Decenas de organizaciones se manifestarán este sábado en Madrid por el derecho a una vivienda digna, reclamando a las instituciones y partidos que actúen frente a los desahucios, construyan más vivienda pública y limiten el precio del alquiler. Es el tercer año consecutivo que se celebra esta marcha, cuyo recorrido ha sido modificado por el Ayuntamiento para que pase una procesión.

"Queríamos pasar por la sede de la Comunidad, por las Cortes y llegar al Ayuntamiento; al final, por la Comunidad no podremos ir", lamenta Alejandra Jacinto, portavoz de la PAH. "La reivindicación principal es para el Gobierno que haya algún día.

La protesta incluirá un bloque dirigido exclusivamente a Blackstone, el fondo de inversión más grande del mundo y el casero con más viviendas España: 30.000. Blackstone ha crecido en España a base de comprar vivienda pública y de quedarse con los activos tóxicos de los que debía deshacerse la banca tras la crisis. Su posición de poder es tal que el año pasado Claudio Boada, su cara visible en España, manifestó su "preocupación" por la incipiente regulación de la vivienda y amenazó con retirar sus inversiones. Y el Ministerio de Economía eliminó el punto que permitía a los Ayuntamientos limitar precios.

Para entender el peso de la firma, solo hay que ver como el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunió el pasado 25 de septiembre con un grupo de inversores en Nueva York entre los que estaba Kenneth Caplan, uno de los jefes de la división inmobiliaria global de Blackstone. El mensaje de Sánchez fue el que los inversores querían escuchar: "estabilidad y seguridad jurídica".

Encuentro clave con inversores americanos a quienes he transmitido la confianza en la economía y el sistema político español. Ante la incertidumbre internacional, los datos económicos de España son positivos.Apostamos por la estabilidad y seguridad jurídica para atraer inversión. pic.twitter.com/fFr0umZXyB

El Sindicato de Inquilinas de Madrid inició en septiembre una campaña en contra del fondo, cuyo lema —Madrid vs. Blackstone— estará en grande marcando su pancarta. "Consideramos que no es un malentendido entre particulares", explica Javier Gil, portavoz del sindicato. "Es un problema político de primer orden: hay desahucios, entran los fondos buitre en España, compran vivienda que fue pública y encima no pagan impuestos. Es un conflicto político y la gente encargada de gobernar se tiene que posicionar".

"Blackstone es el principal enemigo del derecho a la vivienda en todo el país", añade Jacinto. La mismísima ONU cuestionó en marzo que cumpliera los derechos humanos al haber convertido los hogares en instrumentos financieros. También señaló a España (junto a la República Checa, Irlanda, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos) como uno de los países que más había facilitado su irrupción, con la consecuente crisis de la vivienda.

El sindicato representa estos días a cientos de familias afectadas por las subidas de precio que impone Fidere (una de las socimis de Blackstone), que compró vivienda pública a precio de saldo en Madrid y varios municipios de la Comunidad. El modus operandi es similar en todos los bloques en los que es propietario: al finalizar el contrato, Blackstone aumenta automáticamente la renta del inquilino (a veces, hasta el 100%) y empieza a aplicar subidas progresivas basadas en otros conceptos, como el IBI y la comunidad. Con este truco se salta el decreto de marzo, que trataba de blindar los precios durante el período de vigencia del contrato.

Ya son diez las promociones que se han unido a la campaña. Además de negarse a firmar las subidas, vecinos y representantes del sindicato se han reunido esta semana con varios grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid para solicitarles su apoyo y pedirles posicionamiento público frente a Blackstone. De los seis —PP, PSOE, Más Madrid, Ciudadanos, Podemos y Vox— les han recibido cuatro: PP, PSOE, Más Madrid y Podemos. "Ciudadanos nos está dando largas. Nos dijeron que teníamos que enviárselo a otro email y aún no nos han contestado", indica Gil. Vox no contestó a su propuesta. Este periódico ha contactado con los seis partidos y, aunque han aceptado recibir unas preguntas, ni Vox ni el PP las habían respondido al cierre de este artículo.

El PP vendió vivienda pública a Blackstone. El Tribunal de Cuentas condenó a Ana Botella y a otros cargos del partido a pagar una multa y más tarde les absolvió con los votos de dos consejeros nombrados por el propio PP. Su nuevo consejero de vivienda en la Comunidad, David Pérez, echó balones fuera en una entrevista en ABC diciendo que "más que hablar del pasado, tengo que hablar del presente" y que "no vamos a optar por la venta de viviendas protegidas". Almeida no ha recurrido la absolución de Botella. En el programa autonómico, "el acceso a la vivienda es uno de los asuntos" que más les preocupan y las medidas van de construir en suelo público con operadores privados y de dar ayudas o deducciones a los jóvenes para alquilar. Nada de regular precios, algo que Pérez considera "propio de la URSS".

Sin embargo, en Torrejón de Ardoz, el Ayuntamiento acaba de aprobar por unanimidad una declaración institucional en apoyo a los habitantes de la ciudad afectados por las promociones de Fidere. No solo es un consistorio con mayoría absoluta de los azules, sino que lo encabeza el segundo alcalde más votado de España, el popular Ignacio Vázquez. La moción "exige a las empresas Fidere y Lazora que adopten de manera inmediata medidas" y en general respalda a los vecinos ante los buitres.

