El alcalde de Quito, Jorge Yunda, reveló este viernes que la capital de Ecuador pierde diariamente casi 300 millones de dólares por afectaciones, desperfectos, el paro comercial y la falta de exportaciones de su aeropuerto, originados por las protestas contra las medidas económicas del Gobierno.

En una comparecencia, Yunda se mostró preocupado por la situación antes de dar a conocer una "evaluación negativa, no vista en las últimas décadas".

Citó que los disturbios que se iniciaron el jueves en paralelo al paro de transportistas, han "destruido el centro histórico", que más de 200 agentes de tránsito fueron agredidos y dos de ellos retenidos y posteriormente liberados, a los que se suman una decena de motos incendiadas por los manifestantes.

Añadió que se han registrado alrededor de 110 millones de dólares en pérdida diarias por las afectaciones del comercio y la productividad en la ciudad y otros 180 adicionales en exportaciones a través del aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito.

La autoridad municipal subrayó la incertidumbre que provoca la situación así como el desconocimiento sobre cuándo se producirá una solución.

Yunda precisó que se produjeron desperfectos y severos daños al mobiliario urbano y enumeró daños a vehículos, contenedores de basura de una empresa subsidiaria del Municipio de Quito, afectación en áreas patrimoniales, a cámaras de seguridad y saqueos en centros comerciales, especialmente en el sur de la ciudad.

También reportó agresiones a vehículos de equipos de atención de emergencia como ambulancias y carros de bomberos.

Ecuador afronta su segundo día de estado de excepción decretado por el Gobierno, con una reducción en la intensidad en las manifestaciones, que estallaron por la eliminación de subsidios a los combustibles, en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La titular del Interior, María Paula Romo, cifró en 350 las personas detenidas desde que comenzaron las manifestaciones, entre ellas, dirigentes del transporte en Quito y en el sur del país.

A raíz del bloqueo de los transportistas y los incidentes violentos el Gobierno decretó el jueves un estado de excepción, con una duración de 60 días, al objeto de garantizar el suministro de servicios básicos a la población.