El Ministerio de Trabajo ha aplazado a la próxima Legislatura el desarrollo de la norma para que las personas que perdieron su empleo durante la crisis puedan recuperar hasta dos años de vida laboral, para lo que quiere consultar con la patronal y unos sindicatos que se muestran críticos con la medida.
Esta posibilidad de que personas de entre 35 y 43 años que estuvieron desempleadas al menos tres años entre 2008 y 2018 recuperen un máximo de dos años de esas lagunas de cotización estaba recogida en un real decreto aprobado a finales del año pasado y que requería de un proyecto normativo.
Mediante la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social, estas personas podrían pagarse sus cotizaciones sociales y anotarse hasta dos años más de vida laboral.
El Ministerio de Trabajo ha sometido a consulta pública un documento como paso previo al desarrollo normativo, en el que detalla que busca reducir el impacto negativo de la crisis en las pensiones de los trabajadores que se vieron expulsados del mercado laboral.
En concreto, explica que podrían ver reducidos sus periodos cotizados al sistema y, por lo tanto, también el importe de las pensiones que puedan percibir.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguraba esta semana que "en la medida de lo posible abordaremos esta cuestión, mediando el resultado de las elecciones, en la próxima Legislatura".
"Nadie nos ha planteado hasta ahora que podamos hacerlo como Gobierno en funciones", explicaba Granado, al tiempo que señalaba que desconocía si podría realizarse "simplemente como orden ministerial o como decreto".
No obstante, Granado señala que su desarrollo deberá pasar por la mesa de diálogo social y, asegura, de momento, "no es unánime la consideración de los interlocutores sociales.
Preguntados por Efe, CCOO y UGT se muestran críticos con la medida por la ausencia de consulta previa y porque limita por edad al colectivo beneficiario, mientras que la patronal se coloca de perfil.
Fuentes de la CEOE han explicado a Efe que la patronal no tiene "nada que oponer" sobre la posibilidad de "eliminar las consecuencias de las lagunas de cotización", si bien no tienen la información suficiente y esperan poder conocer próximamente más detalles de la norma.
Desde CCOO, el secretario Políticas Públicas y Protección Social, Carlos Bravo, asegura que esta medida tendrá un "impacto limitado", porque sólo lo suscribirán personas que tengan capacidad económica para ello y la seguridad de que van a necesitar esos años para acceder a una pensión de jubilación.
Bravo critica que esta medida sólo afectará a gente que al inicio de la crisis tenía entre 23 y 34 años, excluyendo a muchas personas de más edad que también han pasado por esa situación, una idea en la que coincide con UGT.
El sindicato que lidera Pepe Álvarez señala que esta medida es "paliativa", cuando podría haberse adoptado otras "preventivas", evitando el despido de más de 5 millones de trabajadores indefinidos durante la crisis.
A juicio de UGT es una medida que "beneficiará a muy pocas personas", aquellas que tengan los recursos suficientes para acogerse, ya que muchos de estos desempleados, si han logrado volver al mercado de trabajo, lo han hecho "con grandes dificultades y bajos salarios".
Pese a que aún no cuentan con datos suficientes, Bravo explica que las cotizaciones a pagar mediante convenios especiales suelen calcularse en función de la base cotizada en los meses anteriores, a la que se le suele aplicar un coeficiente reductor.
UGT, que cifra en unos 6.500 euros el coste de la recuperación de dos años de vida laboral, confía en que de llevar un coeficiente reductor éste sea asumido por los Presupuestos Generales del Estado y no por la Seguridad Social.
