desde ICEX se reforzará la promoción internacional de los sectores afectados, tanto en el propio mercado de Estados Unidos, como en mercados alternativos de rápido crecimiento y alto potencial.