"No sé qué más vivienda pública podrían vender, ya está todo vendido", señala Gil. "Pero creo que para ellos es un problema, porque los de estas familias son casos muy obvios. Hay partidos que favorecen este modelo, pero es un modelo que cada vez cae más por su propio peso. Cada vez cuesta más defender que no paguen impuestos. ¿Vienen a profesionalizar el mercado? ¡Si lo que hacen es revalorizar y vender! Y ahora la sociedad está mucho más alerta". El PP se comprometió con el sindicato a "estudiar la situación".

Cuando estaba en la oposición, Ignacio Aguado dijo que los vecinos estaban indefensos tras la venta de sus viviendas a "fondos de inversión" (que no fondos buitres). En unas líneas enviadas a eldiario.es, el partido dice que "se opone a la venta de vivienda pública, independientemente de la denominación que se le dé a los fondos"; también que respetará "las sentencias judiciales" y seguirá "trabajando para crear un auténtico parque de vivienda social y de vivienda en alquiler que responda a las necesidades de los madrileños". En el programa conjunto con el PP aclaran que este parque se construirá en suelo público, con colaboración público-privada.

Ahora que está en el Gobierno, el partido no aclara si se posicionará públicamente a favor de los vecinos que han montado la campaña contra Blackstone. En el programa lleva una medida para "exigir al Gobierno las reformas legislativas necesarias para agilizar los desalojos de viviendas okupadas". Precisamente, una de las patas del negocio de los fondos está en no tener muchas trabajas para desahuciar.

"Los fondos compran esas viviendas", señala Gil, "pero les tienes que dar buenas garantías. Entre ellas, que la okupación no sea un problema".

El PSOE madrileño sí accedió a situarse del lado de las familias cuando el sindicato se lo pidió, pero matizando que "ciertas posiciones" debían estudiarlas mejor. En los próximos días, la portavoz de Vivienda en la Comunidad, Cristina González, enviará un vídeo dando su apoyo a los vecinos, como ha pedido el sindicato.

En declaraciones a este diario explica que "siempre se ha manifestado a favor de la vivienda pública" y que cree que este es el instrumento para incidir en el precio. La teoría dice que un gran parque de vivienda pública compitiendo con el privado tiende a moderarlo. Pedro Sánchez ha manifestado que "el intervencionismo en el mercado" (es decir: regular alquileres) pone a los propietarios "en una situación complicada".

Si se reunieran con Blackstone, continúa, plantearían que "no se pueden hacer estas subidas abusivas, que deberían ser en base al IPC". Con respecto a cómo llamar a los fondos, si buitres o de inversión, añade que "lo importante no es tanto el nombre en sí como la defensa de la vivienda pública".

Jorge Moruno, portavoz de la comisión de vivienda de Más Madrid, explica que el partido le dijo al sindicato que les tiene a su disposición como "altavoz para denunciar, presionar y poner en evidencia al Gobierno: que no se ponga de perfil y mire a otro lado". El grupo apoya la iniciativa de dejar la Asamblea de Madrid para que sindicato y vecinos negocien con Blackstone allí. Y aunque no lo llevan en el programa autonómico porque es competencia estatal, Moruno indica que están de acuerdo en regular los precios. Errejón subió un vídeo exigiendo a Blackstone que se sentara a negociar con las familias y ofreciéndose para estar en esas reuniones "como observadores".

"Entiendo que la terminología dependerá del espacio o lugar, pero cada vez está más generalizado decir fondo buitre", continúa Moruno. "Nos referimos a empresas que entran en países que pasan por malos momentos y aprovechan para comprar a bajo precio y luego vender caro. Dinamarca acaba de señalarlos como uno de los causantes de la subida de precios. Es una discusión con varias aristas. No te hace falta tener la mitad de los pisos para alzar el precio, pero cuantas más viviendas tengas más capacidad tienes de condicionar las políticas. La excusa es que vienen a profesionalizar, pero en realidad es un nicho virgen de extracción de rentas".

"Me reuní con el sindicato el lunes y la sintonía es buena. Compartimos su análisis. Estamos inmersos en la campaña de Madrid vs. Blackstone", dice Carolina Alonso, diputada de Podemos, que también ha enviado un vídeo denunciando el 'mobbing' inmobiliario que practica el fondo (Isa Serra envió otro). "En el próximo pleno le haré una pregunta al Gobierno: ¿va a tratar de revertir la venta de vivienda pública? Las madrileñas hemos perdido patrimonio por culpa de la mala gestión del PP. Se ha usado nuestro dinero para revertir en fondos de inversión que han especulado". Alonso también acusa al Gobierno central de mirar para otro lado. "Sánchez dice que es un tema de contratos entre particulares, como si los fondos buitre tuvieran la misma fuerza que un propietario particular. Presionan de tal manera que la gente termina firmando".

El de Podemos es el discurso más duro contra Blackstone. "Les pedimos que diesen explicaciones sobre sus prácticas en la comisión de crisis financiera y son lobos con piel de cordero. Decían que eran estupendos, que tenían responsabilidad social corporativa... Pero ni la ONU ni los colectivos sociales dicen lo mismo", añade Rafa Mayoral. "Sus prácticas extractivas aumentan de forma artificial el precio de los alquileres, además a través de sociedades que no pagan impuestos. Es una disputa del territorio. Están metidos hasta en las casas de apuestas. A esta gente no se les puede permitir que hagan lo que les dé la gana".