No hay impedimentos jurídicos para dar a las autonomías los 4.500 millones correspondientes a entregas a cuenta, asegura a Efe el catedrático en Derecho Constitucional por la UNED Carlos Vidal Prado, que subraya que un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando "despachos ordinarios de asuntos públicos", tal como contempla el articulo 21 de la ley del Gobierno, y repartir las cantidades presupuestadas.

El argumento de este constitucionalista es compartido por los economistas Ángel de la Fuente, Guillem López Casasnovas y Santiago Lago, que formaron parte del grupo de expertos que en 2017 recibió del Gobierno el encargo de revisar el modelo de financiación, y que hoy no ven razonable que la Abogacía del Estado haya estado bloqueando un reparto que ahora está más cerca de ejecutarse tras el anuncio del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un mitin en Valencia.

Vidal Prado, a quien le gustaría ver el informe de la Abogacía del Estado para conocer los argumentos que maneja, explica que lo que no puede hacer un Gobierno es tomar decisiones políticas que condicionen al siguiente Ejecutivo, pero en este caso "no es una decisión política nueva, es ejecución presupuestaria, hacer lo que se hace todos los años, es decir, repartir lo que se ingresa siguiendo los criterios de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA)".

Para este constitucionalista, "no hay diferencia con la situación actual a la de hace un mes", por lo que considera que este asunto se ha utilizado como "arma política de presión para forzar el apoyo a la formación de un nuevo Gobierno".

En declaraciones a Efe, el economista y director de Fedea, Ángel de la Fuente, valora que se haya podido resolver el problema y precisa que la posición de la Abogacía del Estado "no era muy razonable porque en este tema hay muy poca discrecionalidad y se trataba en lo posible de que las comunidades recibieran sin retrasos los recursos que les corresponden por ley".

De la Fuente subraya que este asunto "entra perfectamente en el despacho ordinario de asuntos públicos" y, de no ser así, encajaría "en las excepciones que incluye la ley del Gobierno por razones de urgencia o interés general. No tiene sentido que traslademos a otras administraciones los problemas que resultan de la interinidad del Gobierno central".

Por su parte, el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Guillem López Casasnovas da por buena la "rectificación" de Pedro Sánchez pero cree que "hacerlo en campaña, le pone en evidencia" y, en definitiva, "hace fácil que se le ponga la etiqueta de que es cosa electoral".

"La rectificación llega bien, pero en campaña, con lo cual la mancha de que esto huele a electoral es más grande", remarca.

López Casasnovas recuerda que la LOFCA da a las comunidades el derecho a participar de estos ingresos, "por lo que un Gobierno no puede ir en contra de una previsión de ley orgánica" y pone el ejemplo de cómo "la parálisis presupuestaria" hizo al Gobierno "inventarse los viernes sociales".

"Lo más fácil -dice- es ir a la acción social, a la que nadie se va a oponer y nadie va impugnar".

El catedrático de Economía en la Universidad de Vigo Santiago Lago también cree que el Gobierno de Sánchez "tuvo tiempo para hacerlo y no lo desbloqueó", pero reconoce que es "mejor ahora que en diciembre", porque las comunidades necesitan al máximo reducir su incertidumbre presupuestaria.

Lago subraya que lo ocurrido evidencia que "hay que proporcionar mayor automatismo a las entregas a cuenta y anticipos para evitar que los problemas de gobernabilidad a escala central se trasladen al resto de niveles de gobierno".

Los tres expertos consultados abogan por un cambio en la ley de financiación para que "esto no vuelva a repetirse" pero son conscientes de que hace falta voluntad política, ideas claras, apoyos parlamentarios suficientes y que el asunto sea prioritario en el primer año de legislatura.